El 27 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo el liderazgo del teniente coronel Antonio Balas, llevó a cabo actuaciones en la Dirección General de la Guardia Civil en el marco del 'caso Leire'. Estas actuaciones incluyeron la requisición de documentación relacionada con tres investigaciones internas sobre filtraciones de información, las cuales la UCO vincula con una posible influencia de Leire Díez sobre la directora general del Cuerpo, Mercedes González.

El 'caso Leire' se inscribe en una dinámica de fricción entre la Guardia Civil y el Gobierno, la cual ha estado presente desde el inicio de la presidencia de Pedro Sánchez en 2018. Un desarrollo reciente en esta dinámica implica la investigación del teniente coronel Balas sobre alegaciones de presiones que él mismo habría recibido. Estas presiones son atribuidas por Balas a la relación entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

La jornada del 27 de mayo incluyó una intervención en la sede del PSOE en Ferraz, relacionada con una presunta trama de acoso a miembros de las fuerzas de seguridad y fiscales que investigan casos que involucran a miembros del Partido Socialista. No obstante, el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la investigación, se dirigió a la Dirección General de la Guardia Civil, como informó elDiario.es, para requerir la documentación de las tres investigaciones internas por filtraciones. Estas informaciones reservadas fueron percibidas en la UCO como posibles maniobras de presión contra sus agentes.

En el momento de su personación, Balas ya había consignado en informes entregados al juzgado su hipótesis sobre la relación entre Leire Díez y la directora del Cuerpo como origen de estas investigaciones. Balas tenía conocimiento de estas pesquisas internas debido a que implicaron la toma de declaración a sus superiores directos. Según el entonces jefe de la UCO, se buscó aislar a Balas y a su equipo de lo que consideraron una estrategia de presión.

El requerimiento judicial, emitido por el juzgado de Santiago Pedraz, fue atendido durante cuatro horas en la sede de la Guardia Civil. Durante este periodo, el teniente coronel Balas procedió a tomar declaración a cuatro testigos amparándose en la Ley, sin necesidad de un auto judicial adicional. Un agente, en presencia de Balas, interrogó a dos generales que habían sido interpelados en las investigaciones internas: Rafael Yuste, entonces coronel jefe de la UCO, y Alfonso López Malo, general de Policía Judicial. Se intentó interrogar a los dos generales encargados de practicar las informaciones reservadas, pero solo uno se encontraba en Madrid.

Los testimonios recabados por Balas, referentes a hechos ocurridos entre finales de 2024 y principios de 2025, abordaron las presiones que ambos generales declararon haber recibido para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO) en ese momento, teniente general Manuel Llamas. Estas alegaciones no habían sido denunciadas previamente por los generales, a pesar de haber ocurrido dos años antes. Hasta el momento, el juez Santiago Pedraz no ha encontrado motivos suficientes para investigar a los presuntos autores de estas presiones.

Actualmente, no existe una imputación judicial contra Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. El atestado entregado por Balas al juez antes de su actuación en la Dirección General documentaba tres encuentros entre González y Leire Díez, mientras esta última lideraba una operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios, bajo la premisa de una supuesta conjura contra el PSOE.

Los agentes de la UCO inferían que, dada la existencia de reuniones entre González y Leire Díez, y que Díez presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, la apertura de las tres informaciones reservadas para esclarecer filtraciones debía vincularse a una posible influencia de Leire Díez sobre Mercedes González. Esta inferencia formaba parte de los atestados de la UCO que trascendieron a la opinión pública el mismo día en que Balas testificaba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante ese testimonio, Balas postuló que la creación de la plaza obtenida por el concertista David Sánchez podría haber sido resultado de una

“influencia política superior”

.

Previamente, la UCO había formulado una apreciación sobre el papel

“preeminente del fiscal general del Estado”

en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas argumentó que la posición de Álvaro García Ortiz como fiscal general implicaba su participación en la divulgación del correo de González Amador a los medios. Esta tesis fue aceptada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y García Ortiz fue objeto de una condena. En el teléfono de Díez, se encontraron comunicaciones donde ella presumía ante terceros de su

“amistad”

con González y de estar abordando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También mencionó que el DAO, Manuel Llamas, sería reemplazado y que ella nombraría a su sucesor, según una anotación de un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez el 26 de marzo de 2025. Llamas sigue siendo el DAO a la fecha.

Detalles de las Investigaciones Internas por Filtraciones

Para comprender la relación entre los encuentros y las investigaciones, es necesario examinar los hechos que motivaron oficialmente la apertura de estas últimas.

El correo electrónico de Begoña Gómez (29 de noviembre de 2024)

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario fue seguida por un volumen de mensajes que colapsaron la dirección. El DAO, Manuel Llamas, consultó al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, sobre el incidente. Yuste, a su vez, obtuvo una respuesta escrita de Balas, quien explicó que un manual adjunto a un informe enviado a la jueza del caso, destinado a explicar cómo acceder a información digital, contenía imágenes que revelaban la dirección de Begoña Gómez. Se postuló que un error en el juzgado, al dar traslado de esta explicación a las partes personadas, habría precedido la filtración a los medios.

Según Yuste, el DAO Llamas no consideró satisfactoria la explicación y ordenó la apertura de una información reservada. Yuste no tuvo más conocimiento del curso de esta investigación, solo que un general había sido designado para instruirla. A mediados de diciembre, la información reservada fue archivada sin que el instructor tomara declaración a Yuste. Una información reservada es un procedimiento preliminar que busca determinar si un hecho amerita la apertura de un expediente disciplinario.

Los mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez (10 de mayo de 2025)

El diario El Mundo publicó mensajes entre el presidente del Gobierno y Ábalos, entonces implicado en una causa por corrupción, datados entre su destitución como ministro de Transportes y su rehabilitación como diputado socialista. Tres días después de esta publicación, un general de la Dirección comunicó a Yuste su nombramiento como instructor de una información reservada sobre la divulgación de esta información.

Yuste transmitió su tranquilidad al observar que los mensajes publicados en El Mundo no estaban en poder de la UCO, al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Esto sugería que la filtración podría haber provenido del exministro. El general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, quien también declaró como testigo ante Balas el 27 de mayo, presentó una captura de pantalla de una conversación con Yuste. En esta conversación, López Malo indicaba que el DAO Llamas había expresado

“tener claro”

que la filtración no se originó en la Unidad.

A pesar de esto, la información reservada prosiguió, sin que se esclarezca si Llamas seguía una instrucción superior o si ordenó continuar la investigación interna por motivos no declarados. El general consultó con el juez del caso Ábalos, Leopoldo Puente, sobre la pertinencia de la investigación interna. Yuste desaconsejó esta consulta, pero el general habló con Puente, quien declaró que no procedía una investigación paralela a la judicial. La información reservada no tuvo más desarrollo.

El artículo sobre el teniente general Llamas (20 de julio de 2025)

Respecto a una publicación de El Mundo sobre Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que la orden esta vez fue firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo señalan que, dado que la publicación afectaba al DAO, la orden debía ser emitida reglamentariamente por su único superior en el Cuerpo, la directora general.

La información de El Mundo citaba

“fuentes de toda solvencia”

y

“fuentes conocedoras del conflicto”

que, según la publicación, Llamas habría generado en la Guardia Civil al interesarse por los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo precisó que la orden de información reservada requería identificar a los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de carácter político. Esta información reservada, al igual que las dos anteriores, fue archivada sin que se abriera expediente.

Interacciones y Reacciones Oficiales

La investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma la situación generada en la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que Díez expresaba intenciones contra Balas. El teniente coronel interrogó a testigos del Cuerpo sobre la nota elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil acerca de esa grabación y su posterior remisión a Mercedes González. Esta nota está fechada el 29 de abril de 2025.

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores a esa fecha (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y 2 de abril de 2025). Sin embargo, los comentarios de Díez con terceros sobre la

“vía”

que afirmaba haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. Estos mensajes de Leire Díez con terceros son utilizados por los agentes de Balas para inferir una posible colaboración de la directora con Leire Díez, a pesar de conocer que la UCO era su objetivo.

El informe de la UCO utiliza adverbios como

“previsiblemente”

y

“supuestamente”

al describir la influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil, basándose en las declaraciones de la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes de la UCO presentan

“un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndome de la propia Directora”

.

Tras la publicación de la grabación de Leire Díez, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo de la UCO y les solicitó continuar laborando con

“rigor, profesionalidad y objetividad”

. Los mandos de la Guardia Civil mantuvieron una actitud formal con la directora. Balas intervino brevemente para señalar que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de Jucil, una asociación de guardias civiles con posicionamientos políticos que han coincidido con los de Vox y el PP. Estos mensajes se enmarcan en el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los mensajes intervenidos, Díez proyectaba actuar como interlocutora con la directora de la Guardia Civil para abordar la reivindicación de equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza. Díez se atribuía entonces la gestión de una reivindicación que lleva décadas presente en la Guardia Civil y que dispone de un cauce establecido en el consejo del Cuerpo.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha proporcionado una explicación sobre las razones de las reuniones de González con Leire Díez. Las posibles explicaciones abarcan desde un conocimiento previo debido a su etapa como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde Díez era directiva– hasta una instrucción por parte del partido o el Gobierno. El ministro Marlaska, que inicialmente había negado la existencia de estas reuniones, defendió la

“ejemplaridad”

y

“honestidad”

de la directora de la Guardia Civil desde Luxemburgo.

La Guardia Civil emitió un comunicado en el que reconoció que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Según la nota, sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando González era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron temas relacionados con el Cuerpo. Posteriormente, tras su nombramiento como directora de la Guardia Civil, se produjo un primer encuentro en una cafetería para hablar de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, podría reintegrarse a su trabajo. La Guardia Civil afirma en el comunicado que

“Una petición que la directora rechaza de plano”

. El comunicado también añade que

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”

y concluye que

“Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”

.

Antecedentes de la Tensión Institucional (2018-2024)

El mandato del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha coincidido con un periodo de tensión entre la Guardia Civil y el Gobierno, que se inició en 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia. Este periodo comenzó con el nombramiento de un comisario de Policía, afín al PSOE, para un puesto clave en Interior que tradicionalmente había sido ocupado por un miembro de la Guardia Civil. Poco después del cambio de Gobierno, Interior ordenó la suspensión del pago de fondos reservados para realizar una auditoría sobre su uso, ante lo cual el entonces jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, colaborador de Rubalcaba y mando con notable influencia en el Cuerpo, expresó su disconformidad.

La política del Gobierno respecto al proceso soberanista en Cataluña también generó fricciones con ciertos sectores de la Guardia Civil. Estas fricciones aumentaron cuando Marlaska atribuyó al coronel Diego Pérez de los Cobos los informes que vinculaban al Gobierno con la expansión del Covid-19, por haber autorizado una marcha feminista en marzo de 2020. Pérez de los Cobos, quien había coordinado a los agentes enviados a Cataluña para el 1-O, fue cesado por los informes del Covid-19, un cese que la justicia certificó posteriormente como irregular. Para sectores de la derecha y la extrema derecha, el coronel pasó a ser percibido como una figura emblemática, y Marlaska como un adversario, a quien consideran un ex-juez conservador

“vendido”

al presidente del Gobierno.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no fue bien recibido en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Fuentes discrepantes con su gestión lo describen con un perfil

“intervencionista”

y hacen referencia a sus métodos. En las declaraciones recogidas por Balas el 27 de mayo, los jefes de UCO y Policía Judicial describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que, según su testimonio, se daban instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser

“proactivos”

en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes señalan que su solicitud se limitó a un aumento del rigor en asuntos de relevancia mediática y una insistencia en la neutralidad necesaria. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que el Ministerio del Interior proporcionara una explicación precisa del motivo.