Investigación Judicial a Exministro Montoro por Presuntos Beneficios a Gasistas Continúa en Tarragona

La instrucción judicial que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido prorrogada por el juez Rubén Rus en Tarragona, manteniendo el curso de una investigación por presuntos delitos que incluyen cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. La decisión de prolongar el plazo se fundamenta en la complejidad del caso y la necesidad de avanzar en diligencias pendientes, mientras las defensas de los implicados han presentado recursos solicitando el traslado del expediente a juzgados madrileños y cuestionando la regularidad del procedimiento.

Estado Actual de la Instrucción y Prórroga Judicial

El juez Rubén Rus, a cargo de la investigación al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro desde su juzgado en Tarragona, ha decidido prorrogar la fase de instrucción del caso. En su resolución, el magistrado argumentó que la investigación presenta una complejidad considerable, destacando que desde el levantamiento del secreto de sumario en junio de 2025, solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados, de los cuales únicamente uno ha accedido a responder. Montoro aún no ha sido citado para declarar sobre la acusación de que, según la investigación, se habría valido de un despacho fundado por él, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el Gobierno en beneficio de determinados clientes.

El juez ha señalado la existencia de hasta cuatro diligencias pendientes, sobre las cuales los Mossos d'Esquadra, actuando como policía judicial, deben informar. Se advierte que estos atestados podrían generar nuevas vías de investigación. A pesar de la percepción de una lentitud en el avance judicial, el magistrado ha mantenido la instrucción en curso, gestionando los múltiples escritos y recursos presentados por los investigados.

Entre las tareas encomendadas a los Mossos d'Esquadra se encuentra el análisis exhaustivo de los movimientos bancarios del exministro y de otras seis personas de su entorno, incluyendo a su hermano. La solicitud abarca el rastreo de transacciones desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, en el contexto de los presuntos delitos mencionados.

Argumentos de la Defensa y Cuestionamientos Procedimentales

El proceso judicial presenta la particularidad de haber estado abierto desde 2018, lo que suma ocho años de instrucción. Desde 2025, la treintena de investigados ha visto afectada su situación laboral. En este contexto, fuentes jurídicas anticipan con atención el mes de septiembre, momento en que la Audiencia Provincial de Tarragona deberá pronunciarse sobre si el caso permanece en manos del juez instructor o si, como solicitan las defensas, debe ser remitido a juzgados en Madrid.

La suspensión de la actividad judicial durante el mes de agosto confiere una relevancia particular al retorno de las actividades en septiembre para el desarrollo de esta causa. Las defensas de los encausados han presentado recursos contra la decisión del juez de prorrogar la instrucción. Estos recursos se basan en la alegación de diversos defectos procedimentales, como la falta de solicitud de un pronunciamiento previo a las partes personadas en el procedimiento antes de acordar la prórroga.

En el recurso presentado por la defensa del exministro, al cual se ha tenido acceso, se detallan una serie de irregularidades que, según su planteamiento, se habrían producido durante la instrucción. Estas incluyen la permanencia del sumario bajo secreto durante siete años, la ocurrencia de filtraciones a medios durante dicho período, la orden de revisar movimientos bancarios con diez años de antelación a los hechos investigados, y la falta de traslado de la totalidad de la causa a las partes hasta la fecha. Adicionalmente, se menciona el conocimiento de que los Mossos podrían estar tomando declaración a testigos sin control judicial, sugiriendo una instrucción prospectiva.

Por su parte, el despacho Equipo Económico, considerado por la investigación como el centro de presuntas operaciones de tráfico de influencias, también ha recurrido la prórroga. Su argumentación destaca el incumplimiento del trámite de audiencia a las partes sobre la procedencia de la extensión. El despacho sostiene que:

“esta no es una mera irregularidad formal carente de trascendencia, porque genera una evidente indefensión y puede determinar la nulidad de esa resolución.”

Asimismo, la defensa del despacho ha expresado una crítica a la actuación judicial:

“La actuación del órgano judicial que ahora impugnamos abunda en lo que no es sino una manifestación más del absoluto desprecio por parte de este órgano judicial al derecho de defensa de los investigados.”

Se ha recordado que una situación similar se presentó en la ampliación de la prórroga en enero, cuando, a pesar de consultar a las partes, el juez ya había acordado seis meses adicionales de instrucción antes de que estas tuvieran tiempo para responder.

La defensa del despacho también señala que la resolución judicial carece de motivación suficiente y hace referencia a un informe de la UCO incorporado al sumario, el cual concluyó que todos los ingresos en dicho despacho fueron declarados a Hacienda, con trazabilidad de cada ingreso. Dicho informe indicaba que las cantidades fueron utilizadas para cubrir costes operativos habituales, impuestos y gastos personales de los socios, “sin que se haya identificado una derivación de estos fondos”.

Además, se argumenta que el auto recurrido:

“incurre en una patente contradicción interna que compromete gravemente la claridad y certeza de su contenido”

debido a que la parte dispositiva afirma una prórroga de seis meses, mientras que establece que el plazo de instrucción finalizará el 26 de julio de 2027, lo que implicaría una ampliación de un año.

Antecedentes y Marco de la Investigación

Según lo establecido en el auto de julio de 2025, mediante el cual se levantó el secreto de la investigación, el centro de esta presunta trama se habría ubicado en el despacho de abogados fundado por Montoro tras su paso por el Gobierno de Aznar. Este despacho, posteriormente abandonado al incorporarse al Ejecutivo de Rajoy, habría sido utilizado, conforme a las pesquisas, para obtener beneficios de manera ilícita, favoreciendo a empresas del sector gasista.

La investigación, llevada a cabo por el juez y Anticorrupción, incluye al exministro y a antiguos colaboradores que ocuparon cargos en Hacienda y que operaron en el despacho cofundado por Montoro, conocido inicialmente como Equipo Económico (EE) y posteriormente como Global Afteli. Este último habría actuado como intermediario entre grandes empresas, particularmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre los altos cargos del Ministerio durante la etapa de Montoro que también están imputados, se encuentran el exsecretario de Estado Miguel Ferré, la exsubsecretaria Pilar Platero, y los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

El auto que imputa formalmente al exministro describe que Montoro presuntamente hizo “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para asegurar “una ganancia al despacho”. El juez considera que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través de este despacho, el cual habría cobrado a cambio de su influencia para impulsar dichas modificaciones legislativas.

Según la misma resolución, las empresas gasistas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim) —Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos— habrían contratado al despacho en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, “a fin de que hiciese uso de su red de influencias” para promover reformas legislativas específicas. Una de estas acciones se orientó a obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual se refiere a una rebaja fiscal para las empresas gasistas. El auto indica que “solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, resultando en una modificación legislativa. El juez concluye que el pago efectuado al despacho de Montoro “no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia”.

Durante el período 2011-2019, el despacho de Montoro recibió un total de 779.705 euros de las gasistas. La resolución precisa que los informes técnicos eran elaborados por un tercero (EY) y, “en el mejor de los casos, eran retocados por Equipo Económico”.

Para fundamentar la imputación del exministro de Hacienda, el instructor señala que, “presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo”, Montoro permitió que su despacho ofreciera a “sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. A tal efecto, se da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, “lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a 'demanda' de las mercantiles investigadas”.