La Audiencia Nacional investiga un entramado que, según el sumario judicial, habría intentado influir en diversas causas judiciales, con la presunta implicación de la exmilitante Leire Díez y Santos Cerdán, ex 'número tres' del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La actividad de este grupo se habría intensificado en la primera mitad de 2024, con el objetivo de afectar procesos judiciales que involucraban a miembros del partido, del Gobierno o al entorno del presidente.

Contexto de la Investigación y Orígenes de la Red de Influencia

La investigación en curso de la Audiencia Nacional examina si el PSOE respaldó y proporcionó financiación a una estructura, supuestamente liderada por Leire Díez y por Santos Cerdán, con el propósito de afectar a jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil involucrados en investigaciones que conciernen a integrantes del partido, del Gobierno o al entorno del presidente Pedro Sánchez. El sumario del caso, al cual ha tenido acceso elDiario.es, detalla una prolongada actividad de Díez relacionada con expedientes judiciales, articulando posibles alianzas y diseñando planes para influir en las investigaciones. Los documentos también indican que los esfuerzos de Leire Díez por generar un efecto de domino judicial, con el objetivo principal registrado en sus agendas, se vieron limitados.

Un informe de la Guardia Civil, integrado en el sumario, traza la trayectoria de Leire Díez en la articulación de estrategias desde la pandemia de 2020. En ese período, Díez había ejercido como concejala en Vega de Pas (Cantabria), asesora de comunicación del partido entre 2015 y 2017, y en 2020, era jefa de comunicación de Enusa, una empresa pública del sector nuclear.

Sus primeras intervenciones documentadas en causas judiciales se sitúan en torno al caso de la mina de Aznalcóllar, en el que se encontraba investigado el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Con Fernández, Díez mantenía una relación personal desde 2019, habiendo coincidido en el holding público. Vicente Fernández renunció a su cargo tras su investigación, si bien el caso, relativo a la presunta manipulación de un concurso para la adjudicación del yacimiento sevillano, finalmente fue archivado.

El sumario recoge que en esos años, Leire Díez manifestó interés en el desarrollo de este caso y en cómo la información podría beneficiar a Fernández, especialmente ante cargos del PSOE y, en particular, ante la ministra María Jesús Montero. Las conversaciones recopiladas por la UCO no describen planes extensos para alterar el curso del caso Aznalcóllar, pero sí profundizan en otras causas vinculadas al partido en Andalucía, como los expedientes de los ERE e Isofotón.

Desde estos primeros años, se registran elementos que atrajeron la atención de los investigadores, como dos reuniones con el jefe de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla, presuntamente para obtener información que pudiera comprometer a la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso ERE. Leire Díez llegó a grabar varios de estos encuentros.

“¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro”, se registra en uno de estos audios.

En otro mensaje dirigido a Vicente Fernández, se documenta la siguiente expresión:

“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”.

El atestado judicial consigna más comentarios sobre estas causas que afectaban a miembros del socialismo andaluz.

“Tengo la solución mediática para Isofotón”, se observa en relación con la investigación sobre presunto fraude millonario en ayudas públicas que concluyó con su archivo definitivo por el Tribunal Supremo.

El caso Aznalcóllar también resultó en absolución, y el Tribunal Constitucional redujo significativamente la sentencia de los ERE de Andalucía contra los principales consejeros condenados, aunque con argumentos que no se vinculan directamente con las acciones de Leire Díez.

Durante estos primeros años de comunicaciones y planes, la exconcejala mantenía varios grupos de WhatsApp con personas implicadas en otras causas judiciales que se consideraban afectadas por actuaciones de jueces y fiscales. Entre ellos, Javier Pérez Dolset, un empresario investigado en la causa Zed por un presunto fraude de más de 30 millones de euros, quien argumenta ser una víctima de una supuesta "brigada política" vinculada a un partido político anterior, en un contexto comparable al de líderes independentistas o formaciones políticas como Podemos.

Con Pérez Dolset y la periodista Patricia López (fallecida), se inició la recopilación de información en un chat denominado “Azahar”. En este foro, se elaboró una carpeta llamada “Operación PSOE” para almacenar documentos relacionados con el caso Villarejo, con la intención de documentar la existencia de lo que denominaban una "cloaca judicial, fiscal y policial". Esta carpeta adquirió relevancia años después. En la primera mitad de 2022, Pérez Dolset presentó estos documentos en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía, con resultados limitados en ese momento.

Los informes del sumario no atribuyen a Leire Díez una actividad especialmente intensa entre 2022 y principios de 2024 en el ámbito de la investigación judicial. Durante este período, estuvo vinculada laboralmente a Correos y, según otra investigación judicial de la Audiencia Nacional, formó parte de otro presunto entramado, junto a Vicente Fernández y un empresario asociado a Santos Cerdán, para obtener comisiones a cambio de la mediación en la consecución de ayudas estatales para determinadas empresas.

Hasta ese momento, las actividades de Díez se habían centrado mayoritariamente en casos que afectaban a miembros del socialismo andaluz: los ERE, Aznalcóllar e Isofotón, incluyendo acciones dirigidas contra la jueza Mercedes Alaya, y algunas incursiones en el caso Villarejo a través del principal investigado del caso Zed. Sin embargo, el escenario cambió en la primera mitad de 2024, cuando la red que se había especializado en la gestión de casos judiciales sensibles se habría vinculado directamente con la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La Presunta Financiación del PSOE y la Estrategia Contra Investigaciones Judiciales

En abril de 2024, cuando el presidente Pedro Sánchez consideró su continuidad en el cargo ante lo que él describió como “la campaña de acoso” contra su esposa, Santos Cerdán habría encomendado a Leire Díez la dirección de un operativo, según la investigación judicial, para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. Un mensaje de la exmilitante a Vicente Fernández señala:

“Me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”.

Ambos se reunieron en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con Pérez Dolset, el dirigente socialista y actual secretario de Estado, Antonio Hernando, y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

Previo a este encargo, la exmilitante había intentado establecer contacto con el PSOE durante un tiempo, con escaso éxito. Una anotación de la propia Leire Díez, incautada por la Guardia Civil en su detención en diciembre, registra:

“Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”.

Este apunte es consistente con las acciones previas del grupo, enfocadas en casos relacionados con el socialismo andaluz o las prácticas atribuidas a la denominada "policía política" durante una etapa de gobierno anterior.

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, la investigación documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos habrían tenido lugar en la sede de Ferraz, lo que, a juicio del juez, sugiere que el partido sufragó la “logística” de estas maniobras. El PSOE también habría costeado cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset, vinculados a estas actividades contra quienes investigaban a sus dirigentes.

Dos meses antes de esa primera reunión, se había iniciado el ‘caso Koldo’, que posteriormente afectaría a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, quien le había precedido en la Secretaría de Organización del PSOE. Adicionalmente, el juez Juan Carlos Peinado había abierto una causa contra la esposa del presidente, y su hermano sería investigado meses después por un caso que ha derivado en un juicio.

Uno de los objetivos del entramado fue la presunta “destrucción” de este proceso judicial. Para ello, Leire Díez contactó con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado condenado y expulsado de la carrera judicial por un delito de amenazas a su pareja. Se acordó, según la investigación, iniciar una estrategia de acciones contra la instructora del caso, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada presentó una denuncia contra la jueza en la Fiscalía General del Estado que no prosperó. También intentó, sin éxito, personarse en la causa como acusación popular y apartar a la magistrada. El hermano del presidente, acusado de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, comparece este jueves en el juicio que se celebra en Badajoz.

También se buscó información sobre Juan Carlos Peinado, instructor del caso que involucra a Begoña Gómez. Para ello, se recurrió a Nervis Villalobos, un ex alto cargo venezolano que había sido encarcelado por el magistrado en una causa de blanqueo de capitales y que había elevado las presuntas irregularidades del caso al Tribunal Constitucional.

Otro de los objetivos del entramado fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de investigaciones contra Ábalos, el ex fiscal general o el hermano de Pedro Sánchez. Un registro de una reunión indica que Leire Díez hizo un comentario sobre él:

“Si está muerto, mejor”.

En esa misma reunión, se le reclamaba información presuntamente comprometedora sobre Balas a Alejandro Hamlyn, un empresario investigado en un caso de fraude de más de 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. A cambio, se le ofrecieron supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que podrían beneficiar su situación. El empresario no ha alcanzado acuerdos con la Fiscalía hasta el momento, y las acusaciones en su contra se mantienen.

En la búsqueda de información sobre Balas, la exmilitante también se reunió con otros guardias civiles investigados en diferentes causas, como el comandante Rubén Villalba, a quien se le habría ofrecido pagar su defensa en el caso Koldo y la recuperación de su carrera en el cuerpo. O Juan Sánchez Yepes, investigado en otro caso de hidrocarburos por presuntamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de beneficios. Este episodio con Yepes dio origen a la reunión con Hamlyn, lo que propició la apertura de la primera investigación a Leire Díez en un juzgado de Madrid hace un año.

El objetivo del entramado de exponer lo que denominaban "cloacas del Estado" a través de documentación del caso Tándem –la cual había sido almacenada en la carpeta “Operación PSOE”– seguía activo. Leire Díez habría contactado, incluso, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para explorar un posible pacto con la Fiscalía a cambio de su información. Dicho pacto no se materializó, y el fiscal encargado del caso rechazó en varias ocasiones reunirse con su abogado. Díez también habría profundizado en aspectos del caso Kitchen y conversado con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante una administración anterior, quien actualmente es juzgado por esa presunta trama policial.

Extensión de las Maniobras a Otros Expedientes y Actores

Con el transcurso de los meses de 2024, Leire Díez y su grupo establecieron contacto con causas judiciales que, inicialmente, parecían distantes del PSOE, abarcando desde el caso 3% catalán hasta expedientes relacionados con la amnistía, la Operación Catalunya y la Banca Privada de Andorra. En noviembre de ese año, Díez se integró en un grupo de WhatsApp denominado “Mas Martí - Girona” con varias personas, entre ellas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell.

Rosell había sido absuelto en 2019 de acusaciones de blanqueo y comisiones ilegales por sus negocios en Brasil, pero también se percibía a sí mismo como afectado por lo que consideraba una justicia influenciada y una Fiscalía con sesgos, especialmente por los 645 días que pasó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en un caso por el que finalmente fue absuelto.

En este grupo convergieron dos personas con la motivación de abordar presuntas irregularidades del fiscal anticorrupción José Grinda: Rosell y Pérez Dolset. Los mensajes de Leire Díez en esas fechas con Rosell documentan:

“A mí la fontanería se me da muy bien (...) hay que empezar por Grinda y la Fiscalía”.

Ambos empresarios consideraban que el fiscal Grinda les había perjudicado en sus respectivas causas judiciales.

Leire Díez tenía un objetivo adicional: que Grinda proporcionara información que pudiera considerarse comprometedora sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, quien era el principal responsable de investigaciones consideradas delicadas para el Gobierno, como el caso Koldo. Luzón era percibido como un objetivo por el grupo de Leire Díez, que ya contaba, según la investigación, con el respaldo del PSOE.

Finalmente, fue el propio Grinda quien documentó el desarrollo de estas negociaciones y lo que se le había ofrecido y solicitado. En febrero de 2025, según su relato, tuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol, quien le habría transmitido, en una hoja, una oferta. Para él, un destino en el extranjero y la retirada de una demanda de una joven que afirmaba haber recibido un vídeo sexual suyo cuando ella era menor. Para el grupo, la solicitud incluía:

“Cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe que pudiera dar lugar a su destitución”.

También se le pidió promover el archivo de expedientes como el caso Pujol, el 3%, el caso Zed (que afectaba a Pérez Dolset), el caso BPA y el caso Duro Felguera (que será juzgado este año con Nervis Villalobos en el banquillo), y que explicara el origen de la causa que llevó a la prisión de Sandro Rosell.

El sumario revela que Leire Díez también habría intervenido para establecer contacto con esta joven. El propio Santos Cerdán llegó a reunirse con ella en la sede del PSOE y, presuntamente, se le facilitó un puesto de trabajo en una empresa municipal de Jaén. Las querellas y demandas de la joven, tanto penales como civiles, fueron archivadas. El proyecto del grupo contemplaba ofrecerle 300.000 euros por su silencio, el triple de la cantidad solicitada en su demanda, si bien esto no se concretó.

El entramado intentó una acción similar con otro fiscal: Ignacio Stampa. El fiscal, quien dirigió las pesquisas del caso Villarejo, denuncia haber sido apartado de Anticorrupción de forma presuntamente ilegal por sus superiores. También se reunieron con él e intentaron, sin éxito, obtener información que pudiera considerarse comprometedora sobre Luzón. En esa reunión, Leire Díez habría pronunciado una de las frases destacadas del caso:

“Soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto (... )”.

Asimismo, respondió “sí” cuando Stampa preguntó si era la “mano derecha” de Santos Cerdán.

Ninguna de las dos iniciativas para obtener información sobre Luzón produjo el resultado esperado. Ambos fiscales informaron a sus superiores, y las acciones del entramado se judicializaron en un juzgado de Madrid. Recientemente, Luzón ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.

El sumario del caso Leire se compone de cientos de documentos, interrogatorios, mensajes y grabaciones. Por el momento, el juez ha adoptado las conclusiones de la UCO. Estas consideraciones detallan cómo, a lo largo de los años, Leire Díez habría desarrollado un conocimiento profundo de causas judiciales que afectaban a su entorno y también al PSOE. El partido, a partir de 2024 y bajo la instrucción de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, presuntamente financió y mantuvo esta operación. Muy pocas de las promesas de este grupo se concretaron, y ninguna causa judicial se cerró como resultado de sus gestiones, ni se obtuvo la información buscada. Ahora, la Audiencia Nacional determinará si esta actividad constituyó un intento de influir en causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno presidencial.