Informe de la Agencia Tributaria detalla facturación de 4,4 millones de euros a Quirón Prevención por sociedades de Alberto González Amador

Un informe reciente de la Agencia Tributaria revela que las empresas vinculadas a Alberto González Amador, identificado como pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, facturaron un total de 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, generando indicios de simulación en algunas operaciones.

Detalle de la Facturación y Análisis de la Agencia Tributaria

Según la información contenida en un informe de la Agencia Tributaria, Alberto González Amador, a través de sus sociedades Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento de la Eficiencia y el Ahorro Energético S.L. (conocida como Maxwell Cremona) y Masterman & Whitaker S.L., facturó 4.400.000 euros a Quirón Prevención. Estas operaciones se realizaron por servicios de consultoría durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023.

La distribución de estas cantidades, que incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), es la siguiente: 1.000.000 de euros en 2021, cerca de 2.000.000 de euros en 2022 y 1.400.000 euros en 2023. La Agencia Tributaria ha señalado la existencia de "indicios de simulación" en relación con la canalización de parte de estos ingresos a través de Masterman & Whitaker S.L., una entidad que la propia Agencia ha descrito previamente como una "empresa pantalla" en el marco de sus actuaciones.

La relación sentimental entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Alberto González Amador fue objeto de cobertura mediática en la primavera de 2021. Las operaciones financieras examinadas por la Agencia Tributaria se iniciaron en este mismo año, un hecho que se contextualiza en el marco temporal de dicha relación, sin que se precise el momento exacto de su inicio.

Inspecciones Administrativas y Procedimientos Judiciales Concurrentes

El documento de Hacienda también ha puesto de manifiesto que el departamento de Grandes Contribuyentes está llevando a cabo una investigación sobre Helios Healthcare, la entidad matriz del grupo sanitario Quirón, en su capacidad de representante fiscal del conglomerado. Paralelamente, existen comprobaciones activas de Hacienda sobre Quirón Prevención relativas al Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 2020 a 2023, el IVA de 2021 a 2023, y las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al periodo 2021-2023.

En este contexto, la Agencia Tributaria ha solicitado al juez instructor de la causa que investiga a Alberto González Amador que proceda a la suspensión del procedimiento inspector que afecta a las mencionadas sociedades del empresario. Esta solicitud se fundamenta en la constatación de que las actuaciones administrativas pueden estar directamente relacionadas con la investigación penal en curso, en la que el empresario se encuentra imputado por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Hacienda ha argumentado que la resolución de las actuaciones inspectoras depende directamente de los hechos que sean declarados probados por la Jurisdicción Penal. Es importante destacar que la Ley General Tributaria establece que la Inspección no puede suspender procedimientos por iniciativa propia en estos escenarios, requiriendo una orden explícita del órgano judicial para la paralización. En consecuencia, la Agencia ha formalizado su petición al juzgado para que se ordene la paralización parcial de la inspección tributaria, enfocándose "exclusivamente" en la verificación de los servicios ejecutados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker.

Investigaciones Penales Abiertas y Sus Ramificaciones

El ámbito judicial mantiene activas dos investigaciones penales diferenciadas que giran en torno a Alberto González Amador, sus actividades de facturación y los vínculos establecidos con el grupo sanitario Quirón. Cabe señalar que los hospitales de este grupo recibieron una asignación de casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid entre los años 2021 y 2024.

Una de las causas penales se refiere a un supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros, presuntamente cometido durante el periodo de la pandemia mediante la utilización de un esquema de facturas que la acusación considera falsas. Por estos hechos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para el empresario, por dos delitos de fraude fiscal. Este caso está pendiente de juicio.

La segunda investigación penal, que se encuentra en fase de instrucción en el juzgado de Antonio Viejo en la Plaza de Castilla de Madrid, examina la relación del empresario con Quirón Prevención y con Fernando Camino, un directivo de dicho grupo. Recientemente, el juez ha encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe exhaustivo sobre las cuentas bancarias del empresario, después de un periodo de varios meses sin avances significativos en la causa.

Esta segunda línea de investigación aborda la adquisición por parte del empresario de una sociedad propiedad de la esposa del Sr. Camino por un importe de medio millón de euros. La indagación judicial busca determinar si dicha transacción correspondió a una compraventa legítima o si, por el contrario, constituyó un pago con otras motivaciones, siendo una de las hipótesis un posible pago encubierto asociado a una comisión.

Las investigaciones de índole penal se han desarrollado de manera concurrente con las inspecciones iniciadas por la Agencia Tributaria, abarcando a Alberto González Amador, Fernando Camino, el grupo Quirón y las empresas asociadas al empresario. En documentos e informes recientes, la Agencia Tributaria ha insistido en su solicitud de autorización judicial para suspender sus inspecciones, con el objetivo de evitar duplicidades y descoordinaciones entre los procesos administrativo y judicial, reiterando la posición de la entidad sobre la interdependencia de los procesos, manifestando:

El resultado de dichas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados por la Jurisdicción Penal.