Movilizaciones Ciudadanas en Madrid Solicitan Medidas Habitacionales Urgentes

Decenas de miles de personas se movilizaron este sábado en Madrid, con el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos sociales estableciendo una acampada indefinida en la Puerta del Sol, para solicitar al Gobierno la aprobación de medidas que aborden la situación de la vivienda y prevengan desahucios. Esta acción se produce en un contexto de negociaciones parlamentarias sobre un decreto de vivienda y a raíz del desahucio de Maricarmen.

La movilización ciudadana en las calles de Madrid, que congregó a decenas de miles de personas el sábado por la tarde, se generó en respuesta al desahucio de Maricarmen y por la situación de la vivienda que afecta a familias y jóvenes, tanto inquilinos como hipotecados. Al finalizar la manifestación, el Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento para iniciar una acampada en la Puerta del Sol. Los participantes expresaron la necesidad de acciones inmediatas, solicitando que el Consejo de Ministros apruebe este martes medidas que incluyan la prohibición de los desahucios y la prórroga automática de los contratos de alquiler.

El Ministerio de Vivienda reafirmó el sábado por la mañana que el decreto se presentaría al Consejo de Ministros este martes, después de que Sumar indicara su ausencia en la reunión si el tema no era incluido en la orden del día. El desahucio de Maricarmen también llevó a Junts a considerar positivamente un nuevo decreto, lo que podría facilitar su avance después de meses de inactividad legislativa.

Análisis del Mercado de la Vivienda en España

Aunque los desahucios han mostrado un descenso en los últimos años, se ejecutaron más de 3.000 en España durante el primer trimestre, principalmente por impago de alquiler. La adquisición de una vivienda requiere actualmente el equivalente a dos años de salario íntegro solo para la entrada, cifra que asciende a cuatro años en la capital, según la información disponible. Asimismo, los alquileres representan, en promedio, la mitad de los sueldos, de acuerdo con estudios de Fotocasa e Infojobs.

Datos económicos recientes indican que el precio medio de un piso de alquiler en España es de 1.176 euros al mes, frente a los 870 euros registrados a principios de 2020. En Madrid, la media alcanza los 2.000 euros por 100 metros cuadrados, según los anuncios en portales inmobiliarios. El precio medio de compra de vivienda en España ha evolucionado de 175.000 euros por 100 metros cuadrados a principios de 2020 a 292.000 euros en la actualidad. En Balears y Madrid, el metro cuadrado para comprar supera los 5.000 euros, y estos precios muestran una tendencia al alza.

Propuestas del Sindicato de Inquilinas para la Legislación de Vivienda

Desde las calles, las demandas de los colectivos extienden el alcance de las propuestas gubernamentales iniciales. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, una organización con nueve años de trayectoria, solicitó no solo la aprobación del decreto de vivienda, sino un “decreto Maricarmen” que incluya cinco medidas que consideran necesarias.

El Sindicato reclama una ley estructural contra los desahucios que los prohíba si no existe una alternativa habitacional y una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones que evite el fraude que incrementa los precios de los alquileres y expone a los inquilinos a la precariedad de contratos de menor duración y estabilidad, fuera de la LAU.

Estas medidas ya formaban parte de un decreto que el PSOE presentó a los grupos parlamentarios en julio y que estaba previsto para septiembre, siendo retomado a raíz del caso Maricarmen. Las propuestas adicionales incluyen una congelación de los alquileres vigentes, prórrogas generalizadas a los contratos de alquiler de todos los inquilinos y una renovación automática de cinco años al finalizar los contratos, con prohibición de expulsión sin causa justificada.

Las medidas presentadas por el Sindicato son de mayor alcance que las contempladas en el decreto gubernamental previo, enfocándose en una protección más amplia del inquilino. La omisión de modificaciones a la ley de suelo podría facilitar la aprobación por parte de Podemos, que previamente se opuso por considerar que se relajaba el control ambiental y la supervisión de las operaciones inmobiliarias. La aprobación del texto definitivo en el Consejo de Ministros aún requiere el consenso de Junts, que, si bien valora la prohibición de desahucios por fondos de inversión y la restricción a su compra de vivienda, mantiene su demanda de exenciones fiscales para inquilinos e hipotecados.

Después de una semana de movilizaciones ciudadanas, se prevé una actividad política significativa en el Congreso y Moncloa para abordar la situación.

“Ministra rentista, estás en nuestra lista”

Este cántico del Sindicato durante la marcha representa una intensificación del lenguaje empleado en comparación con protestas anteriores. También se observa un rechazo a las políticas de vivienda implementadas por comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP, con críticas sistemáticas a sus líderes, al considerar que estas administraciones no aportarán soluciones a la cuestión de la vivienda.

Testimonios de Afectados por la Situación Habitacional

La movilización en las calles trasciende las circunstancias personales y económicas individuales. Rosana, de 78 años, quien ya tiene su piso pagado, expresó su participación en la manifestación “porque hay que ir todos a una” y “por los hijos y los nietos”.

“Tienen que garantizar la vivienda, que lo dice la Constitución”

Barro, de 26 años, residente en el barrio de Delicias de Madrid, abona 595 euros por una habitación en un piso compartido con dos personas más, lo que constituye más de la mitad de su sueldo como profesor de música a media jornada. Aunque cuenta con un contrato, relató haber abandonado un piso anterior donde un inquilino le realquilaba una habitación a un precio que, cree, era más elevado, y fue desalojado. Barro considera problemático el desalojo de una persona de 87 años sin alternativa habitacional.

“Nadie está a salvo, da igual lo que estés pagando de alquiler, en cualquier momento tu casa pasa a ser propiedad de otro y ya no es tu casa”

Durante la protesta, se observó la presencia de personas con ingresos elevados que encuentran dificultades para adquirir una vivienda, así como ciudadanos mayores de 40 años que comparten residencia y destinan una parte considerable de su sueldo al alquiler. Paralelamente, propietarios y empresas incrementan sus actividades en un mercado que presenta tensiones, y fondos de inversión organizan eventos como The District para promover la inversión y la actividad inmobiliaria.

El caso de Maricarmen se ha identificado como un catalizador para una movilización ciudadana significativa en las calles, comparable en alcance a las manifestaciones del 8M feminista en España. La edad de la mujer de 87 años, su residencia en la vivienda desde 1956, y la postura de Urbagestión, que no ha aceptado ofertas del Ministerio y procedió al desalojo basándose en la expiración del contrato en 2007 tras el fallecimiento de su madre, han generado preocupación entre miles de personas. En este contexto, los dirigentes Almeida y Ayuso participaron en un evento de grandes fondos, expresando valoraciones positivas y destacando la no aplicación de la ley de vivienda en lo que respecta a los pisos turísticos.

En ausencia de medidas de gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, que posee las competencias en vivienda, el Gobierno central ha desarrollado la Ley de Vivienda de 2023. Sin embargo, la mayoría de las autonomías no la aplica, y la vivienda pública aún no llega de forma sustancial a los ciudadanos, ya sea a nivel estatal o autonómico. La ley no ha logrado contener los precios debido a que solo Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias y algunos municipios de Galicia aplican los topes. Incluso en estas regiones, los alquileres son elevados, y en muchos casos, los propietarios eluden las regulaciones mediante contratos de temporada o de habitaciones.

El Sindicato ha señalado el retraso en la votación de un decreto de vivienda por parte del Ministerio, una propuesta que se ha estado desarrollando durante meses y que fue presentada a los grupos parlamentarios en julio. Ya en febrero, Pedro Sánchez había prometido esta ley contra el fraude de habitaciones y de temporada. Dadas las objeciones de Junts y Podemos, partidos cuyos votos son necesarios para su aprobación en el Congreso, las movilizaciones ciudadanas se presentan como un factor adicional y relevante en el proceso.