Una reciente operación de la Audiencia Nacional ha elevado la responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las presuntas maniobras atribuidas a la exmilitante Leire Díez, dirigidas a obtener información contra fiscales y mandos policiales que investigaban a dirigentes del partido. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye al exsecretario de Organización Santos Cerdán el liderazgo de un grupo destinado a desestabilizar causas judiciales y señala al propio partido como financiador de dichas actividades. Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo diligencias en la sede del PSOE en Madrid.

Marco de la Investigación Judicial

El auto del juez Pedraz, emitido en el contexto de una investigación en curso, redefine el alcance de las acciones atribuidas a Leire Díez. Según la resolución judicial, estas actividades se enmarcan en un esquema presuntamente liderado por Santos Cerdán, cuyo objetivo era la desestabilización de procedimientos judiciales que afectaban a instancias gubernamentales o al PSOE. La documentación judicial sostiene que el partido habría financiado estas operaciones, lo que llevó a la presencia de la Guardia Civil durante doce horas en la sede federal de la formación, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, para recabar documentación relevante para el caso.

El magistrado identifica el inicio de estas maniobras en el periodo de reflexión que el presidente Pedro Sánchez anunció en abril de 2024, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Durante esos días, Santos Cerdán habría convocado una reunión en la sede del partido. A este encuentro acudieron, según el auto, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

La relación entre Santos Cerdán y Leire Díez, conforme a la investigación, se había establecido años atrás. El juez indica que ambos, junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, formaban parte de una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, desvelada en diciembre, coincidiendo con la detención de Díez. El magistrado atribuye a Cerdán una función estratégica y de superior jerarquía en esta presunta red, cuya investigación permanece bajo secreto. Además, el auto sugiere que Cerdán intentó mantener influencia en la SEPI tras la salida de Fernández por su implicación en el caso Aznalcóllar.

La investigación señala que, cuando el presidente del Gobierno consideró su continuidad en el cargo en abril de 2024, Cerdán habría encomendado a Leire Díez la coordinación y ejecución de diversas actuaciones con el fin de desestabilizar causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. El auto también revela que, antes de este encargo, la exmilitante había intentado establecer contacto con el partido sin éxito. Una anotación de la propia Leire Díez, incautada por la Guardia Civil en diciembre, recoge:

Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe.

Esta información concuerda con declaraciones previas de Leire Díez y del empresario Pérez Dolset, quienes afirmaron que este último financió un grupo de aproximadamente veinte personas dedicadas a buscar pruebas sobre supuestas irregularidades en causas judiciales llevadas a cabo durante el Gobierno del Partido Popular. Pérez Dolset ha manifestado considerarse una víctima de una brigada política.

Modalidades y Fuentes de Financiación Atribuidas

Tras la reunión inicial durante el periodo de reflexión presidencial, el auto documenta un total de 39 encuentros adicionales. Al menos 22 de estas reuniones se habrían celebrado en la sede de Ferraz, lo que, según el juez, sugiere que el partido sufragó la logística de estas operaciones. El PSOE también habría costeado cuatro viajes para Leire Díez y uno para Pérez Dolset, vinculados a estas acciones contra quienes investigaban a sus dirigentes.

En su comparecencia de febrero ante el juez de Madrid que investigaba a la exmilitante, Santos Cerdán declaró haberse reunido solo en dos ocasiones con Leire Díez y desvinculó sus supuestas maniobras de la cúpula del PSOE. Argumentó que los encuentros se produjeron porque Díez ofrecía información sobre la supuesta brigada política del Partido Popular, que podría ser relevante para el partido, específicamente audios del comisario José Villarejo sobre presuntos negocios del suegro de Pedro Sánchez.

A pesar de las declaraciones de Cerdán, la tesis judicial es que el PSOE contribuyó directamente a la financiación de estas maniobras a través de múltiples canales. Una de las vías identificadas fue mediante Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía e imputado en el caso, quien habría utilizado su sociedad como vehículo para los pagos. Su consultora, Zaño, habría abonado a la exmilitante un total de 16.000 euros durante cuatro meses, a partir de junio de 2024. Los mensajes interceptados revelan las dudas de Leire Díez sobre este método de pago:

No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar.

Después de que cesaran los pagos a Leire Díez a través de la empresa de Zarrías, el juez sostiene que los abonos se canalizaron a través del abogado Ismael Oliver, quien defendió a Koldo García. Esta operativa se habría realizado, según el auto, falseando una nota de encargo suscrita por la gerente del partido, por la cual el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Para romper la trazabilidad de los fondos, Oliver habría transferido posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades, tal como se sugiere en un mensaje de Oliver a Díez:

Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?

Tanto la gerente del partido como Oliver se encuentran imputados en la causa.

Adicionalmente, el partido habría efectuado un pago cercano a los 20.000 euros a Crónica Libre, un medio que, según el auto, tuvo una intervención destacada en la difusión de la información recabada por la exmilitante. Esta información incluía grabaciones procedentes de los archivos del comisario Villarejo y otros elementos relacionados con diversas causas judiciales. El PSOE también habría realizado pagos por valor de 125.000 euros al letrado Jacobo Teijelo mediante lo que el auto describe como un soporte documental aparente y una facturación falaz.

Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, defiende al guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado en un caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados. El letrado intentó anular dicha causa alegando un manejo caprichoso de expedientes por parte de la Guardia Civil, si bien el juez Pedraz, instructor también de ese caso, desestimó la solicitud.

Acciones y Objetivos Específicos

El auto de Pedraz detalla que, en la ejecución del plan para destruir procedimientos, se realizaron ofrecimientos de remuneraciones o favores a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, a cambio de información o actos contrarios a sus funciones. La premisa central era, según el magistrado, atacar la correcta dirección de las investigaciones judiciales por parte de los instructores, incluyendo causas como las relacionadas con el hermano de Pedro Sánchez, el caso de los ERE de Andalucía y la investigación sobre la esposa del presidente.

El magistrado describe actuaciones específicas desarrolladas por la presunta trama. Gran parte de estas ya eran conocidas al formar parte de la investigación judicial abierta contra Leire Díez en un juzgado de Madrid. Entre ellas, se incluye el plan para obtener información del fiscal anticorrupción José Grinda que pudiera afectar al fiscal jefe Alejandro Luzón. A cambio del archivo de diversas causas judiciales, la trama habría prometido a Grinda, a través de un encuentro con un periodista, un puesto de trabajo en el extranjero y hasta 300.000 euros, según anotaciones en las agendas de la exmilitante.

Otro episodio referido tuvo lugar en marzo de 2025, cuando Leire Díez ofreció al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba costear su defensa en el caso Koldo y facilitarle la recuperación de su carrera profesional, ubicándolo en puestos de alta responsabilidad tras una supuesta “purga”. A cambio, Díez solicitó cuanta información tuviera del fiscal Grinda y de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). El agente redactó dos notas sobre esos encuentros con Leire Díez, dejando constancia de que la exmilitante buscaba información del teniente coronel Antonio Balas y del capitán Juan Vicente Bonilla, así como de un mando policial involucrado en la “Operación Cataluña”.

La trama también se habría puesto en contacto con el fiscal que investigó el caso Villarejo, Ignacio Stampa, en mayo de 2025. En este caso, se le ofrecieron beneficios profesionales, como su retorno a la Fiscalía Anticorrupción, de donde fue apartado durante el mandato de Dolores Delgado, y la intercesión en un litigio que el fiscal mantenía abierto.

Un aspecto novedoso del auto respecto a estos episodios es la reunión que Leire Díez, Pérez Dolset y el abogado Teijelo mantuvieron en diciembre de 2024 con el citado Juan Sánchez Yepes. Este último habría ofrecido información reservada sobre la estructura interna de la UCO y aportado datos sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien se convirtió en objetivo de la trama. A raíz de este episodio con Yepes, se produjo otra de las reuniones centrales investigadas en la causa abierta en Madrid, la que mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn en el despacho del abogado Teijelo.

Presunto Soborno a una Empresaria

La resolución del juez Pedraz también hace referencia a la empresaria Carmen Pano, quien había declarado haber realizado dos entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz por un total de 90.000 euros. Según el auto, se le habría ofrecido a Pano la cantidad de 50.000 euros para modificar su testimonio. Hasta ese momento, solo había declarado ante la UCO, y el objetivo era evitar su declaración en sede judicial.

Previo a esa declaración, el abogado Ismael Oliver se habría puesto en contacto con Leire Díez, quien le indicó que “negociara” con ella. El auto recoge que:

Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como negociación, evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su compra: Esta se vende. Debemos saber comprar.

El juez sostiene que el ofrecimiento se materializó. En la tarde del miércoles, la letrada hizo público un comunicado en el que califica de “completamente falso e infundado” este apunte del auto judicial.