El levantamiento del secreto sumarial ha permitido el acceso a los detalles de la investigación judicial que involucra al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el contexto del 'caso Plus Ultra'. Esta pesquisa, iniciada a raíz de alertas internacionales sobre un posible desvío de fondos del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea, examina indicios relacionados con alegaciones de tráfico de influencias, presuntos ingresos no justificados de la familia del expresidente y una posible trama de blanqueo de capitales con conexiones de alcance internacional.

La instrucción judicial, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, se ha enfocado en las conclusiones preliminares de la Policía. El auto de investigación al expresidente integra indicios sobre flujos de ingresos considerados no claros para Zapatero y sus hijas, junto con una formulación argumentativa que postula al político como posible líder de una estructura delictiva dedicada al tráfico de influencias. La divulgación del sumario permite ahora conocer el conjunto de elementos reunidos que fundamentan la imputación del expresidente, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales a escala internacional.

Orígenes de la Investigación y el Rescate Público de Plus Ultra

La investigación se origina en el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En el año 2024, la Fiscalía Anticorrupción recibió notificaciones de autoridades de Francia y Suiza acerca de la posible utilización de fondos de este préstamo público para alimentar una red de lavado de dinero con vínculos en Venezuela. Las comunicaciones interceptadas durante la investigación sobre este presunto desvío de fondos proporcionaron los primeros indicios de una posible "relación personal y económica" de Zapatero con empresarios bajo escrutinio judicial en dicha causa.

Asimismo, otras comunicaciones intervenidas por Estados Unidos al antiguo propietario de la aerolínea, Rodolfo Reyes, ciudadano venezolano con orden de busca y captura por el presunto desvío de parte del rescate a paraísos fiscales, contenían "referencias constantes" a la posibilidad de recurrir a Zapatero para resolver obstáculos en la tramitación de la ayuda. Estas comunicaciones mostraban a directivos de Plus Ultra manifestando confianza en que el expresidente pudiera ejercer una "intervención técnica desde instancias superiores", aludiendo a tener el "pana Zapatero detrás" y reconociendo su disposición a realizar pagos. Adicionalmente, se constató que tuvieron conocimiento anticipado de la aprobación de la ayuda.

Hasta el momento, el sumario no documenta la presencia de Zapatero en encuentros de naturaleza "institucional" directamente relacionados con el rescate. No obstante, tanto el juez como la Fiscalía asignan relevancia a dos reuniones de alto nivel sostenidas por el expresidente de las cuales la investigación no aporta detalles específicos. Una tuvo lugar con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, periodo en el que Plus Ultra gestionaba su solicitud de rescate. El entorno de Escrivá ha declarado que el rescate no fue tema de conversación y que la iniciativa provino del ministro como parte de una serie de contactos con diversas personalidades durante la primera desescalada de la pandemia. La segunda reunión fue una comida con José Luis Ábalos, que ocurrió seis días después de la aprobación de la ayuda.

Análisis de los Ingresos Familiares y Conexiones Empresariales

Los documentos del sumario que respaldan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta la fecha, pruebas directas que vinculen una presunta influencia ejercida por el expresidente con la decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de conceder el rescate. Sin embargo, se examinan con atención los pagos por un millón de euros que la aerolínea abonó, de forma directa o indirecta, en un lapso de cinco años a Julio Martínez Martínez, descrito como amigo personal de Zapatero. En ese mismo periodo, este empresario, a quien otros investigados denominaban "el lacayo" o "el banco del jefe", habría desembolsado más de 700.000 euros a la familia del expresidente.

El sumario menciona la agencia de marketing Whathefav, propiedad de las hijas de Zapatero. Fundada en 2019, su primer ejercicio fiscal registró un déficit de 3.000 euros. Esta situación cambió al año siguiente, cuando dos consultoras de reciente creación comenzaron a contratar los servicios de la agencia. Una de estas consultoras pertenecía a Julio Martínez, y la otra a dos hermanos venezolanos. Ambas sociedades iniciaron operaciones con un mes de diferencia. Según la Agencia Tributaria, la Policía y el juez, ninguna de las dos consultoras registra una actividad real, pero entre ambas transfirieron más de 800.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero entre 2020 y 2025.

La conclusión provisional de los investigadores es que la empresa de las hermanas era utilizada por el expresidente y otros individuos de la trama para simular pagos por tráfico de influencias bajo la apariencia de encargos de marketing a Whathefav. El sumario recopila indicios de un pago de 20.000 euros a la sociedad de las hermanas, efectuado por un ciudadano venezolano presuntamente relacionado con la captación de clientes para una red de lavado de dinero. La sede de la agencia fue registrada y los correos electrónicos de Laura y Alba Rodríguez fueron incautados. El análisis de esta información busca confirmar las sospechas sobre una actividad simulada o justificar los ingresos declarados.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha analizado las agendas encontradas en el domicilio de Julio Martínez Martínez, que indican que el empresario combinaba gestiones comerciales con políticas en Venezuela. Las anotaciones en sus documentos personales muestran, según la Policía, su "posible intervención" en "decisiones estratégicas" como la liberación de presos en Venezuela, así como supuestos negocios relacionados con petróleo, sus derivados y la compraventa de oro.

Basándose en estas agendas, la Policía sugiere un posible rol de Martínez Martínez como "asistente" de un tercero con "capacidad de influencia política". Aunque en esta formulación específica no se nombra a Zapatero, en otras secciones del informe policial se identifica al expresidente como la persona que ostenta la capacidad de influencia y acceso a altos niveles de responsabilidad política. Zapatero ha actuado además como mediador reconocido por el Gobierno español en la situación política venezolana y en la consecución de liberaciones de presos políticos.

Procedimiento Judicial y Alegaciones de Blanqueo de Capitales

Las instrucciones judiciales se desarrollan, en una fase inicial, con una imputación de carácter genérico hasta que, en etapas posteriores, se especifican los delitos imputables a los acusados, a menos que la causa sea archivada previamente. El juez explica en el auto de imputación que la investigación abarca una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en la que sitúa al expresidente Zapatero.

El escrito judicial describe hechos que se enmarcan en ambos delitos, así como en otros que no se incluyen explícitamente en la calificación jurídica. Un ejemplo es la caracterización de una organización criminal. La descripción de una estructura organizada y sostenida en el tiempo para la comisión de delitos, con el expresidente Zapatero en una posición de liderazgo, concuerda con este tipo penal.

El blanqueo de capitales que presuntamente habría cometido el expresidente es uno de los elementos de mayor análisis en el auto de imputación. El juez adopta la tesis de la UDEF según la cual el expresidente habría concebido un plan para trasladar fondos de origen ilícito a los Emiratos Árabes Unidos. El plan consistiría en que su supuesto socio, Julio Martínez, estableciera una empresa offshore en Dubái.

Para fundamentar la acusación a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez argumentan que la secretaria del expresidente reservó una mesa en un restaurante de Madrid para un encuentro entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. En los informes policiales y el auto del juez no se especifica si el expresidente asistió a dicha comida. Al día siguiente, Guerrero envió un correo electrónico a Martínez Martínez aludiendo a lo "conversado ayer" y proporcionando datos para la creación de la sociedad offshore. La Policía añade a estos elementos que la secretaria de Zapatero coordinó el encuentro mediante correos electrónicos con un asistente de Martínez Martínez y que un escolta del expresidente se aproximó al restaurante debido a un problema con el teléfono de reservas. La acusación de blanqueo contra Zapatero se basa en estos indicios.