Sentencia Judicial: David Sánchez Inhabilitado por Cooperación en Prevaricación Administrativa; Absuelto de Tráfico de Influencias

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado recientemente a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa. Paralelamente, la misma sentencia ha absuelto a Sánchez y a los demás acusados de un delito de tráfico de influencias, que constituía la acusación central en el proceso judicial.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz, identificados como José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo, emitieron el fallo judicial el pasado martes. Las acusaciones populares, que según la información disponible están vinculadas a la ultraderecha, habían solicitado seis años de prisión para los encausados. El tribunal, no obstante, desestimó esta petición al considerar que no existían pruebas suficientes para fundamentar una condena por tráfico de influencias, la acusación principal del caso.

La sentencia judicial ha establecido que la plaza de coordinador de conservatorios, a la que David Sánchez accedió, fue creada por “razones espurias”. Sin embargo, el tribunal ha señalado que no se ha presentado una prueba que vincule dicho trato de favor con una acción de tráfico de influencias por parte de los directivos de la Diputación de Badajoz.

El documento judicial incluye consideraciones sobre la posibilidad de que Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, hubiera actuado con la intención de obtener la aprobación del presidente del Gobierno tras su victoria en las elecciones primarias, influyendo en la adjudicación de la plaza al hermano del entonces secretario general del PSOE. No obstante, los jueces han descartado que esta conjetura pueda fundamentar una condena por tráfico de influencias.

Determinaciones del Tribunal sobre Prevaricación y Tráfico de Influencias

La Audiencia Provincial de Badajoz ha expresado una diferenciación en sus conclusiones respecto a los dos delitos analizados. Si bien ha manifestado la convicción sobre la existencia de prevaricación, ha mantenido dudas sobre el tráfico de influencias, lo cual fue un elemento central en la argumentación del fallo.

“Si bien se alza la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a Don David Sánchez y Don Luis María Carreras, albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos.”

El tribunal profundizó en la ausencia de soporte fáctico para la hipótesis del tráfico de influencias, aunque la consideró plausible en un nivel especulativo, según se detalla en la sentencia.

“Podemos conjeturar que la actuación coordinada prevaricadora de los acusados que ostentaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Badajoz fue la respuesta a una previa presión o influencia ejercida sobre ellos, pero esa hipótesis carece, tanto de soporte fáctico elaborado y descrito por las acusaciones, como de acervo acreditativo que la sustente.”

La sentencia también ha resaltado la indeterminación respecto a la autoría o la materialización de las presuntas influencias, un factor clave en la decisión de no condenar por dicho delito.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo.”

El órgano judicial ha postulado una hipótesis alternativa para las conductas prevaricadoras, vinculándolas a un interés de favorecimiento por proximidad familiar, en relación con la figura del Secretario General del Partido que sería reelegido y, posteriormente, Presidente del Gobierno. A pesar de esta consideración, el tribunal ha aplicado el principio “in dubio pro reo”, enfatizando la necesidad de una prueba de cargo sólida.

“Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David Sánchez) al que sería reelegido Secretario General del Partido y con el tiempo Presidente del Gobierno de la Nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias. Siendo así, este Tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación, pero no de concreta y completa descripción fáctica y acreditación, resultando por demás aplicable el principio ”in dubio pro reo“. De alguna manera dicho principio se injerta en el derecho a la presunción de inocencia, porque no basta para la condena la sola convicción del Tribunal -el impresionismo o convicción judicial-, pues poco vale este si no encuentra su anclaje en una sólida prueba de cargo (…) Dicho de otro modo, aunque el Tribunal de instancia no dudara, correspondería a esta Sala casacional verificar si debió dudar por la escasa fiabilidad de la prueba de cargo (…).”

En este contexto, la sentencia ha subrayado la fiabilidad de la prueba presentada para los delitos de tráfico de influencias, considerándola insuficiente para disipar toda incertidumbre.

“Y es aquí donde radica la esencia del problema: la escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada, en orden a la determinación y concreción de los hechos incardinables en los tipos penales de tráfico de influencias objeto de acusación, insuficiente para despejar toda ausencia de duda sobre la autoría de los mismos por parte de los acusados.”

Contexto y Participación de los Acusados Según el Tribunal

El tribunal ha inferido que existió una concertación entre los acusados para la creación de una plaza de empleo público calificada como “innecesaria y vacía de contenido esencial”. Esta plaza, según la inferencia judicial, habría estado destinada a David Sánchez, junto con otra reservada para Luis María Carrero. El proceso de selección y valoración de méritos se consideró “sustancialmente inexistente”, sirviendo como una justificación formal. Las condiciones del puesto de David Sánchez se habrían adaptado posteriormente a sus preferencias, sin considerar el interés público y soslayando los principios de mérito y capacidad.

Miguel Ángel Gallardo, quien fuera expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia sostiene que es “inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos”. Se le considera responsable como autor de los delitos de prevaricación administrativa por su intervención como representante del órgano decisorio en la decisión de contratar a David Sánchez y en la modificación de sus funciones.

Respecto a David Sánchez, el tribunal ha afirmado que tuvo conocimiento previo de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él. Se presentó a la convocatoria y realizó la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario. Se le atribuye haber cooperado mediante la presentación de la solicitud, la participación en el proceso selectivo y la derivación de sus actividades hacia la ópera, un área que, según el tribunal, no guardaba relación con el puesto original. La sentencia lo condena por cooperación a la prevaricación al haber forzado el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo asignado.

A pesar de la afirmación del tribunal sobre el conocimiento previo de David Sánchez de la creación de la plaza en octubre de 2016, la propia sentencia incluye una “contra hipótesis” que elucubra con la posibilidad de que Miguel Ángel Gallardo hubiera decidido adjudicar la plaza en mayo de 2017, tras la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE en junio de 2017. Esta “contra hipótesis” plantea una temporalidad que el tribunal consideró relevante en su análisis, contrastando con su conclusión sobre el conocimiento previo de David Sánchez en noviembre de 2016.