En la ciudad de Córdoba, la investigación en torno al fallecimiento de la adolescente Agostina Vega ha experimentado una modificación relevante. La Justicia ha resuelto hacer lugar a la solicitud de parte de la querella para imputar a Claudio Barrelier, el único acusado en el caso hasta el momento, por femicidio. Este cambio en la carátula de la causa fue dispuesto por el fiscal Raúl Garzón y se produce en un contexto de diversas manifestaciones sociales y pronunciamientos de actores políticos. Una movilización nacional bajo la consigna Ni Una Menos está convocada para el próximo miércoles 3 de junio.

Desarrollo de la Investigación y Reacciones Públicas

La imputación de Claudio Barrelier por femicidio representa una actualización en el proceso judicial. El fiscal Raúl Garzón, quien estuvo a cargo de la investigación, llevó a cabo la modificación de la carátula. Esta decisión judicial se registró en un período posterior a la conferencia de prensa ofrecida por el fiscal el pasado sábado, donde defendió las actuaciones iniciales de la fiscalía y realizó comentarios sobre la labor de los canes en la búsqueda. Dicha conferencia generó diversas críticas y comentarios públicos sobre el procedimiento.

Entre las reacciones a la conferencia de prensa del sábado, se destaca un intercambio entre Laura Vilches, referente de la agrupación de mujeres y diversidad sexual Pan y Rosas en Córdoba, y el fiscal Garzón. Vilches realizó declaraciones críticas sobre las expresiones del funcionario.

"Estamos hablando del femicidio de una nena de 14 años y usted felicita a los canes, ahorresé el cinismo."

Adicionalmente, los abuelos de Agostina Vega fueron aceptados como parte de la querella en la causa, lo que les otorga un rol activo en el seguimiento judicial del caso.

En este marco, la organización Ni Una Menos Córdoba convocó a una conferencia de prensa, donde se solicitó un proceso de enjuiciamiento para el fiscal Raúl Garzón. Asimismo, se demandó la destitución del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. Los solicitantes mencionaron que la Justicia y los funcionarios del gobierno provincial, liderado por Martín Llaryora, son cuestionados por no haber activado los protocolos de búsqueda inmediata ni el Alerta Sofía tras la desaparición de Agostina.

Respuestas Oficiales y Antecedentes Procesales

La cronología de los hechos, según lo documentado, indica que la familia de Agostina Vega intentó denunciar su desaparición en la madrugada del domingo 24, pero no obtuvo éxito en las primeras horas. La Alerta Sofía fue activada el miércoles 27. La información que contribuyó al avance de la investigación provino mayoritariamente de la propia familia de la víctima, de vecinos y de un conductor de remís que había visto a Agostina por última vez y se enteró de su desaparición a través de publicaciones en redes sociales. Maestras y amigas de Agostina también impulsaron movilizaciones iniciales para visibilizar el caso.

Mientras se esperan los datos concluyentes de la autopsia, y luego de que la madre de Agostina recibiera atención médica tras una descompensación sufrida el viernes durante una movilización, distintos actores políticos han emitido sus declaraciones.

El lunes, la Ministra de Seguridad del Gobierno, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso de Agostina como "un homicidio, sea cual fuere". En sus declaraciones, la ministra afirmó su conocimiento sobre los recursos disponibles en la provincia de Córdoba para abordar este tipo de casos, indicando que:

"Conozco al detalle de lo que cuenta la provincia de Córdoba para trabajar con estos casos y eso nos deja a todos muy tranquilos. Los recursos tecnológicos y humanos son de primera calidad."

Monteoliva también defendió públicamente la actuación del fiscal Garzón, señalando en medios de comunicación que:

"La investigación ha mostrado esos resultados, una investigación se mide por los resultados."

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ha sido señalado por algunas organizaciones por su postura respecto a la categorización de los femicidios, incluido el planteamiento del Presidente en un Foro de Davos sobre la posible remoción de esta categoría del Código Penal. Por otro lado, un sector de la política también denunció la difusión de una información sobre Myriam Bregman, que fue publicada por el portal La Derecha Diario, presuntamente financiado con pauta publicitaria de YPF, mostrando una fotografía editada de la dirigente.

En relación con el acusado, Claudio Barrelier, se ha señalado una vinculación con Ricardo Moreno, concejal del peronismo en Córdoba Capital. Moreno, quien anteriormente fue abogado de Barrelier en una causa por privación ilegítima de la libertad, es mencionado por haber gestionado su ingreso laboral en la municipalidad de Córdoba. En el caso anterior, una víctima denunció haber sido amenazada con un arma, atada de manos y amordazada en su domicilio, logrando escapar. Barrelier fue detenido por 20 días y posteriormente liberado.

En declaraciones recientes, Ricardo Moreno contradijo el testimonio de la víctima de la causa anterior, afirmando que:

"El fiscal actuó de acuerdo a derecho; no había tentativa de violación como dicen los medios."

Moreno confirmó en la misma entrevista que hasta el viernes pasado ejerció como abogado defensor de Claudio Barrelier, junto a su yerno y socio Jorge Sánchez del Bianco.

Contexto Social y Convocatorias por Ni Una Menos

La situación en Córdoba se inscribe en un debate más amplio sobre la violencia de género y la respuesta institucional. En la Legislatura de Córdoba, siete bloques opositores al peronismo (UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos) han presentado un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Garzón y contra Iván Rodríguez, fiscal que había solicitado la liberación de Claudio Barrelier en la previa causa por privación ilegítima de la libertad. Algunos sectores han expresado reservas sobre la credibilidad de esta iniciativa, argumentando que bloques como La Libertad Avanza han reducido programas nacionales contra la violencia de género, como el Plan Acompañar de ayuda económica y la línea telefónica 144 para víctimas de violencia.

Mientras se desarrollan los procedimientos judiciales y políticos, diversas organizaciones sociales y miles de ciudadanos se han manifestado en redes sociales y en convocatorias públicas. Una movilización está prevista para el próximo miércoles 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos, con el objetivo de visibilizar la demanda de justicia por Agostina Vega, Noelia, Sofía Fernández y otras víctimas de femicidios y crímenes de odio en el país. Datos estadísticos del país indican que, en promedio, una mujer es víctima de femicidio cada 31 horas.