Análisis del Caso Facundo Castro: A Seis Años del Hallazgo de su Cuerpo

El 15 de agosto de 2020, el cuerpo esqueletizado de Facundo Castro fue hallado en una zona de cangrejales en Villarino Viejo, Provincia de Buenos Aires, después de 107 días de su desaparición. Su último contacto registrado fue con efectivos de la Policía Bonaerense. Este acontecimiento impulsó una investigación judicial por desaparición forzada seguida de muerte, una causa que, seis años después, continúa con imputados pero sin procesamientos. La madre de Castro, Cristina, y sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, han mantenido un seguimiento constante del expediente, señalando responsabilidades en diversos niveles institucionales.

Contexto de la Desaparición y Hallazgo del Cuerpo

Facundo Castro, de 22 años y residente en Pedro Luro, fue visto por última vez con vida el 30 de abril de 2020. La reconstrucción de su recorrido indica que fue interceptado en la Ruta Nacional 3, a la altura de Mayor Buratovich, por oficiales Mario Sosa y Jana Curuhinca de la Policía Bonaerense. Según los registros, se le labró un acta por incumplimiento de las normativas de circulación vigentes y se le tomaron fotografías. Testigos adicionales reportaron haberlo visto horas más tarde, también en la ruta, cerca de Teniente Origone, siendo abordado por otro vehículo policial.

Tras 107 días de búsqueda, el 15 de agosto de 2020, un pescador reportó el hallazgo de un cuerpo en un cangrejal de Villarino Viejo. El fiscal federal Ulpiano Martínez y la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca se hicieron presentes en el lugar. El cuerpo fue encontrado en estado de esqueletización y sin vestimenta. En las cercanías, se halló una zapatilla derecha en condiciones conservadas y huellas de un vehículo en el terreno.

La autopsia se realizó el 25 de agosto de 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los peritos no lograron establecer con precisión la fecha exacta ni el lugar de la muerte, aunque determinaron un mínimo de cuarenta días en estado post-mortem. Inicialmente, se difundió la hipótesis de que la muerte habría sido por ahogamiento. Casi un mes después del hallazgo del cuerpo, a cuatro kilómetros de distancia en el mismo cangrejal, otro lugareño encontró la mochila de Castro, la cual contenía su ropa, dos teléfonos celulares, el carnet de conductor y otros objetos personales. Su DNI no fue recuperado.

Desarrollo de la Investigación Judicial y Cuestionamientos Institucionales

Inicialmente, el Poder Judicial bonaerense abrió una causa por “averiguación de paradero”, delegando las pesquisas en la misma fuerza policial involucrada en los últimos contactos con Castro. Esta gestión contó con el respaldo del entonces Ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y el Gobernador Axel Kicillof, según la familia y sus representantes legales. Ante las inconsistencias detectadas en las declaraciones policiales, la querella impulsó la apertura de una causa federal por “desaparición forzada”.

La querella ha señalado que, durante los primeros meses de la investigación, se evidenciaron posibles acciones de encubrimiento y destrucción de pruebas. El fiscal federal Ulpiano Martínez y la jueza federal María Marrón estuvieron a cargo del expediente en sus fases iniciales, siendo posteriormente apartados de la causa. Actualmente, la investigación recae en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, bajo la dirección de Walter López da Silva, y es llevada adelante por los fiscales federales Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Alberto Gentili.

En el marco de la causa, cuatro agentes de la Policía Bonaerense—Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González—permanecen imputados en relación con la desaparición. No obstante, a seis años de los hechos, no se han dictado procesamientos firmes contra ellos. Adicionalmente, se ha mencionado la declaración de una productora rural, referida como “Testigo H”, cuyas afirmaciones iniciales a favor de los policías fueron objeto de contradicciones, con un posterior reconocimiento de haber suministrado información no verídica.

Perspectivas de la Querella y Reflexiones sobre el Rol Estatal

La madre de Facundo Castro, Cristina, ha expresado su percepción sobre la ausencia de contacto por parte de funcionarios del gobierno provincial. En declaraciones, manifestó:

“En estos seis años ningún funcionario de Kicillof se contactó conmigo. Me quieren callada y todos cumplen como soldaditos las órdenes que reciben de arriba.”

El abogado de la familia, Leandro Aparicio, en diálogo con La Izquierda Diario, ha ofrecido detalles sobre la noche del hallazgo y la evolución del proceso judicial. Respecto a la escena donde apareció el cuerpo, Aparicio afirmó:

“No tengo ninguna duda de que todo eso fue armado, con todo puesto de una manera para que se encontrase ese cuerpo, que no había estado ahí antes. Estaba todo preparado para que el cuerpo apareciera con todas las incongruencias, contradicciones e irregularidades como lo de la zapatilla.”

Aparicio también se refirió a las acciones iniciales de las autoridades y su relación con el proceso judicial:

“Berni compartía la información con Ulpiano Martínez. Sabía qué decir y qué no. Él ya tenía precisiones, al igual que Germán Sasso, que daba como ‘primicia’ información que nosotros como querella no teníamos y aún no figuraban en el expediente. Por eso digo que todo eso estuvo armado. Me quedo con una declaración del expresidente Alberto Fernández, de unos días antes, donde hizo una especie de amenaza velada de que la desaparición de Facundo tenía que terminar. Para mí eso fue un mensaje para Berni.”

Sobre el estado actual de la causa federal por desaparición forzada, el abogado señaló que, aunque es un delito imprescriptible y la investigación continúa abierta, persisten los desafíos en el avance procesal:

“La causa es por un delito imprescriptible, así que está totalmente abierta. El tema es que los fiscales no quieren ‘arriesgarse’. Por eso, más allá del relevamiento y entrecruzamiento de llamadas entre policías y funcionarios, están tratando de extraer información y mensajes que están en los celulares de las dos policías, que no dieron las claves para desbloquearlos. Con eso, dicen, quieren obtener más datos. Para nosotros, para la querella, teniendo en cuenta todo el contexto y la prueba ya colectada, sobran fundamentos para detener por lo menos a los cuatro que está comprobado que tuvieron participación. Dos son los más comprometidos, Sosa y Curuhuinca, y los otros dos participaron coordinando la coartada.”

Finalmente, Aparicio ha enmarcado el caso de Facundo Castro en una reflexión más amplia sobre la responsabilidad estatal en situaciones de esta naturaleza:

“Yo creo que demuestra que el Estado, sea cual sea el signo político partidario del Gobierno de turno, es desaparecedor. La Policía y sus agentes pueden hacer desaparecer a personas porque tienen claro que van a ser respaldados por fiscales, por jueces, por funcionarios. En este caso, los personajes son el fiscal Martínez, la jueza Marrón y políticos como Berni y Kicillof. Pero es una cuestión de Estado.”

Las referencias a políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires y sus similitudes con enfoques de otras administraciones nacionales también fueron abordadas en el texto original, que señalaba la implementación de mejoras salariales para las fuerzas de seguridad en contraste con otros sectores estatales, y un fortalecimiento de los dispositivos represivos. Se hicieron comparaciones con otros casos de desapariciones y violencia institucional en la provincia, como los de Jorge Julio López y Luciano Arruga.