Investigación sobre Actuaciones de un Grupo en Relación con el Fiscal Jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón

El sumario de un caso judicial en curso ha revelado que un grupo liderado por Leire Díez, presuntamente apoyado por Santos Cerdán, desplegó una actividad orientada a obtener información sobre figuras judiciales, centrándose especialmente en Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción. Entre finales de 2024 y principios de 2025, esta actividad incluyó intentos de contacto con los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa.

Contexto y Objetivo Principal de la Búsqueda de Información

La información recabada de las actuaciones judiciales en curso detalla que el grupo, encabezado por Leire Díez y con una relación de respaldo por parte de Santos Cerdán, definió un conjunto de objetivos que incluían a jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil. Estos individuos eran considerados por el grupo como actores que habían tomado acciones que la organización percibía como perjudiciales para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Gobierno o los colaboradores implicados en la trama investigada. El enfoque principal de esta actividad se dirigió hacia la obtención de información sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, con la supuesta intención de "apartar de su puesto" al mencionado fiscal, según declaraciones de algunos testigos.

Para ejecutar esta iniciativa, el grupo contactó, sin que se registrara un resultado favorable en sus objetivos, a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. Ambos fiscales presentaban en ese momento trayectorias profesionales que habían suscitado controversias públicas y que el grupo consideró puntos susceptibles de exploración para sus propósitos. Grinda, según la información, generaba un rechazo significativo entre algunos de los asociados al grupo, mientras que Stampa había manifestado públicamente discrepancias con la Fiscalía General del Estado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado a Alejandro Luzón como un "objetivo" en el marco de esta investigación. La motivación principal de esta designación estaría vinculada a un supuesto acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y el empresario Víctor de Aldama, el cual habría facilitado la excarcelación de Aldama en noviembre de 2024, tras un periodo de mes y medio de detención en Soto del Real. Aldama había reconocido su implicación en el caso Koldo y fue puesto en libertad en relación con una trama de hidrocarburos en la que también estaba implicado.

La acción vinculada a la situación procesal de Aldama constituyó un impulso central para la búsqueda de información sobre Luzón. No obstante, en el momento de los hechos, la figura de Luzón ya había adquirido relevancia para los miembros del grupo de Leire Díez por su papel en la promoción de diligencias, acusaciones y juicios relacionados con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Asimismo, otros integrantes del grupo y personas vinculadas al mismo seguían de cerca la actividad del fiscal debido a su participación en causas contra figuras como Javier Pérez Dolset (caso Zed), Nervis Villalobos, Sandro Rosell o Gaspar Zarrías (caso ERE).

Leire Díez, en comunicación con un miembro de la Guardia Civil, manifestó que Luzón era "afín al PP" y pronosticó que sería fiscal general bajo una eventual administración de Alberto Núñez Feijóo.

La trayectoria profesional de Alejandro Luzón Cánovas comenzó en 1989 como fiscal en Toledo. Su nombramiento como fiscal jefe Anticorrupción se produjo en 2017, durante el último año de gobierno de Mariano Rajoy, sucediendo a una controversia relacionada con Manuel Moix. La toma de posesión se realizó bajo el amadrinamiento de Consuelo Madrigal. Este nombramiento fue interpretado en algunos sectores, incluidos fiscales progresistas, como un revés para los intentos de influir en la dirección del departamento más relevante del Ministerio Público.

Previo a su dirección en Anticorrupción, Luzón había desarrollado una actuación que ha suscitado diferentes interpretaciones. Se le atribuye haber manifestado una postura firme al denunciar la utilización irregular de fondos por parte de los consejeros de Caja Madrid en el caso de las 'tarjetas black', implicando un gasto de 12 millones, pero sin impulsar acciones contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. También impulsó acusaciones en casos de corrupción como Gürtel o Púnica, al tiempo que firmó los decretos de archivo de las investigaciones abiertas al rey emérito.

En lo concerniente al grupo de Leire Díez, además de las discrepancias específicas que algunos de sus miembros pudieran tener con Anticorrupción, el foco principal residía en la actuación del fiscal en el caso Koldo, particularmente en relación con la puesta en libertad de Víctor de Aldama, la solicitud de reducciones de condena para el empresario y la implicación de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El empresario extremeño Joaquín Parra declaró ante la Guardia Civil que: "Leire y Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, ya que habría desobedecido órdenes de su inmediato superior al proponer la puesta en libertad de Víctor de Aldama".

Esta declaración sugiere un distanciamiento progresivo entre Luzón y la Fiscalía General en los últimos años.

La estrategia empleada por el grupo implicó dos vertientes. Por un lado, Leire Díez hizo creer al abogado de José Manuel Villarejo que la Fiscalía Anticorrupción alcanzaría un pacto con ellos, mientras que, en realidad, se buscaba la remoción de su líder y de varios de sus fiscales. Por otro lado, se implementó una de las estrategias recurrentes del grupo: identificar a personas cercanas al objetivo que presentaran situaciones susceptibles de ser exploradas. En este contexto, se centraron en dos fiscales con vínculos con Anticorrupción y con controversias que consideraron aptas para ser utilizadas: José Grinda e Ignacio Stampa.

El Enfoque en el Fiscal José Grinda

José Grinda accedió a la carrera fiscal en 1993, poco después de Luzón, en una promoción que incluyó a investigadores como Susana Gisbert, Pedro Horrach o Pilar Rodríguez. Ejerció en Gipuzkoa y Barcelona antes de incorporarse a Anticorrupción en 2005. Su nombre se asoció a casos de gran repercusión pública, como la revelación en 2010 por WikiLeaks de que Grinda había vinculado a la mafia rusa con el Kremlin dos años antes. Estuvo al frente de la operación Emperador, impulsó el caso del 3% de corrupción en Cataluña, el caso contra la familia Pujol y propició el ingreso en prisión del exministro venezolano Nervis Villalobos por blanqueo, entre otros casos.

En 2009, Grinda fue objeto de una imputación por parte de un juzgado de Alcalá la Real (Jaén), acusado de enviar vídeos de carácter sexual a una joven de 15 años. La denuncia fue presentada por la madre de la chica tras el descubrimiento de las conversaciones en el ordenador de la menor. La causa fue archivada en 2013, cuando el juzgado, con el respaldo de la Fiscalía, determinó que Grinda no tenía conocimiento de que la joven con la que mantenía conversaciones era menor de edad. La madre de la afectada no se personó en el caso, y las diligencias se archivaron tras la retirada de la Fiscalía. El sobreseimiento libre y definitivo del caso, a petición de Grinda, se dictó en 2017.

Este asunto, que no tuvo difusión pública en aquellos años, resurgió en 2019, cuando la joven, ya mayor de edad, acudió nuevamente a los tribunales para acceder al contenido completo de la causa. Grinda se opuso a esta solicitud.

En ese momento, Grinda solicitó "ser protegido frente a usos torticeros y desviados de la información", aludiendo a "posibles fines espurios dirigidos a destruir su reputación personal y profesional".

El Tribunal Constitucional falló a favor de la joven en 2022, lo que reactivó el proceso judicial, en esta ocasión por la vía civil, para reclamar una indemnización. Para entonces, el asunto ya había trascendido, aunque sin un impacto generalizado. Grinda, por ejemplo, logró que el Tribunal Supremo condenara a las hijas del abogado Ignacio Peláez por denominarle "pederasta reincidente" en un programa de televisión.

Según la UCO y la documentación interna, Grinda era uno de los principales objetivos de Leire Díez y sus colaboradores, sin que su vinculación se restringiera a causas que afectaran al Gobierno. En sus propias comunicaciones, el grupo había redactado: "Fiscales, sobre todo Grinda".

En un mensaje de 2024, Leire Díez escribió: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".

El contacto con Grinda se produjo en febrero de 2025. Según la UCO y el propio Grinda, el periodista Pere Rusiñol le trasladó una oferta: un puesto en el extranjero y la retirada de la demanda civil de la joven de Jaén, a cambio de un pago de 300.000 euros. Las condiciones incluían que Grinda proporcionara información sobre su superior, Alejandro Luzón, y facilitara el cierre de diversas causas judiciales consideradas sensibles.

El sumario detalla los acontecimientos previos relacionados con este asunto que el grupo de Leire Díez identificó como un aspecto que consideraron vulnerable para negociar con Grinda. La joven declaró ante la Guardia Civil como testigo, explicando que en 2021, tras acudir al Constitucional para obtener la documentación de su caso, fue contactada por dos personas: Yohir Akerman y otro hombre identificado como "Vytenis". Estos individuos no revelaron en nombre de quién actuaban, pero poseían documentación de su caso y se ofrecieron a representarla legalmente. De hecho, según la joven, costearon su defensa mediante el pago de los servicios de un abogado de Jaén para el juicio civil contra Grinda.

La joven no pudo explicar a la Guardia Civil la razón de esta asistencia ni cómo obtuvieron los documentos. Sin embargo, reveló que, poco antes del juicio civil contra Grinda a mediados de 2025, estos dos hombres le presentaron a Leire Díez en Madrid. En otra sección del sumario, los indicios sobre el origen de esa visita sugieren una implicación de Nervis Villalobos, el exmandatario venezolano. Villalobos comunicó a Díez: "Hemos conseguido que la chica de Jaén se desplace a Madrid única y exclusivamente para verse contigo", sin especificar si los dos hombres que asesoraban a la joven y sufragaban su defensa trabajaban bajo sus directrices. También le indicó el hotel donde se celebrarían las reuniones y mantuvieron varias comunicaciones sobre el desarrollo del viaje y la opción de proporcionarle un abogado.

La joven completó su relato en su declaración testifical ante la Guardia Civil. Una vez en Madrid, Leire Díez le manifestó que estaba "interesada" en su caso y en asistirla contra Grinda.

Díez le indicó: "Que intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso".

Al día siguiente, la joven visitó la sede del PSOE en la calle Ferraz y mantuvo un encuentro con Santos Cerdán, "donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda". Esto ocurrió en octubre de 2024, y las conversaciones reflejan un significativo intercambio de mensajes entre Leire Díez y la joven en los meses subsiguientes.

Cuando Rusiñol transmitió al fiscal Grinda la propuesta de eximirle de ese juicio, restaban menos de dos meses para la vista en un juzgado de Majadahonda. Leire Díez, por mediación de Nervis Villalobos –quien mantenía una postura crítica hacia Grinda–, llevaba ya varios meses en comunicación con la joven. Además, dos hombres, cuya vinculación con el exmandatario venezolano aún no se ha esclarecido, habían incluso cubierto los gastos de su defensa.

El fiscal José Grinda recibió la propuesta del grupo y, tras declinar el ofrecimiento, informó de la situación a sus superiores, pocos meses antes de su traslado a Bolivia para un nuevo destino. Se registró un segundo intento de contacto con el grupo, esta vez a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, quien había sido contactado por medio de Santos Cerdán; sin embargo, el sumario no precisa si dicho encuentro se llevó a cabo. La documentación sí refleja lo que Díez y sus colaboradores pretendían comunicarle a Grinda: "Ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón".

Contacto con el Fiscal Ignacio Stampa y Desarrollo Judicial

Los distintos sumarios judiciales que han investigado la actividad de Leire Díez revelan un segundo fiscal al que se intentó contactar para acceder a supuestos datos sobre Luzón: Ignacio Stampa. Stampa fue uno de los primeros responsables de la investigación contra Villarejo en Anticorrupción y ha denunciado, incluso a través de un libro, que fue relevado de ese departamento y apartado del caso por una represalia atribuida a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz.

En el caso de Stampa, la oferta se produjo en un encuentro a finales de abril de 2025, después de las comunicaciones con Grinda. En ese momento, Leire Díez manifestó que ella era "la persona que ha puesto el PSOE" para sacar a la luz supuestas irregularidades judiciales en múltiples causas. En el marco de una estrategia de doble naturaleza, se le solicitó información sobre Luzón, el juez Manuel García-Castellón, y también sobre el propio Grinda.

Stampa declaró que: "Pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara".

A cambio, se le ofreció recuperar su puesto en la Fiscalía, una promesa que se percibía con dificultades de ejecución, dado que en ese momento el fiscal general era Álvaro García Ortiz, a quien Stampa consideraba su principal rival.

Stampa también informó de la situación a sus superiores en la Fiscalía de Madrid. Ambos asuntos se encuentran actualmente en un juzgado de la Plaza de Castilla, a la espera de determinar si el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, acumula todas las diligencias. Con Grinda temporalmente destinado en Bolivia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Pedraz que profundice en su parte del caso y ponga en marcha diversas diligencias: convocar a la joven que presentó la denuncia para que aclare su interacción con la trama y, de manera simultánea, que los juzgados remitan la documentación del juicio que Leire Díez propuso suspender a cambio de colaboración para la remoción de Alejandro Luzón.