El Gobierno defiende la legalidad del rescate a Plus Ultra ante alegaciones que vinculan a un expresidente

El Gobierno español ha respondido a las alegaciones que vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un presunto papel central en la obtención del rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, defendiendo la legalidad y transparencia del proceso. Las declaraciones surgen a raíz de escritos presentados por empresarios ante la Audiencia Nacional, que han motivado una aclaración oficial por parte del Ejecutivo.

Defensa gubernamental del procedimiento de rescate

El Gobierno ha procurado distanciarse de las implicaciones derivadas de la estrategia procesal del empresario Julio Martínez Martínez y de directivos de Plus Ultra. Estos actores atribuyeron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un rol determinante en la consecución del apoyo financiero de 53 millones de euros para la aerolínea. Este señalamiento ha suscitado un escrutinio sobre la legalidad del proceso que culminó con la concesión del préstamo público.

En respuesta a estos señalamientos, la ministra portavoz, Elma Saiz, declaró el martes que, desde la perspectiva gubernamental, el expediente no presenta ningún indicio de irregularidad. Saiz afirmó:

La actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta.

Como respaldo a esta postura, la portavoz argumentó que el procedimiento ha sido objeto de revisión por diversas instituciones sin que ninguna de ellas detectara anomalías.

Las manifestaciones de la ministra Saiz se produjeron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras la declaración de Martínez Martínez en la Audiencia Nacional. Menos de 24 horas antes, el antiguo colaborador de Zapatero y el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, habían remitido escritos que señalaban al expresidente como la persona que, presuntamente, ofreció facilitar el rescate a cambio de una comisión del 1% del préstamo concedido. El documento presentado por Martínez Sola precisa que la supuesta comisión ascendía a 530.000 euros, y se habría entregado, según los escritos, mediante facturas «inciertas» o encubiertas.

La ministra portavoz optó por no emitir juicios sobre los testimonios vertidos en los escritos, manifestando que no corresponde al Gobierno:

comentar, ni calificar, ni valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso.

No obstante, reiteró que el Ejecutivo ha cumplido la legislación vigente y no incurrió en irregularidad alguna al otorgar el préstamo público a Plus Ultra en marzo de 2021. La portavoz enumeró los organismos que revisaron el expediente:

Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha.

Consideraciones internas y evolución del proceso judicial

Fuentes gubernamentales, consultadas de manera anónima, han expresado la convicción de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no ejerció presión alguna para la concesión del crédito a Plus Ultra. Estas fuentes argumentan que la aerolínea ya satisfacía los criterios necesarios para acceder al préstamo, lo que eliminaría la necesidad de cualquier intercesión. La portavoz Saiz también mantuvo la defensa de la presunción de inocencia del expresidente, enfatizando que el caso se encuentra en fase de instrucción, y afirmó que el Gobierno se adhiere a las explicaciones proporcionadas por Zapatero, quien niega la comisión de los delitos que se investigan.

En un contexto relacionado, fuentes de Moncloa han reconocido que su confianza en el expresidente se fundamenta en una determinación de respaldo, más allá de la existencia de pruebas concluyentes de su inocencia en este momento. Un dirigente del Ejecutivo declaró:

Ahora mismo existen dos versiones contrapuestas, y nosotros elegimos creer en la de Zapatero.

Estas fuentes insisten en que los escritos presentados por los empresarios no aportan elementos probatorios novedosos que corroboren la imputación de lucro por tráfico de influencias. Es relevante señalar que, en su declaración ante el juez el martes, Julio Martínez Martínez no proporcionó detalles adicionales sobre el supuesto papel central de Zapatero en el rescate de Plus Ultra, ni especificó con quién habría mediado o a quién habría ejercido presión el expresidente, ni la cantidad exacta que, supuestamente, habría cobrado.

A pesar de que las autoridades gubernamentales no consideran los indicios actuales lo suficientemente concretos para alterar su postura de confianza en Zapatero, algunas fuentes de Moncloa han manifestado que la decisión de mantener un respaldo al expresidente obedece, en parte, a razones de carácter “humano” o “sentimentales”. Un extracto de estas consideraciones subraya la complejidad de la situación:

Aceptar que Zapatero nos ha mentido no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana.

Y añaden que tal cambio de percepción solo ocurriría si surgieran pruebas de una naturaleza "incontestable". También se ha argumentado que un distanciamiento precipitado de una figura significativa para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Gobierno y una parte de la ciudadanía, “solo para quedar bien ante la opinión pública”, podría ser contraproducente.

Reacciones políticas y perspectivas futuras

Estas mismas fuentes gubernamentales han proyectado la postura del Ejecutivo ante un hipotético escenario futuro:

Si llega un día en que es incontestable que nos ha engañado, a ese momento va a llegar todo el mundo mucho antes que el Gobierno y que la cúpula del PSOE.

Concluyen que, por el momento, la Moncloa mantiene su confianza en la integridad de Zapatero. El Ejecutivo ha hecho hincapié en que el expresidente no forma parte del actual Consejo de Ministros y, por consiguiente, el Gobierno no tiene la potestad de tomar decisiones directas sobre su porvenir político o judicial. No obstante, reconocen que la situación podría llevarles a expresar una opinión sobre una figura próxima al Gobierno, incluso si ello implicara, en el “peor de los casos”, una “gran decepción” o un error de juicio previo.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha manifestado una posición divergente, sosteniendo que el Gobierno debería asumir “responsabilidades políticas” aun cuando Zapatero no forme parte del Consejo de Ministros. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, declaró el martes:

Sánchez y el resto de ministros nos van a tener que explicar qué sabían, quién habló, cómo y por qué pudo tejer esta operación.

Ezcurra también solicitó al Ejecutivo que aclarara “cuántos estaban en el ajo”, usando una expresión coloquial para referirse a la implicación de otros individuos. La dirigente del PP manifestó:

Parece, al final, que Zapatero no es mucho mejor que José Luis Ábalos, sino que, presuntamente, es igual de corrupto o peor.

Esta declaración sitúa las alegaciones contra Zapatero en un contexto de comparativa con otros casos políticos, intensificando el debate público sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos.