Acciones Gubernamentales y Judiciales Ante la Convocatoria a Sesión Legislativa y Movilizaciones del 15 de Octubre

En el contexto de la sesión legislativa programada para el 15 de octubre, destinada a debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia han implementado diversas acciones. Estas iniciativas buscan responder a la preocupación pública por la regulación de la propiedad de tierras por parte de extranjeros y gestionar el ambiente generado por la movilización del 6 de agosto. Sin embargo, las negociaciones entre sectores políticos y las resoluciones judiciales de carácter provisional no han logrado disolver completamente el conflicto, manteniendo en pie la convocatoria a una movilización frente al Congreso, que busca influir en el programa económico propuesto por el gobierno.

Contexto de Movilizaciones y Reacciones Políticas

Los eventos del 6 de agosto continúan siendo un punto de referencia para la dirigencia política. Durante esa jornada, una movilización de gran escala se concentró frente al Congreso de la Nación, resultando en el retiro de un capítulo sobre la regulación de tierras por parte de extranjeros y modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego, que formaban parte de un proyecto de ley más amplio sobre la propiedad privada. La jornada estuvo marcada por resistencia a la intervención policial.

Posteriormente, la decisión inicial de la Corte Suprema de Justicia de revocar una medida cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/23, que permitía la adquisición de tierras por parte de extranjeros, generó una amplia reacción negativa. Esta situación impulsó la iniciativa de una nueva movilización y la convocatoria a una sesión legislativa para el jueves 15 de octubre con el objetivo de debatir la totalidad del DNU 70/23, que había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024 pero permanecía sin tratamiento en la Cámara de Diputados.

Medidas Adopadas por el Gobierno y el Poder Judicial

Ante la perspectiva de una movilización significativa el 15 de octubre, se han observado diversas acciones por parte de distintos actores políticos:

• El sector oficial impulsó un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales para el miércoles 14 de octubre. Con el respaldo de bloques como el PRO y el MID, se busca reincorporar un límite del 15% a la venta de tierras a extranjeros dentro de un proyecto de Ley de Propiedad Privada. Esta iniciativa podría ofrecer una opción a sectores legislativos aliados que buscan diferenciarse en el tema de la regulación de tierras sin alterar acuerdos con el oficialismo, proponiendo un cambio parcial para reducir la tensión sin modificar el núcleo de las desregulaciones del DNU 70/23.
• La Corte Suprema de Justicia dictó el pasado viernes una medida cautelar, con la participación de conjueces designados para la ocasión, que suspendió la derogación de la Ley de Tierras. Esta resolución no aborda la cuestión de fondo, pero deja abierta la discusión judicial y la definición política en manos del Congreso, modificando su postura inicial en respuesta al descontento público. La medida podría tener el efecto de ganar tiempo y disminuir la presión sobre los diputados que deben pronunciarse sobre el DNU.
• El oficialismo convocó a una sesión especial para el 21 de octubre al mediodía, incluyendo en el temario proyectos de interés para bloques aliados. Esta acción podría estar orientada a incentivar que los diputados desistan de otorgar el quórum necesario para la sesión del 15 de octubre, buscando asegurar la continuidad del DNU 70/23, considerado central para el programa económico del gobierno.

Negociaciones Políticas y Perspectivas de la Movilización Social

En este período, se intensifican las negociaciones. El Poder Ejecutivo, a través de funcionarios como Karina Milei y Diego Santilli, ha mantenido conversaciones con gobernadores y legisladores aliados para asegurar el apoyo parlamentario necesario. Sin embargo, la movilización programada para el 15 de octubre, convocada a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Congreso, coincidirá con la 5° Marcha Universitaria, que demanda la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta movilización representa un punto de inflexión para el gobierno, cuya aprobación de gestión ha mostrado un descenso.

En este contexto, la preocupación entre los partidos tradicionales incluye la posibilidad de que el gobierno enfrente un desafío significativo debido a la movilización ciudadana y que esto afecte aspectos clave de su programa económico. Esta perspectiva sugiere una posible explicación para la posición de algunos sectores, como el Movimiento de Defensa de la Democracia y la Familia (MDF) de Axel Kicillof, que han evitado referirse a la derogación total del decreto.

Este jueves 15 de octubre nos vemos en la 5° Marcha Federal Universitaria.

La defensa de la universidad pública es una lucha de todo el pueblo argentino.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 13, 2026

Asimismo, se ha observado que las centrales sindicales lideradas por el peronismo no han convocado a una jornada masiva de protesta frente a la situación.