AySA: Apertura de Ofertas para la Privatización del 51% de la Empresa Estatal

El proceso de licitación para la adquisición del 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) se formalizará este jueves 27 de agosto con la apertura de ofertas, en un movimiento que podría transferir la gestión del servicio de agua y saneamiento a nivel nacional. La empresa, crucial para una porción significativa de la población argentina, ha sido objeto de debate público y análisis sobre las implicaciones de su potencial privatización.

Contexto y Alcance del Proceso de Licitación de AySA

AySA se erige como una de las corporaciones sanitarias de mayor envergadura en América Latina, proveyendo servicios esenciales a aproximadamente 14 millones de individuos. Esta cifra representa un tercio de la población total del país, concentrándose la prestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano bonaerense. Su operación no solo abarca el suministro de agua, sino también el tratamiento de efluentes cloacales, infraestructura que incide directamente en la salud pública y el desarrollo social de estas áreas geográficas.

La licitación en curso concierne al 51% del capital accionario de AySA. Adicionalmente, el 39% de la empresa se encuentra operativo en el mercado bursátil, mientras que el 10% restante ha sido designado como propiedad participada bajo la administración del sindicato de Sanidad.

El marco legal y regulatorio para esta posible privatización se estableció mediante la Ley Bases. Previamente, en 2024, se implementó una eliminación de subsidios que derivó en ajustes tarifarios. Posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/25 modificó el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales. Estas modificaciones incluyeron la habilitación del corte del servicio por falta de pago transcurridos 60 días, la introducción de incrementos tarifarios con el objetivo de asegurar la rentabilidad de futuros concesionarios, y una revisión de los estándares de calidad del servicio.

Es pertinente señalar que la renacionalización de AySA durante la gestión kirchnerista la constituyó como Sociedad Anónima, al igual que otras empresas reestatizadas en aquel período. Esta configuración jurídica, a diferencia de una Sociedad del Estado, permite una futura reprivatización.

Actores Involucrados y Condiciones de la Concesión Propuesta

Diversos grupos económicos han manifestado interés en adquirir AySA. Entre los actores locales identificados, se distingue un consorcio encabezado por Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, proveedor principal de cloro para AySA, quien estaría asociado con Daniel Vila y José Luis Manzano, operadores de Edenor. Este grupo presentaría una propuesta en conjunto con Rowing, una empresa destacada en obras civiles e ingeniería del Estado Nacional, propiedad de Walter Román. Román, a su vez, atrajo atención mediática el año pasado por una licitación de provisión de pañales para Pami por un valor de 466.554 millones de pesos, gestionada a través de su empresa Urbano Express. Se ha informado que el 30% de Urbano Express pertenece al Grupo Clarín, siendo también parte del holding Equo Capital.

Walter Román es hijo de Alfredo Román, figura prominente en el sector logístico. Su hermano, Leonardo Román, es el titular de Servimagnus, socio local de Jan de Nul, la corporación holandesa a la que la administración actual concedió el manejo del tráfico fluvial en el río Paraná, denominado "hidrovía". En 2023, Filiberti obtuvo una licitación de 127 millones de dólares como único oferente para el suministro de cloro, operación que fue objeto de denuncias judiciales sin avances reportados.

Otro grupo de interés local es Roggio, que actualmente gestiona Aguas Cordobesas, así como la operación del subte de Buenos Aires (Emova) y el ramal Urquiza de Trenes (Ferrovías). Grupo Roggio admitió haber efectuado pagos irregulares en el contexto de la obtención de concesiones ferroviarias, según consta en la causa judicial conocida como “Cuadernos”.

Asimismo, se ha mencionado a la constructora JCR, fundada por el fallecido Juan Carlos Relats, también investigado en la causa “Cuadernos” por hechos de corrupción. Otros interesados serían el Grupo Neuss y la corporación brasileña Sabesp. Durante el proceso, la empresa israelí Mekorot participó, contribuyendo, según algunas fuentes, con un “prestigio internacional” al proceso de licitación.

La concesión propuesta se extendería por un período de 30 años. Si bien la valuación contable de AySA se estima en 6.300 millones de dólares, la licitación no establece una base monetaria para la transacción, y se especula que la empresa podría ser transferida por una suma cercana a los 500 millones de dólares.

Los compromisos de inversión y servicios estipulados en el pliego de licitación incluyen un aumento del 3% en la cobertura de agua potable (pasando del 75,3% al 78,9%), un 2,6% en la red de cloacas (del 63,9% al 65,3%), y un incremento del 3% en la presión de agua (del 58% al 61%, y luego al 67%). Durante la primera década de la concesión, las acciones principales se centrarían en la estabilización de la red mediante la instalación de medidores y el recambio de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas, sin una expansión significativa. Obras estructurales demandadas por la población se postergarían más allá de los primeros diez años. No se exige el logro de una provisión universal de agua (estableciendo un objetivo del 90% para agua y 75% para cloacas), ni se compromete la realización de la obra de efluentes de Berazategui, considerada clave para el conurbano. El tratamiento de los nitratos, un problema de salud pública relacionado con la contaminación del agua por efluentes fecales y residuos industriales, se proyecta recién para el año 2041. La dirección de Sanidad negoció mantener el 10% de la propiedad de AySA como coparticipada, así como la continuidad del convenio colectivo de trabajo.

Antecedentes de la Privatización y Posicionamientos Sociales sobre el Agua

En la década de 1990, bajo una política de privatizaciones, el gobierno transfirió la concesión de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) a Aguas Argentinas S.A. Este consorcio estaba integrado por la multinacional francesa Suez Lyonnaise (dedicada al agua, residuos y energía), el conglomerado también francés Vivendi, Aguas de Barcelona, Banco Galicia y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial.

La implementación de dicha concesión presentó las siguientes características: se observaron incrementos tarifarios sin el cumplimiento total de las inversiones comprometidas; la empresa registró beneficios financieros y distribuyó dividendos a sus accionistas, fundamentándose en revisiones contractuales y amnistías por incumplimientos. La ejecución de obras priorizó zonas de mayor poder adquisitivo, posponiendo las necesidades de barrios populares. La expansión se concentró en la red de agua sin una extensión equivalente de las cloacas, lo que conllevó a la importación de agua del Río de la Plata y generó un desequilibrio hídrico, incluyendo el ascenso de napas freáticas y la contaminación del acuífero Puelche, resultando en demandas judiciales favorables a los afectados 16 años después. Obras fundamentales, como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes de Berazategui (la misma que no se exige actualmente), no fueron ejecutadas.

En el aspecto financiero, Aguas Argentinas S.A. acumuló una deuda considerable con una baja capitalización propia. Los balances de finales de 2001 y principios de 2002 indicaron que el 77% de su pasivo correspondía a préstamos financieros, principalmente con entidades como el BID, el Banco Europeo de Inversiones, el ING Barings y la Corporación Financiera Internacional (CFI), que a su vez formaba parte del consorcio concesionario. Esta situación fue descrita por analistas como un caso de autopréstamo. La empresa fue devuelta en una condición financiera comprometida.

El nuevo contrato de concesión habilita nuevamente el endeudamiento externo sin establecer controles específicos, lo que abre la posibilidad de un ciclo financiero similar. Tras la rescisión del contrato en 2006 y la reestatización de la empresa, el marco regulatorio posterior reconoció el agua como un derecho y estableció un Plan Director para abordar las obras pendientes. La participación de organizaciones ciudadanas fue considerada fundamental para la realización de obras en un contexto donde la empresa no estaba bajo control directo de trabajadores y usuarios.

Actualmente, la cobertura de agua potable alcanza al 75,1% de la población y la de cloacas al 62,8%. Recientemente, la administración actual dispuso el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un mecanismo diseñado para financiar infraestructura en barrios inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con planes ejecutados por cooperativas. Sectores sociales y agrupaciones de activistas han organizado diversas acciones en la sede de AySA, en el marco de una campaña contra la privatización.

Algunas organizaciones han declarado que “solo una nacionalización plena de AySA, bajo control y gestión directa de sus trabajadores y usuarios, podría poner fin a décadas de decadencia. El agua no es una mercancía, es un derecho y un bien común a defender.”

Desde los Comités por un partido de la nueva clase trabajadora, junto a Myriam Bregman, se están impulsando iniciativas para fortalecer la defensa de AySA y, en un sentido más amplio, la protección del agua, de los bienes comunes naturales y de la salud. Se ha anunciado una movilización denominada “Marcha de la Bronca” para el 19 de septiembre, la cual busca, según sus organizadores, oponerse al plan de medidas gubernamentales.