Hallazgos de la UCO sobre vínculos comerciales entre proveedor y directivo de Quirón Prevención

Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido incorporado a las diligencias judiciales, arrojando luz sobre las relaciones comerciales entre Alberto González Amador, identificado como proveedor del grupo Quirón, y Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención, así como Gloria Carrasco, cónyuge de Camino. El documento analiza las interacciones financieras y contractuales, examinando su conformidad con el código ético del grupo sanitario privado y el incremento en la facturación de las empresas de González Amador al Grupo Quirón.

Análisis de las Relaciones Comerciales y el Marco Ético Corporativo

El informe de la UCO sustenta las indicaciones sobre prácticas que, según se desprende, podrían contravener el código de conducta del grupo de sanidad privada Quirón. Dicho código inicia con la frase en inglés: “Your gut tells you something is wrong” [“Tu instinto te dice cuándo algo está mal”] y establece principios como el rechazo a todas las formas de corrupción, buscando evitar cualquier situación que pueda generar el “más mínimo atisbo de corrupción”.

El documento ético de Quirón enfatiza que la selección de sus socios comerciales se basa en criterios cualitativos, económicos y éticos, y que solo colaboran con socios cuyos valores se alineen con sus principios corporativos y cuya cooperación no haya sido influenciada por actos de corrupción. Define la corrupción como el abuso de la posición profesional o del poder para obtener una ventaja ilícita para uno mismo o para terceros. Este código se aplica a la totalidad del personal del Grupo Quirónsalud, incluyendo directivos, empleados, colaboradores y personal externo, abarcando también a personas y/o sociedades que prestan servicios mediante contratos, como es el caso del empresario Alberto González Amador.

El grupo Quirón, parte del conglomerado alemán Fresenius (que cotiza en bolsa), ha declinado emitir comentarios respecto a si iniciará alguna investigación interna para esclarecer la naturaleza de las relaciones de su directivo Fernando Camino con González Amador, quien es un proveedor significativo para la entidad, según datos recientes. A pesar de las disposiciones de su código ético, la filial ha mantenido su vínculo comercial con González Amador tras la imputación del empresario por varios presuntos delitos económicos en dos procedimientos judiciales.

Además, se ha documentado que Quirón proporcionó a González Amador una identidad alternativa en la intranet de la compañía, “Alberto Burnet González”, nombre que se relaciona con una sociedad establecida en Florida (Estados Unidos) a finales de 2022. En esta intranet, Quirón lo describe como “director” de proyectos, con un correo corporativo propio del grupo, a pesar de que González Amador ha sostenido que es un proveedor externo.

Flujos Financieros y Operaciones Empresariales Examinadas

Entre los años 2021 y 2023, las empresas vinculadas a Alberto González Amador facturaron al grupo de sanidad privada Quirón un total de 4,4 millones de euros, según un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) presentado en el juzgado. Los pagos del grupo a las entidades de González Amador registraron un aumento de hasta siete veces tras el inicio de su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Específicamente, en 2022, año del que no se conocía el detalle de sus ingresos hasta ahora, González Amador cobró de Quirón cerca de 2 millones de euros, en contraste con los 275.274 euros percibidos en 2020.

El grupo Quirón ha sido, durante años, la principal fuente de ingresos para González Amador. Coincide con su posición como principal receptor de contratos derivados de la política de externalización de parte del servicio sanitario implementada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con una facturación anual aproximada de 1.000 millones de euros provenientes de fondos públicos.

El informe de la UCO identifica de manera recurrente la figura de Fernando Javier Camino en la operación por la cual González Amador pagó a finales de 2020 una cantidad de 499.836 euros por Círculo Belleza SL, una empresa de tratamientos de estética con escasos activos y limitada facturación, formalmente a nombre de Gloria Carrasco, esposa de Camino. Camino no figura como investigado en este procedimiento judicial, a diferencia de su esposa y de González Amador.

Esta adquisición se produjo después de una operación en la que González Amador obtuvo 2 millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia a la empresa gallega MAPE, de la cual un directivo de Quirón administraba. La Fiscalía ha considerado que esta operación podría constituir un “soborno”. De forma provisional, la UCO confirma que Círculo Belleza SL, posteriormente renombrada como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL y utilizada para propósitos fiscales, “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón, lo que implicaría que facturó al grupo sanitario por trabajos cuya realización le era materialmente imposible, una advertencia ya emitida previamente por la AEAT.

La Guardia Civil también señala que la cifra de negocios de Maxwell Cremona, consultora principal de González Amador, en el ejercicio 2021, estaría directamente relacionada con la facturación emitida a Quirón Prevención SLU por 722.180 euros y a la propia Masterman por 600.000 euros. Fue en 2021 cuando trascendió la relación de González Amador con la presidenta madrileña, siendo presentado en medios como “técnico sanitario”. El informe de la UCO, al igual que la investigación de la AEAT en su momento, indica que Círculo Belleza ya en 2014 declaraba cobros “únicamente de MAPE” y pagos por compras a Massias Kuhn, la predecesora de Maxwell Cremona.

Investigaciones en Curso y Ramificaciones Corporativas

En el contexto de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que investiga a González Amador y a la cónyuge del directivo de Quirón por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales, se ha revelado la existencia de una inspección de la AEAT dirigida a Fernando Camino. Esta inspección se suma a las ya abiertas a Gloria Carrasco, a Quirón Prevención, (cuya apertura se refleja en las últimas cuentas de la empresa), y a Helios Healthcare Spain SL, la entidad cabecera de los negocios del grupo Fresenius en España.

La UCO ha manifestado la necesidad de ampliar el periodo de análisis de las relaciones comerciales entre González Amador y Carrasco, recomendando extenderlo al menos al periodo comprendido entre 2014 y la actualidad. Este informe incluye un diagrama de las relaciones entre Camino, Carrasco, González Amador y las entidades Quirón Prevención, Círculo Belleza, Mape Asesores y Maxwell Cremona. Sin embargo, no se incluye en este mapa otra sociedad vinculada a González Amador y Camino: Inversiones Random SL, constituida en mayo de 2005 por el directivo de Quirón y liquidada el 16 de marzo pasado.

Documentos remitidos al juzgado en la causa penal contra González Amador por delitos fiscales indican que, poco después de la creación de Maxwell Cremona en 2017, se acordó el pago de 2.000 euros anuales a Inversiones Random, la empresa de Camino, por publicidad en el velero “Adagio II”, propiedad del directivo de Quirón. El informe de la UCO tampoco detalla un contrato firmado en enero de 2019 entre Maxwell Cremona y Círculo Belleza SL. Este acuerdo estipulaba que, mientras González Amador realizaba auditorías para hospitales de Quirón por encargo de Fernando Camino, su empresa recibiría “asesoramiento” de la firma de Carrasco, la cual entonces tenía entre sus accionistas al propio Camino y al cuñado del ejecutivo del grupo sanitario.

El contrato de asesoramiento comprendía “investigaciones y análisis de evolución de mercados”, planes de formación, “sistemas de gestión empresarial, incluyendo la planificación a corto y largo plazo, planes estratégicos y programas de acción táctica”, y la “toma de decisiones de naturaleza gerencial y estratégica”. El documento afirmaba que la empresa de González Amador requería servicios “imprescindibles” y que, sin Círculo Belleza SL, se vería obligada a contratar consultores externos con un “inferior grado de especialización sectorial y de conocimiento en los procedimientos del grupo”. El acuerdo tenía una duración inicial de un año y no especificaba cifras fijas, estableciendo que Círculo Belleza cobraría “una cantidad que se pactará en función de los proyectos solicitados”. La documentación judicial del caso de delitos fiscales de González Amador registra al menos cuatro facturas de Maxwell a Círculo Belleza entre enero de 2019 y octubre de 2020, por un total de 20.000 euros más IVA, bajo el concepto de “Trabajos de Consultoría y Asesoramiento de los Directivos en Temas Sanitarios”, cifra inferior al medio millón de euros que González Amador pagaría por Círculo Belleza semanas después.