Asesinatos de Dos Activistas Trans en Argentina en 48 Horas: Reportan Incremento en Crímenes de Odio contra la Diversidad Sexual

En un lapso de 48 horas, dos mujeres trans, Gabriela Banach (47) en Rosario y Jéssica Núñez (44) en Villa María, fueron asesinadas, según reportes policiales y de activismo local. Estos hechos se producen en un contexto en el que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ ha registrado un aumento del 62% en estos incidentes durante 2025 en Argentina, marcando la cifra más alta en la última década.

Incidentes Registrados en Rosario y Villa María

Los reportes indican que Gabriela Banach, una activista travesti-trans reconocida en Santa Fe por su labor en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y por su promoción de los derechos de la diversidad sexual, fue hallada sin vida el martes por la noche en un departamento del barrio La Sexta, en Rosario. Vecinos habrían escuchado gritos previos al hallazgo de su cuerpo. Banach impulsaba iniciativas centradas en el acceso a la vivienda para la población travesti-trans, un sector que enfrenta desafíos significativos en este ámbito.

Un día después, se confirmó el asesinato de Jéssica Núñez, activista trans de 44 años de Villa María, Córdoba. Núñez fue apuñalada en la vía pública y falleció tras ser trasladada a un centro hospitalario. En relación con este crimen, las autoridades detuvieron a Mailén Rogero, señalada como la presunta autora material del ataque, y a Cristian Rogero, quien fue indicado como partícipe necesario y poseía antecedentes por hechos de violencia de género. Estos dos casos se registraron en un período de dos días.

Estos hechos han llevado a diversas expresiones públicas. El 28 de junio en Ciudad de Buenos Aires, durante una movilización contra los crímenes de odio, se replicó un canto que aludía a la frecuencia de estos sucesos: “Señor, señora no sea indiferente, se matan a travestis en la cara de la gente”.

Panorama General: Crímenes de Odio y Contexto Discursivo

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ ha reportado un total de 227 casos durante el año 2025, en contraste con los 140 casos registrados en 2024. Este incremento representa un aumento del 62% y constituye la cifra más elevada en los diez años de seguimiento realizado por la organización. El 62,5% de estos casos (142 incidentes) tuvieron como víctimas a mujeres trans y travestis. Adicionalmente, el 28% de los crímenes registrados fueron atribuidos a la autoría de fuerzas de seguridad.

El Observatorio ha señalado que este aumento en los crímenes de odio se enmarca en un contexto de revisión de derechos, una disminución en la implementación de políticas públicas de apoyo y una legitimación de discursos percibidos como discriminatorios desde instancias gubernamentales. Aunque la discriminación contra personas LGBTIQ+ antecede a la actual administración, el Observatorio advierte una correlación entre el incremento de la violencia y la reiteración de ciertos prejuicios desde la máxima autoridad del Estado, lo cual, según su análisis, puede contribuir a la legitimación de la violencia.

En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente argentino, Javier Milei, se refirió a la “agenda LGBT”, cuestionó las identidades trans y estableció una relación entre homosexualidad y pedofilia. Posteriormente, diversas declaraciones de funcionarios y el desarrollo de una denominada “batalla cultural” han generado debate sobre la percepción de la diversidad sexual. Tras una movilización en febrero de 2025, que contó con asambleas del activismo y un debate social, el presidente Milei ajustó su retórica al referirse a las personas LGBTIQ+.

Factores Socioeconómicos y Movilizaciones Sociales

La población travesti-trans en Argentina continúa enfrentando una situación de precariedad en diversos ámbitos. Esta condición incluye la dificultad para acceder a un empleo formal, a una vivienda adecuada, a la educación y a una atención sanitaria integral. El abordaje de los crímenes de odio requiere una comprensión del contexto socioeconómico en el que se desarrollan.

En relación con la vivienda, la aprobación parcial del proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” en el Senado el 6 de agosto, según la interpretación de diversos analistas, busca facilitar desalojos. Esta medida, argumentan, podría agravar las condiciones de habitabilidad para la población travesti-trans, para quienes el acceso a la vivienda representa un desafío significativo. La movilización social que se manifestó durante el tratamiento de esta ley ha sido señalada como un factor en las modificaciones del proyecto.

Las políticas de ajuste económico implementadas por el gobierno, junto con el desmantelamiento de algunas políticas públicas y el deterioro de la salud y la educación públicas, inciden en estas condiciones de desigualdad. Este panorama afecta a distintas poblaciones, incluyendo la diversidad sexual, en las diferentes provincias del país.

La sociedad civil ha respondido a distintas formas de violencia. El 3 de junio, miles de personas se movilizaron en el marco de una nueva edición del “Ni Una Menos” tras el femicidio de Agostina Vega, demostrando la magnitud de la movilización para enfrentar la violencia por motivos de género. De manera similar, la manifestación de febrero de 2025 mostró la capacidad del movimiento LGBTIQ+ para articularse políticamente, abordando reclamos relacionados con despidos y recortes presupuestarios.

Los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y la Diversidad Sexual, que congregan a miles de participantes anualmente para debatir estrategias contra la violencia de género, continuarán su labor en octubre en Córdoba. Estos espacios abordan la interconexión de las problemáticas sociales y económicas. Las personas trans, frecuentemente excluidas del trabajo formal, comparten problemáticas con otros sectores de la clase trabajadora cuyos salarios se ven afectados por el ajuste económico. La falta de acceso a la vivienda es una dificultad que afecta a amplios segmentos de la población, y el desfinanciamiento del hospital público impacta en todos los usuarios. Estas luchas son a menudo consideradas interconectadas por diversas organizaciones.

Frente a un contexto de debate sobre la discriminación y la implementación de políticas de ajuste, diversos sectores han comenzado a coordinar acciones. Se ha convocado a una movilización en el marco de una huelga general para el 19 de septiembre, o en la fecha en que la Cámara de Diputados aborde la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. La trayectoria de activistas como Gabriela Banach, que optó por la organización, es recordada en el contexto de las demandas de justicia por su caso y el de Jéssica Núñez.