Desalojo de Residencia en Madrid: Negociaciones Previas y Desarrollos Posteriores

El 23 de septiembre, una mujer de 87 años identificada como Maricarmen fue desalojada de su residencia en Madrid, un proceso que fue precedido por diversas gestiones y propuestas de mediación por parte de la entidad pública Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, y la representación legal de la inquilina, dirigidas a Urbagestión SL.

Comunicaciones Previas al Desalojo

Las comunicaciones entre las partes se intensificaron en las horas previas al desalojo. El 22 de septiembre, a las 19:17 horas, Maribel Ramos, presidenta de Casa 47, intentó contactar con la abogada de Urbagestión. A través de mensajes, Ramos comunicó la existencia de un donante anónimo dispuesto a cubrir los 2.600 euros de alquiler que la empresa solicitaba, una cantidad que Maricarmen, con una pensión de 1.400 euros, no podía asumir.

El 23 de septiembre, a las 10:32 horas, se envió un mensaje adicional solicitando un aplazamiento de un mes para buscar una alternativa, con el compromiso de la abogada de Maricarmen de que la vivienda sería desocupada en ese plazo. Según la información disponible, la abogada de Urbagestión no respondió a estas comunicaciones.

Inicio de la Mediación y Propuestas de Acuerdo

El proceso de mediación había comenzado el 18 de junio, cuando Maribel Ramos contactó por primera vez con la abogada de Urbagestión. Casa 47 propuso la compra del inmueble para incorporarlo al parque público de vivienda, permitiendo la permanencia de Maricarmen, o una negociación sobre el precio del alquiler con un complemento de renta pública a su pensión.

El 20 de junio, Urbagestión SL, a través de sus propietarios Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, aceptó el proceso de mediación pero declinó la venta del piso, argumentando que era la “única vivienda” que poseía la sociedad.

A principios de julio, Casa 47 presentó una propuesta de contrato de arrendamiento de siete años, en la que Maricarmen mantendría un pago de 500 euros, y el resto sería completado con un complemento de renta a su pensión. Esta propuesta ofrecía a la propiedad una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a negociación. Urbagestión acusó recibo y se comprometió a responder.

Respuestas de la Propiedad

A finales de julio, Casa 47 reiteró su propuesta y solicitó una respuesta “urgente”. La entidad pública recibió la contestación de que “Mis clientes están de vacaciones”. A principios de septiembre, una conversación telefónica entre Maribel Ramos y la abogada de Urbagestión evidenció posiciones divergentes:

“No os lo estáis tomando en serio y estamos a pocos días del desahucio. Si vuestra respuesta es que no, decidlo y tomamos otras medidas”, afirmó Maribel Ramos.

La abogada de Urbagestión respondió:

“No nos fiamos del Sindicato de Inquilinas. ¿Quién le paga a mis clientes ahora el daño reputacional? No son ningún fondo buitre, son una pequeña empresa familiar”.

A lo que Maribel Ramos replicó:

“Serán una pequeña empresa familiar, pero se están comportando como buitres”.

Ante la falta de respuesta, el Ministerio de Vivienda intentó contactar a Urbagestión la semana previa al desalojo a través de la secretaria de administración de Leire Iglesias, secretaria de Estado. La abogada de la empresa comunicó que sus clientes “no tienen nada que hablar” con la secretaria de Estado y no estaban dispuestos a “ningún aplazamiento” debido a un “suficiente retraso”.

Ejecución del Desalojo y Eventos Posteriores

El día del desalojo, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, solicitó a la empresa 15 días de margen, y posteriormente una semana, a través de la procuradora presente en la vivienda, lo cual fue denegado. Según testigos presenciales, una de las dos representantes de la comisión judicial se ofreció a interceder telefónicamente para un aplazamiento, dadas las circunstancias.

Finalmente, a las 13:05 horas del 23 de septiembre, un cerrajero procedió a la apertura de la puerta de la vivienda, habitada por Maricarmen desde 1956. Agentes de policía accedieron al inmueble para ejecutar el desalojo, y la inquilina fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada.

El viernes siguiente, 48 horas después del desalojo, Urbagestión emitió un comunicado ofreciendo el inmueble a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid para que pudiera ser puesto a disposición de Maricarmen. El Consistorio rechazó la propuesta, calificándola de “inviable”, y propuso una mediación para el lunes siguiente.

En el Sindicato de Inquilinas se han recibido diversas ofertas de apoyo para Maricarmen, incluyendo cuidado y ofrecimientos de viviendas. Desde el hospital, Maricarmen realizó las siguientes declaraciones:

“No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir peleando. Por favor, luchad”.