La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, como la persona presuntamente al frente de una estructura investigada en un sumario judicial que involucra a Leire Díez y su presunto grupo. Según el atestado principal de la UCO, y con argumentos asumidos por el juez Santiago Pedraz, el objetivo de esta estructura habría sido influir en causas judiciales que, directa o indirectamente, afectaban a miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o al Gobierno. La UCO sostiene que Cerdán facilitaba cobertura logística y recursos para las actividades de este grupo, incluyendo pagos a Díez.

El sumario de la investigación judicial, que examina el supuesto grupo liderado por Leire Díez para influir en procesos judiciales, incluye un atestado de la Guardia Civil que identifica a Santos Cerdán como el presunto principal responsable de esta operativa. De acuerdo con la UCO, Cerdán, quien ejercía como secretario de organización del PSOE, y Leire Díez, eran los presuntos "dirigentes" de la estructura, con Cerdán en un "nivel superior" y Díez en un "nivel ejecutivo". La UCO inició la operación hace una semana, realizando registros en domicilios como el de Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y el de Gaspar Zarrías en Madrid, además de recopilar información en la sede central del PSOE y tomar declaración a una veintena de testigos.

Principales Conclusiones de la Investigación de la UCO

El atestado detalla que Santos Cerdán habría desempeñado un papel clave en el apoyo a la estructura investigada, presuntamente utilizando recursos del PSOE. La UCO argumenta que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura investigada la propia estructura del partido" para diversas funciones. Estas habrían incluido tareas administrativas, la celebración de reuniones en las dependencias del partido, el alquiler de vehículos y la facilitación de pagos de dinero.

Durante los registros, se incautó documentación, teléfonos móviles y ordenadores portátiles del domicilio de Cerdán en Milagro. El exdirigente se acogió a su derecho a no declarar ante la UCO, una opción adoptada por la mayoría de los investigados. En otras propiedades registradas, como la del empresario Javier Pérez Dolset, se encontró numerosa documentación. Pérez Dolset sí declaró ante los agentes, quienes lo señalan como una "fuente de información" y un "apoyo" para Leire Díez dentro de la estructura investigada.

Aspectos Financieros y Contexto de la Operativa

En su declaración, Javier Pérez Dolset fue consultado sobre una carpeta de documentación denominada "operación PSOE". Explicó que esta carpeta contenía la documentación relativa al caso Villarejo que él había aportado tanto a Asuntos Internos de la Policía como a la Audiencia Nacional.

"Al analizarla, la clasifico y todo lo que tiene que ver con el PSOE lo archivo en una carpeta bajo esta denominación", explicó Pérez Dolset, añadiendo que se trataba de "documentos que tienen que ver con investigaciones que se están haciendo al PSOE de Andalucía desde 1998".

Reconoció también haber participado en varias reuniones en la sede del PSOE en las que estuvieron presentes Santos Cerdán y "otros miembros del PSOE de los que no me acuerdo".

La UCO vincula el presunto establecimiento de esta estructura con un evento judicial específico. Los investigadores consideran que la apertura de diligencias tras una denuncia de Manos Limpias, que se conoció un día después de que Pedro Sánchez emitiera una "Carta a la Ciudadanía" tras la imputación de su esposa por parte del juez Peinado, pudo ser un factor determinante. Se argumenta que este contexto habría impulsado a Cerdán a activar el presunto grupo de Leire Díez con el objetivo de obtener información sobre jueces, fiscales y policías para influir en estas y otras causas judiciales.

Los pagos a Leire Díez, según la UCO, se habrían canalizado a través de diversas vías, incluyendo una empresa vinculada a Gaspar Zarrías, quien fue un cargo público de José Luis Rodríguez Zapatero y de la Junta de Andalucía. Zarrías ya había testificado sobre este asunto en un juzgado de la Plaza de Castilla. La UCO reporta que se realizaron pagos por un total de 16.000 euros en cuatro abonos. Durante el registro en el domicilio de Zarrías, la Guardia Civil localizó cerca de 20.000 euros en efectivo, distribuidos en billetes de 20 y 50 euros. Adicionalmente, se intervino el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, quien previamente fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

Marco Legal y Repercusiones de la Investigación

La investigación se enmarca en un contexto judicial amplio, con la UCO presentando un atestado que constituye el fundamento de las diligencias actuales en la Audiencia Nacional. La aceptación de los argumentos de la UCO por parte del juez Santiago Pedraz subraya la relevancia de la información recopilada por la Guardia Civil en esta fase inicial del proceso. La negativa de Santos Cerdán a declarar ante los agentes se corresponde con un derecho legal de los investigados.

Este caso pone de manifiesto la complejidad de las investigaciones sobre presuntas influencias en el ámbito judicial y la relación entre actores políticos y procesos legales. Las pesquisas continúan su curso, buscando esclarecer la naturaleza y el alcance de las actividades atribuidas a la estructura investigada y determinar la veracidad de las acusaciones sobre el uso de recursos partidistas y la canalización de fondos.

La implicación de figuras con roles dentro de la política y la administración pública, como exsecretarios de organización del PSOE o antiguos altos cargos, otorga al sumario una significativa atención pública y mediática, si bien el desarrollo judicial se mantiene en una fase de instrucción. Los hallazgos de la UCO, incluyendo la documentación incautada y las declaraciones de testigos, son elementos clave que la justicia deberá evaluar para determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos investigados.