Legisladora Natalia Morales Expone Disparidades en el Trato y el Proceso de Titularización de Tierras Indígenas en Jujuy

En una reciente sesión de la Legislatura provincial, la legisladora Natalia Morales, representante del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (PTS FITU), llevó a debate la situación de la titularización de tierras comunitarias indígenas. En su intervención, Morales caracterizó la relación del Estado con estas comunidades como una "deuda histórica" en lo que respecta a la entrega de títulos de propiedad, y afirmó que "se actúa con racismo y con violencia a quienes reclaman por sus derechos territoriales".

Análisis Legislativo y Denuncia de Trato Diferencial

La legisladora Morales inició su exposición cuestionando la existencia de un trato diferenciado en el ámbito legislativo. Según su argumento, mientras los miembros de pueblos originarios que buscan ser escuchados en las comisiones pertinentes son sometidos a la presentación de numerosos requisitos, notas y procedimientos burocráticos, las cámaras mineras e industriales, en contraste, recibirían un acceso facilitado a estas mismas instancias.

En el mismo sentido, Morales se refirió a declaraciones atribuidas a un vocero del Gobierno, quien, según la interpretación de la legisladora, habría calificado a familias indígenas que defienden sus lugares de residencia como "delincuentes". Morales señaló que estas declaraciones, a su juicio, legitimarían acciones represivas. En este contexto, la legisladora mencionó específicamente episodios de represión, la destrucción de viviendas y la alegada pérdida de un embarazo por parte de una mujer, vinculándolos a las disputas territoriales.

La intervención de la legisladora también abordó una perspectiva histórica, argumentando que las comunidades indígenas han sido objeto de un proceso de despojo que, según su análisis, se prolonga por más de 500 años. Morales destacó que, a pesar de la participación de estas comunidades en conflictos históricos como las guerras de Independencia y la gesta del 23 de agosto, las tierras en cuestión habrían permanecido en posesión de lo que ella denominó "los mismos terratenientes de la Colonia", refiriéndose a familias influyentes en Jujuy.

En resumen, Morales describió una continuidad histórica de lo que consideró "injusticias y luchas por la tierra", con una respuesta estatal que, a su entender, se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.

Incumplimientos en la Titularización de Tierras y Cifras Oficiales

Continuando con el desarrollo histórico, la legisladora recordó que en 1949, la Nación expropió una extensión de tierras con el objetivo específico de que la Provincia las entregara a las comunidades. Sin embargo, Morales afirmó que estas tierras no fueron efectivamente restituidas, sino que permanecieron bajo la categoría de "tierras fiscales", las cuales, según su argumentación, son utilizadas actualmente para "negocios". La legisladora sostuvo que esta situación de despojo impulsó a miles de personas a migrar hacia centros urbanos o áreas rurales de explotación, donde trabajaron en industrias como la azucarera, el tabaco, la minería y Zapla, sin poder acceder a lotes para vivienda.

La paradoja es: en sus comunidades los tratan de usurpadores... y en las ciudades, también.

Un punto central de su discurso fue la alusión a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Morales afirmó que en el año 2013, el máximo tribunal ordenó a la provincia de Jujuy proceder con la titularización definitiva de las tierras comunitarias y garantizar el derecho a la consulta previa a las comunidades afectadas. La legisladora sostuvo que la respuesta del Gobierno provincial a esta orden fue de "desobediencia".

Para respaldar su crítica, Morales hizo referencia a la Nota 10421, presuntamente emanada de la propia Secretaría de Pueblos Indígenas. Según la legisladora, este documento contendría datos que ella interpretó como una evidencia del incumplimiento. Los datos numéricos citados por Morales son:

• Desde el año 2016, solo se habrían entregado 5 títulos comunitarios en la totalidad de la provincia.
• Existen 80 comunidades que aún no han sido relevadas, y 39 con sus trámites de titularización paralizados.
• En total, se han entregado únicamente 73 títulos, en contraste con las más de 300 comunidades existentes.

La legisladora caracterizó esta situación como una desproporción en la aplicación de las políticas estatales, aludiendo a una "rapidez" en los procesos de desalojo y una "lentitud" en el cumplimiento de las obligaciones legales.

¿Con qué cara tratan de criminales a las comunidades, si es el propio Estado el que viola la Constitución, desobedece a la Corte y actúa como un usurpador?

Marco Político y Convocatoria a Movilización

En la fase final de su intervención, Natalia Morales estableció una conexión entre las políticas observadas y posturas políticas más amplias. La legisladora argumentó que las prácticas actuales coinciden con la "derecha" y la negación de la "deuda histórica" con los pueblos originarios. Afirmó que se busca profundizar los desalojos de manera que ella describió como "a lo pirata", con el objetivo de apropiarse de los territorios. Según su interpretación, la finalidad sería entregar estas tierras "en bandeja al imperialismo y empresarios", sugiriendo la existencia de "curritos en el medio".

Como respuesta a esta situación, la legisladora Morales anunció la convocatoria a una "Marcha de la Bronca". Esta movilización, según sus palabras, está dirigida a protestar contra los desalojos y a exigir la "devolución inmediata de los territorios a sus verdaderos y ancestrales pobladores".