El Conflicto Docente de 1988 en Argentina: Un Análisis de su Desarrollo y Consecuencias

Durante el año 1988, el gremio docente de Argentina llevó a cabo un paro nacional que se extendió por más de dos meses, conocido como el "Maestrazo". Este conflicto involucró a diversas facciones de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), y el gobierno nacional encabezado por Raúl Alfonsín, en el marco de demandas salariales, de presupuesto educativo y un nomenclador único.

El conflicto docente de 1988 es considerado un evento que visibilizó discusiones estratégicas relacionadas con las dinámicas económicas y políticas, la función de las direcciones sindicales y la capacidad de la izquierda para establecerse como una alternativa de liderazgo. Por más de un mes, el sector docente argentino se posicionó como un componente representativo de la oposición a las políticas de ajuste y austeridad impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este análisis busca aportar a la discusión sobre cuestiones estratégicas que se manifestaron en periodos subsiguientes, como los años 90 y 2001, y que reaparecen en el contexto actual de diversas reformas que impactan la educación pública en sus distintos niveles. La revisión de experiencias de luchas anteriores se presenta como un medio para fortalecer al gremio docente, el cual posee una presencia social y extensión nacional considerables, y que ha reaccionado a políticas gubernamentales, en ocasiones, a pesar de las directrices de su dirección.

Contexto Socioeconómico y Político

El conflicto docente de 1988 se desarrolló en el contexto de la transición democrática argentina iniciada en 1983. Este periodo ha sido descrito por algunos analistas como una "democracia de la derrota", caracterización vinculada a la finalización del ascenso obrero de los años setenta y al desenlace de la guerra de Malvinas. Durante esta etapa, las movilizaciones de la clase trabajadora se enmarcaron en condiciones que algunos califican como defensivas, adaptándose a nuevas estructuras institucionales. La transición política, liderada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) a través de la Multipartidaria, buscó establecer un nuevo consenso democrático, presentando la democracia como un quiebre con la dictadura y como un principio desvinculado de las dinámicas de clase. Esta legitimidad democrática coexistió con la implementación de políticas de ajuste que impactaron en los salarios, la situación de los servicios públicos y la relación económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno de Raúl Alfonsín mantuvo los compromisos de la deuda externa contraída durante la dictadura, la cual ascendía a US$45.000 millones, aproximadamente el 70 % del Producto Bruto Interno (Rapoport, 2005, p. 905). La vinculación al FMI, expresada en el Plan Austral de 1985, coincidió con el incremento de la recesión, la inflación, la desindustrialización y la fuga de capitales, generando un impacto en la situación económica de los trabajadores (Rapoport, 2005, p. 883). Entre 1984 y 1988, el salario real experimentó una reducción del 33% (Pucciarelli, 2006, p. 323). Desde 1984, se registraron miles de conflictos laborales en todo el país, con una participación destacada de gremios estatales y de servicios públicos (Pozzi y Schneider, 1994, p. 13). A ello se sumó el desenlace del levantamiento militar de Semana Santa de 1987, que fue canalizado hacia un "pacto democrático". A pesar de la movilización ciudadana, el gobierno avanzó en leyes que otorgaban inmunidad a militares, priorizando la estabilidad del régimen político sobre las demandas de memoria, verdad y justicia.

Paralelamente, el peronismo inició un proceso de recomposición tras la derrota electoral de 1983, dando origen a la Renovación Peronista, que se formalizó en 1985 con la publicación de su manifiesto fundacional, firmado por Cafiero. Este programa establecía la necesidad de debatir "de cara al país y con el pueblo" las propuestas para el retorno del peronismo al poder (Cafiero, 1985, p. 4). La consolidación de la Renovación coincidió con una reducción en el apoyo al alfonsinismo, manifestada en la pérdida de las elecciones de 1987 en 17 provincias. Cafiero fue elegido gobernador de Buenos Aires y, en enero de 1988, presidente del Consejo Nacional Justicialista.

La dirección sindical peronista desempeñó un rol significativo en la gestión de la conflictividad, combinando la presión sobre el gobierno radical con una estrategia orientada a la recomposición del peronismo como alternativa de poder. Saúl Ubaldini, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en los años 80, promovió una serie de paros generales que expresaban el descontento obrero. Sin embargo, estos paros se interpretaron como una forma de canalizar el malestar social sin lograr acuerdos.

Mientras el sector docente demandaba presupuesto educativo, un salario mínimo nacional y un nomenclador único para todo el país, Alfonsín sostenía que la definición de los salarios era responsabilidad de las provincias. A su vez, varios gobernadores justicialistas argumentaban que la crisis fiscal y la distribución de los recursos nacionales les impedían satisfacer las demandas. Diversos sectores del peronismo expresaron apoyo público a los reclamos y cuestionaron al gobierno radical, aunque en sus provincias no siempre se concretaron los aumentos salariales solicitados por los docentes. De este modo, la huelga puso en discusión el sistema educativo organizado de manera fragmentada y visibilizó las disputas entre el gobierno nacional y las provincias.

Cronología del "Maestrazo" de 1988

La situación del sector docente sintetizaba muchas de las contradicciones del período. El Congreso Pedagógico Nacional, iniciado en 1986 con el objetivo de debatir el futuro del sistema educativo, no logró procesar los conflictos principales del sector. Según Ramos (2025), el proceso concluyó con la hegemonía de la Iglesia Católica, sin revertir la descentralización heredada de la dictadura ni avanzar en nueva legislación. Su cierre coincidió con el inicio de un conflicto docente de magnitud.

La huelga de 1988, que se extendió durante dos meses y medio, fue convocada por las dos conducciones en que se encontraba dividida la CTERA —un ala encabezada por el peronista Marcos Garcetti, reconocida oficialmente por el Ministerio de Trabajo, y otra liderada por el radical opositor Wenceslao Arizcuren— junto con sindicatos adheridos y la CONADU. Ambas coincidían en no iniciar las clases hasta que el gobierno nacional respondiera a los reclamos planteados el año anterior: un salario mínimo nacional, un nomenclador único y un mayor presupuesto educativo. El salario básico de un maestro de grado se situaba en muchas jurisdicciones entre 300 y 500 australes, en tanto CTERA-G reclamaba un básico nacional de 770 australes y CTERA-A, 1.000 australes. Como referencia, desde abril de 1988, el salario mínimo vital y móvil se fijó oficialmente en 520 australes.

El "Maestrazo" tuvo dos etapas. La primera, de 37 días ininterrumpidos, implicó la no iniciación del ciclo lectivo desde el 14 de marzo al 20 de abril, con niveles de adhesión que alcanzaron el 90% a escala nacional y el 100% en las escuelas nacionales de Capital Federal (Clarín, 16 de abril de 1988). La interrupción de clases afectó a aproximadamente cuatro millones de estudiantes, cifra que superaría los cinco millones al sumarse nuevas jurisdicciones y niveles educativos, como secundario y universitario.

Durante este período se realizó la primera Marcha Blanca, el 25 de marzo, que concentró 25.000 personas en Plaza de Mayo, con Ubaldini y Garcetti como oradores principales. Un rasgo de esta primera etapa del conflicto fue la participación considerable de las bases. La huelga incluyó asambleas por escuela, coordinadoras distritales y cuerpos de delegados que, en algunos casos, superaron las divisiones entre sindicatos e integraron a docentes no afiliados (Migliavacca, 2006). Un ejemplo de esta dinámica se observó en la movilización del 18 de marzo: Clarín, al día siguiente, registró que alrededor de 7.000 docentes confluyeron frente al Palacio Pizzurno desde dos actos distintos. La confluencia de ambas columnas frente al Ministerio evidenció la presión por la unidad dentro del movimiento docente, incluso con las direcciones sindicales actuando por separado.

Entrevistas realizadas a docentes participantes del conflicto indican que para muchas maestras fue la primera experiencia en participación sindical: intervenir en una asamblea, organizar un fondo de huelga, o participar en movilizaciones junto a sus compañeras, en ocasiones posponiendo tareas domésticas y de cuidado familiar para mantener la lucha.

En algunos distritos, esta organización se manifestó en coordinaciones específicas. En General Sarmiento se constituyó un cuerpo de delegados común entre las tres entidades gremiales (UDA, Suteba y UDEB), elegido por afiliados y no afiliados (Solidaridad Socialista, N.º 227), lo que sugiere que la unidad podía construirse desde las bases a pesar de las divisiones de las direcciones. En Capital Federal se logró establecer por un tiempo una Coordinadora de todos los sindicatos de la Ciudad (UMP, AMET, UDA, CAMYP, Ademys, UDAM, CPAE-SUTEC, UOEM) que funcionaba con mandato de base, reuniendo a más de dos mil docentes afiliados y no afiliados (Solidaridad Socialista, N° 227). Desde la UMP se impulsaron también coordinadoras distritales.

Una experiencia destacada fue la del Bernasconi en Capital Federal. Allí, el cuerpo de delegadas unificó las cuatro escuelas del establecimiento y promovió asambleas comunes con familias, que llegaron a reunir a más de quinientas personas en apoyo a la huelga (Solidaridad Socialista, N.º 228). Se destacó el apoyo social a través del fondo de lucha y el uso de la propia escuela como centro de organización y preparación para las movilizaciones. Estas experiencias demostraron que el conflicto ampliaba su alcance más allá del ámbito gremial, explorando la articulación con las familias trabajadoras. No se limitaron a los centros urbanos: en el cordón industrial del sur de Santa Fe, hubo una coordinación vecinal en los barrios de Villa Gobernador Gálvez, donde se observaron asambleas departamentales de 1500 a 2000 delegados (Barbiero, F., 2021).

Esta actividad se combinó con una solidaridad significativa. Diversos gremios realizaron aportes al fondo de huelga, y trabajadores de la UTA facilitaron el traslado de los docentes movilizados (Solidaridad Socialista, N.º 227). Los testimonios resaltan que los choferes solían no cobrar el boleto a las maestras. El vínculo entre docentes y familias proporcionó un respaldo social al conflicto, contribuyendo a ejercer presión política sobre el gobierno. En algunas escuelas, las maestras continuaron la entrega de las cajas PAN (Programa Alimentario Nacional), proyectaron películas los fines de semana o recibieron, a pesar del paro, a niños y niñas cuyas familias no podían hacerse cargo.

Alfonsín respondió indicando que la situación del país "no permite encontrar soluciones de un día para otro" y solicitó a los docentes suspender la medida: "mientras tanto terminemos con la huelga" (Discurso por Cadena Nacional, 4 de abril de 1988). El gobierno intentó fragmentar el movimiento delegando la negociación salarial a las jurisdicciones, que a su vez devolvían la responsabilidad al gobierno nacional. Las administraciones radicales de Capital Federal, Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego y Corrientes aplicaron descuentos por paro, buscando afectar la unidad (Clarín, 1988, 16 de mayo). Estos descuentos generaron algunas divisiones en la huelga, especialmente en escuelas primarias de Capital Federal que estaban bajo jurisdicción radical. A pesar de ello, la huelga mantuvo su adhesión, lo que se manifestó en la marcha de antorchas del 13 de abril que reunió a 25.000 maestros según Clarín. Se implementó, de hecho, el décimo primer paro general convocado por la CGT el 14 de abril en apoyo a los docentes, por el veto de la Ley de Asociaciones Sindicales y contra las primeras privatizaciones. El gobierno enfrentaba dificultades para la finalización de la huelga.

En ese contexto, Alfonsín, a través de un acuerdo con Cafiero, estableció una conciliación obligatoria, anunciada el 16 de abril por el ministro de Trabajo, Tonelli. La medida, calificada por algunos como "ilegal" dado que el ministro admitía que el gremio no contaba con convenio colectivo y que el Estado debía actuar simultáneamente como "árbitro y parte", fue aceptada por la dirección de CTERA (G). El acta de conciliación no incluía el levantamiento de los descuentos. Este contexto resultante afectó la movilización de la mayor parte del sector, con un regreso a las aulas que se percibió como impuesto y sin medidas de lucha intermedias significativas.

La última etapa comenzó con la interrupción de la negociación sin acuerdo el 18 de mayo, cuando la CTERA retomó la huelga. El nivel de adhesión fue menor, lo que se interpretó como una expresión del desgaste acumulado en las bases y la ausencia de una orientación activa que se limitaba a esperar el resultado de la negociación. Ubaldini asumió un rol principal en las negociaciones, reuniéndose con ministros del Interior, Trabajo y Educación, y articulando junto al diputado democristiano Carlos Auyero una vía negociada (Clarín, 19 de mayo de 1988). El conflicto concluyó el 23 de mayo, en el marco de una Marcha Blanca frente al Obelisco con la participación de 30.000 personas (Clarín, 24 de mayo de 1988).

La segunda Marcha Blanca marcó el cierre del conflicto. Aunque la huelga logró posicionar la cuestión educativa en el debate político y generó un apoyo social considerable, las principales demandas no fueron satisfechas. La resolución del conflicto y el rol de la dirección de CTERA abren interrogantes sobre el balance de su actuación.

La Conducción de CTERA en el Conflicto

A partir del desarrollo alcanzado por esta huelga de magnitud destacada, los autores de este análisis sugieren que existían condiciones para vincularla con el descontento de otros sectores que también enfrentaban políticas de ajuste y privatizaciones, como estatales, aeronáuticos, telefónicos y ferroviarios. Sin embargo, la dirección de CTERA optó por una estrategia diferente. Para comprenderlo, es necesario analizar la orientación política que tuvo hacia el conflicto y la evaluación que posteriormente realizó de su propia actuación.

En el sindicalismo docente, el ascenso de la Renovación Peronista se manifestó en el fortalecimiento de la Lista Celeste dentro de CTERA. Mientras en los primeros años de la década la Confederación estaba referenciada principalmente por sectores radicales y de izquierda, el peronismo tenía mayor presencia en la Unión de Docentes Argentinos (UDA). Como parte de la normalización sindical post-dictadura, la Celeste promovió en CTERA una conducción más centralizada, buscando la reforma del estatuto para que la comisión directiva estuviera compuesta por una lista única, sin representación de las minorías (Balduzzi et al., 2023). Marcos Garcetti (SUTE, Mendoza) y Mary Sánchez (SUTEBA) fueron sus principales referentes. La disputa culminó en el congreso de Santa Fe de julio de 1987, donde se dividieron en la CTERA (A), encabezada por el radical Arizcuren y apoyada por fuerzas de izquierda, y la CTERA (G), integrada por la Lista Celeste, la Lista Morada (UCR) y la UDA. Meses más tarde, esta última realizó un congreso en la CGT que consagró a Garcetti como secretario general, con el reconocimiento del Ministerio de Trabajo encabezado por Carlos Alderete (Balduzzi et al., 2023).

La Lista Celeste orientó su política hacia la perspectiva de un recambio gubernamental liderado por la Renovación Peronista. Esta estrategia se manifestó tanto en el apoyo público a Antonio Cafiero como en la negativa a nacionalizar los conflictos docentes provinciales desarrollados entre 1983 y 1987. No obstante, la intensidad de esas luchas, junto con la huelga universitaria de 1987, incrementó la presión desde las bases para impulsar un conflicto nacional. En ese contexto, hacia fines de 1987, la CTERA (G) lanzó la consigna "Así terminamos, así no empezamos", mientras la CTERA (A) resolvió convocar a la no iniciación de clases en 1988.

Después de la Marcha Blanca del 25 de marzo, cuya concurrencia agrupó a la mayoría de los manifestantes detrás de la CTERA (G) (Clarín, 26 de marzo de 1988), Garcetti propuso levantar el paro y reemplazarlo por medidas parciales (Labourdette, 2023, p. 219). En la negociación con el gobierno, flexibilizó el reclamo inicial al declarar que aceptaban un instrumento legal que garantizara el financiamiento para alcanzar los 750 australes (Página 12, 14 de abril de 1988). Sin embargo, frente a la adhesión de la huelga en la base, la conducción decidió mantener el paro por tiempo indeterminado.

El punto de inflexión llegó con la conciliación obligatoria. Según Clarín (20 de abril de 1988), la medida fue consensuada con la conducción de CTERA (G), aunque sus dirigentes lo negaran públicamente. Finalmente, la Junta Ejecutiva resolvió acatar, levantando la huelga sin consulta a las bases y sin haber logrado la satisfacción de las principales reivindicaciones. Mientras Santa Fe, La Rioja y la CONADU votaron continuar la medida, el gobierno logró afectar el carácter nacional del conflicto.

La huelga se retomó el 18 de mayo, tras casi un mes de inactividad, sin acciones intermedias, y las negociaciones ahora encabezadas por Ubaldini, quien además rechazó convocar un nuevo paro nacional de la CGT (Clarín, 21 de mayo de 1988). La segunda Marcha Blanca reunió a miles de docentes, familias, centros de estudiantes y Madres de Plaza de Mayo en las calles, lo que demostró que el conflicto conservaba un respaldo social considerable. Sobre esta demostración de fuerza, la conducción de CTERA dio por concluido el conflicto, presentó el desenlace como un triunfo y declaró el 23 de mayo como el Día del Trabajador de la Educación.

El desenlace evidenció la orientación de la conducción de CTERA (G). El 24 de mayo, un congreso extraordinario, con mayoría de la Lista Celeste, resolvió levantar la huelga sin consulta a los organismos de base. El acuerdo dejó sin resolver las principales reivindicaciones y fijó un salario básico de 640 australes para abril y 750 para mayo, por debajo de los 770 reclamados en febrero que, actualizados por inflación, equivalían a 1033,32 australes en mayo (Solidaridad Socialista, N.º 235).

El libro de historia de CTERA titula este proceso "Resolución del conflicto. Consolidación del modelo sindical de unificación" (Balduzzi et al., 2023). Allí, la conducción reconoce que el levantamiento del paro generó cuestionamientos por parte de la izquierda, pero sostiene que los logros principales fueron haber unificado la lucha nacional e instalado el debate educativo en la agenda pública. La propia evaluación consideraba un "triunfo" la consolidación de su modelo sindical y de su propia dirección nacional "más allá de los resultados prácticos". Los autores de este análisis interpretan que el "Maestrazo" demostró la existencia de condiciones para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno y desarrollar la coordinación con otros sectores de trabajadores. Sin embargo, la conducción de CTERA optó por canalizar el conflicto hacia una vía negociada compatible con la estrategia de la Renovación Peronista.

La Actuación del Movimiento Al Socialismo (MAS)

El Movimiento Al Socialismo (MAS) fue fundado en 1982 por la corriente trotskista dirigida por Nahuel Moreno. Después de la situación que enfrentó la clase obrera y la vanguardia bajo la dictadura cívico-militar, y luego de la guerra de Malvinas, el MAS introdujo nuevas caracterizaciones políticas. Moreno definió la finalización de la dictadura y la transición de 1983 como parte de una "revolución democrática triunfante" y el inicio de un nuevo proceso revolucionario.

En 1983, sostenía que:

a partir de la Guerra de las Malvinas, se había iniciado una movilización de masas, unitaria, revolucionaria, (...) que era inevitable la entrada de la clase obrera y que las luchas se generalizaran cada vez más. Llegamos así a una (...) definición de la situación revolucionaria argentina. Con eso comenzó a redondearse nuestra política y nuestro análisis de conjunto de la realidad argentina (Moreno, 1983).

Esta caracterización implicó una subestimación de la finalización del proceso revolucionario de los 70 y de Malvinas, con su consecuente profundización de la dependencia. También implicó una interpretación del carácter pactado de la transición hacia las elecciones de 1983. Al mismo tiempo, partiendo de la definición de "revolución democrática triunfante", el MAS consideraba el surgimiento de "nuevas direcciones" sindicales y políticas como parte de esta dinámica, y como producto de un vacío y debilidad de las direcciones tradicionales.

Este fue el marco político con el que el MAS intervino en el "Maestrazo". En febrero de 1988, el documento pre-congreso del partido afirmaba que el peronismo y la burocracia no podían asegurar salarios ni condiciones mínimas de vida, ni luchar por ellas, porque la lucha se dirigía "en forma directa e inmediata" contra el sistema capitalista. De allí concluía que existía una "bancarrota irreversible" de la vieja dirección y que los trabajadores ya luchaban "por fuera de ella, a pesar de ella y contra ella, con los nuevos dirigentes que están molecularmente surgiendo" (Solidaridad Socialista, N°223).

Según la concepción del MAS, la burocracia sindical peronista sufría una crisis vinculada a la dinámica de la situación revolucionaria que ellos caracterizaban. Esta concepción, caracterizada por algunos como "objetivista", tendía a subestimar la capacidad de recomposición política y sindical, en particular de los sectores peronistas que terminarían liderando conflictos obreros y docentes de la época. También implicó una tendencia a sobrestimar y representar favorablemente el surgimiento de lo que llamaron "nuevas direcciones".

Orientación y Alianzas del MAS

La caracterización del MAS sobre el "desarrollo revolucionario" de los acontecimientos depositó expectativas en que "nuevas direcciones" se impondrían con relativa facilidad sobre las direcciones tradicionales. De esta forma, elevaron la táctica política de alianza con "nuevas direcciones" a su estrategia. Desde esta perspectiva, la dinámica de la lucha llevaría al surgimiento de dirigentes "antiburocráticos" que avanzarían hacia un enfrentamiento con el capitalismo. Esta táctica, de posible alianza con dirigentes "combativos" para progresar contra las direcciones sindicales, el MAS la transformó en un objetivo estratégico. Esta concepción, según los autores de este análisis, puede haber sustituido la confrontación por la construcción de direcciones revolucionarias en los sindicatos.

En el "Maestrazo", esta orientación se expresó en la confianza depositada en Arizcuren, quien dirigía CTERA desde 1985 y previamente la UNTER en Río Negro, por lo que no podía considerarse una "nueva dirección", y en la subestimación del peso de la CTERA de Garcetti y Mary Sánchez, que terminarían conduciendo el desarrollo del conflicto. El MAS destacó su defensa de los estatutos democráticos frente a una orientación considerada verticalista de la Celeste, pero sin considerar su rol previo frente al gobierno radical, los conflictos provinciales y la finalización de paros sin consulta. Con la fractura de CTERA, el MAS reforzó ese acuerdo al integrar a Castro y Rivero, militantes del partido, en cargos de la Junta Ejecutiva de la CTERA (A).

En un documento pre-congreso de fines de 1987, el partido insistía: "Ya hay procesos de nueva dirección sindical. Es el caso de la CTERA. En la lucha contra los sectores de la derecha peronia, surgió una nueva dirección, débil, nacional, integrada por un sector radical de izquierda (Arizcuren), el PC, nosotros e independientes. El rol del partido es estar pegado a la base para ir descubriendo lo nuevo, para acompañarlo, unirlo y ayudar a que avance hacia la nueva dirección sindical y política."

En el 2° Encuentro de Alternativa Docente, la agrupación docente del MAS, la prensa informó sobre una reunión de más de 400 docentes realizada en la Facultad de Psicología, en la que participó Arizcuren, siendo "uno de los momentos más aplaudidos" (Solidaridad Socialista, N.º 221, 17 de diciembre de 1987). En febrero de 1988, días antes de iniciar el paro por tiempo indeterminado, el MAS reafirmaba su caracterización en su prensa: "Sigue desarrollándose la vanguardia sindical (...) Esta creciente democracia obrera fue el gran `burocraticida´. (...) en pocos meses arruinó uno de los proyectos burocráticos más importantes, como el de la CTERA de Garcetti" (N° 223).

Una vez iniciada la huelga por tiempo indeterminado, esta política experimentó un cambio: Arizcuren se ausentó, trasladándose a Suiza, lo que afectó su posible rol en la conducción del conflicto.

Alternativa Docente y la Estrategia del Frente Único Obrero

Para 1988, el MAS contaba con aproximadamente 5.000 militantes a nivel nacional, con una presencia notable en el conurbano bonaerense, y 400 militantes docentes. Había participado en la dirección de comisiones internas, algunos sindicatos y centros de estudiantes. El partido se había estado preparando para un conflicto educativo. Su orientación mostró variaciones: inicialmente, el eje fue el presupuesto educativo y luego el salario. Finalmente, la consigna central fue "que la base decida" (Solidaridad Socialista, N°229), lo que reflejaba la defensa de la democracia sindical, pero que, al reducirse a esto, se interpretó como una adaptación a los procesos de surgimiento de "nuevas direcciones" sin desarrollar una política sostenida de exigencias a la conducción principal ni proponer un programa propio e independiente para el conflicto. No obstante, Alternativa impulsó, junto a las bases, asambleas por escuela, elección de delegados, fondos de huelga, solidaridad con otros sectores, y participó en la Marcha Blanca.

Los autores de este análisis argumentan que la política del MAS no incorporó un elemento del pensamiento trotskista: una estrategia de frente único obrero hacia la dirección principal del conflicto. Argumentan que el MAS no fue constante en articular la construcción de organismos democráticos de lucha con una política activa hacia los sindicatos mayoritarios y sus direcciones, más allá de algunas iniciativas locales. Este enfoque, al que denominan "alternativismo", implicaría organizar su propio sector sin desarrollar una política sobre el sector mayoritario del conflicto. De este modo, sugieren que el MAS no priorizó la disputa de la base docente al no exigir sistemáticamente a la CTERA la profundización del paro, el rechazo a negociaciones sin consulta a las bases, y la convocatoria a un paro de la CGT con continuidad, unificando los reclamos de toda la clase trabajadora.

En su orientación política, se ha señalado un desconocimiento del peso claramente mayoritario de la dirección de la huelga. El 22 de marzo, sostenían que "las bases y las nuevas direcciones derrotaron a Garcetti" (Circular Interna N.º 218), lo que implicó una subestimación del peso real que esa conducción había ganado. Con una sobrestimación de su peso propio, afirmaban: "Ya estamos codirigiendo un sector de la docencia y directamente dirigiendo los lugares más dinámicos de la huelga. Nuestras consignas entran con fuerza" (Circular Interna N.º 216, 8 de marzo de 1988). La Marcha Blanca demostró el peso de la dirección peronista. Allí, el MAS optó por una convocatoria y un acto propio con su columna.

Respecto a esta actuación, la dirección del MAS realizó una autocrítica a partir de cuestionamientos internos y de la "tendencia" de oposición —que luego se constituiría como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)—. En un documento interno hacia el congreso partidario, conocido como "Las 14 preguntas", se interroga a la dirección del MAS sobre lo actuado:

¿Por qué en la mayoría de los volantes ni siquiera mencionamos o lo hacemos muy poco a Garcetti y al SUTEBA? ¿Por qué no alertamos no solo de la necesidad de darle importancia a lo ‘nuevo' sino también a las otras dos variantes para evitar que la vanguardia se aísle de la masa de maestros que aún tiene que hacer la experiencia con sus organismos viejos y la dirección burocrática? ¿No fue esta incomprensión lo que nos llevó a marchar separados, ubicarnos en el lado equivocado del acto y lo que dificultó el desarrollo de nuestra política?

Los autores de este análisis consideran que la cuestión determinante era cómo intervenir sobre la mayoría de la docencia que se movilizaba con la dirección Celeste. Este es el sentido de la política de frente único obrero: no ignorar a las direcciones reformistas o burocráticas cuando aún conservan influencia masiva, sino exigirles una respuesta a su propia base, revelando su posición a través de una experiencia común de lucha más amplia o por su negativa a llevar a cabo una confrontación demandada. De este modo, se busca fortalecer una alternativa independiente.

Para el 12 de abril, una circular interna reconocía: "Nosotros no hemos podido convertirnos en alternativa nacional para disputar la dirección y Garcetti ha quedado por ahora como la dirección nacional de la huelga". Este reconocimiento evidenció la falta de resultados de la alianza con Arizcuren. Sin embargo, aún presentaban ese acuerdo como "progresivo", lo que, según los autores, implicó una subestimación del problema de la confrontación por la autoorganización para impulsar el frente único en las conducciones. Aunque en algunos lugares los militantes del MAS habían actuado impulsando cuerpos de delegados de distintos sindicatos votados en la base, o coordinadoras, o comités con las familias, esto no se orientó a convertirse en una confrontación central por desarrollar la autoorganización contra las conducciones y por transformar esas experiencias específicas en una política generalizada hacia la conducción de CTERA.

Posteriormente, se produjo el paro de la CGT, el cual, según ciertos análisis, podía abrir otra dinámica: llevar la huelga docente hacia un enfrentamiento con el gobierno y su plan económico. Pero el 16 de abril se dictó la conciliación obligatoria, y los autores de este análisis observan la ausencia de una confrontación clara por parte del MAS para rechazarla, así como una denuncia contundente contra las direcciones. En la portada de su prensa posterior a la conciliación, se publicó "Venga a Ferro con el MAS", "Pese a la conciliación tramposa la lucha docente sigue", mientras la base ya había regresado a clases.

La intervención del MAS en el "Maestrazo", según los autores, no se limita a un error táctico. La interpretación de la situación y la concepción de las "nuevas direcciones" llevaron a una representación favorable de un sector de la CTERA, lo que, se argumenta, tendió a aislar a la vanguardia influida por el partido de sectores más amplios de la base docente.

En primer lugar, el MAS no logró formular, junto a la base de la CTERA dirigida por Garcetti, exigencias para continuar y profundizar la lucha, lo que habría permitido que la base experimentara la actuación de su dirección, que se preparaba para negociar. Esto, se sugiere, podría haber contribuido a evidenciar el rol de las direcciones, generando un mayor costo político. Al mismo tiempo, las formas asamblearias de organización democrática de base impulsadas por el MAS se limitaron a sectores de vanguardia sin buscar establecer organismos de autoorganización que incluyeran a sectores más masivos de la docencia y, desde allí, coordinar con otros trabajadores.

Esta lucha se dio en el marco de una situación de políticas de ajuste general. Un eventual resultado favorable, según la interpretación de los autores, habría representado un cambio para el conjunto de la clase trabajadora. Por ello, se considera que era necesario plantear a las conducciones y a la CGT no solo medidas de solidaridad, sino también la necesidad de establecer un plan de lucha que unificara al conjunto de la clase. La política hacia la CGT, por tanto, debía plantear de forma sistemática la necesidad de un plan de lucha nacional. De haberse dado esta dinámica, se abría la posibilidad de un enfrentamiento con el plan económico en su conjunto. Se considera que era necesario plantear la lucha unificada por la desvinculación con el FMI para destinar recursos de la deuda a educación y salud, establecer un salario mínimo igual a la canasta familiar ajustado por inflación, rechazar las privatizaciones y otras demandas capaces de unificar al conjunto de la clase trabajadora, y confrontar por una solución propia a la situación del país.

En el caso del MAS, se considera que, incluso si no hubiera tenido la fuerza para imponer esta orientación, al menos habría preparado a un sector amplio de la vanguardia para las luchas que se produjeron posteriormente contra el gobierno de Menem.

Análisis y Relevancia del Conflicto

En primer lugar, cabe señalar que el "Maestrazo" fue uno de los conflictos laborales de magnitud más significativos durante el gobierno de Alfonsín, caracterizado por su extensión nacional, su duración prolongada, el respaldo social que obtuvo y la experiencia generada dentro del gremio con asambleas, coordinadoras incipientes, comités con familias y fondos de lucha, elementos que forman parte de las tradiciones del movimiento obrero y que el sector docente comenzó a incorporar. Sin embargo, a pesar de su adhesión, no logró la satisfacción de sus demandas por parte del gobierno. Las fuerzas políticas y sindicales, incluyendo el oficialismo, la oposición peronista, gobernadores, ministros y las propias conducciones sindicales de la "renovación" de CTERA y la CGT, coordinaron acciones para limitar el avance del conflicto, contribuyendo así a restringir una posible generalización y radicalización de la confrontación social. La huelga había generado condiciones para transformarse en un cuestionamiento general a las políticas de ajuste del gobierno dictadas por el FMI y proponerse un enfrentamiento directo, pero ninguna de las direcciones con influencia en el proceso impulsó esa perspectiva.

En segundo lugar, para explicar el desarrollo del conflicto, se puede afirmar que la dirección de CTERA no orientó su estrategia hacia la profundización del mismo. Después del paro general —que se produjo tras un mes de huelga— y que a su vez evidenció un apoyo considerable de otros sectores para continuar la confrontación, no enfrentaron la conciliación, lo que afectó la movilización de la base, y luego revirtieron los descuentos por paro, lo que contribuyó a la continuidad del plan del gobierno. Se observa que la CGT, que había manifestado apoyo a esta lucha, esperó para convocar nuevas medidas de fuerza una vez finalizada la huelga y fue un actor principal en la negociación del cierre del conflicto, lo que, según los autores, sirvió a la recomposición del peronismo, cuya estrategia no era la reversión de las políticas de ajuste, sino la victoria en las elecciones de 1989.

Con el inicio de la etapa democrática, el sector docente, después de la dictadura, reorganizó sus estructuras de base y los fundamentos de la incipiente CTERA, debatiendo sobre la herencia de la dictadura en la educación, cuestionando las políticas presupuestarias de ajuste y el Plan Austral que afectaba los salarios. Tras este desenlace, a partir de 1989, el gremio pasó a confrontaciones de carácter defensivo que caracterizarían la década de los 90. Las experiencias más avanzadas de democracia de base no lograron transformarse en una dirección que trascendiera la política de la conducción oficial de CTERA. Al mismo tiempo, el respaldo obtenido entre las familias trabajadoras, junto con la existencia de otros conflictos obreros y los paros generales reiterados, abrían la posibilidad de impulsar formas de coordinación entre el sector docente y otros sectores. Sin embargo, esta perspectiva no fue desarrollada por la conducción de CTERA.

De este modo, el desenlace del "Maestrazo" y la consolidación de la conducción Celeste en CTERA marcaron un momento en las luchas de fines de los 80. La docencia había actuado como una de las principales expresiones de resistencia y descontento, pero no logró imponerse a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno radical y el FMI, lo que, según los autores, se dio con la participación del peronismo; y que a su vez facilitó el avance de las reformas neoliberales.

El MAS, con un nivel de influencia y responsabilidad diferente, partiendo de sus diferencias en la caracterización de la situación y la interpretación sobre las direcciones del conflicto, no priorizó la disputa por la base y, con ello, la posibilidad de impulsar desde la vanguardia que influenciaba una política de exigencia a la dirección de CTERA y la CGT para oponerse al plan económico de Alfonsín y el FMI. Por ello, el análisis de su intervención en el "Maestrazo" permite abrir interrogantes sobre las implicaciones de la ausencia de una estrategia orientada a construir una alternativa de dirección a la dirección sindical. En este sentido, se considera que el análisis de la actuación del MAS puede contribuir a la discusión estratégica en las organizaciones, así como jerarquizar el impacto de estas discusiones en la actuación, y proporcionar herramientas para futuras luchas del sector docente y la clase trabajadora.