Informe Detalla Factores en la Expansión de la Oferta Universitaria Privada y Limitaciones de la Pública en España

Un informe reciente, titulado Cuándo, cómo y por qué: factores explicativos del crecimiento de la universidad privada en el sistema universitario español, elaborado por los profesores Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, ha identificado que aproximadamente 17.000 estudiantes cada año no consiguen una plaza en las 15 titulaciones públicas más demandadas en España, lo que contribuye a la expansión del sector privado universitario. El estudio, publicado este curso, profundiza en las causas de esta situación, yendo más allá de la financiación para analizar también las dinámicas internas de los centros públicos y la planificación sectorial.

El análisis subraya que, a lo largo de los últimos años, el sistema universitario público ha iniciado cada curso con una cantidad significativa de estudiantes que, con notas de corte superiores a 10, no han podido acceder a las titulaciones de su preferencia. Estos estudiantes, al no encontrar acomodo en la oferta pública, se han dirigido a instituciones privadas para continuar su formación académica. La investigación efectúa una revisión de la trayectoria del sector privado en la educación universitaria española, observando un incremento desde menos de diez centros antes del año 2000 hasta cerca de cincuenta en la actualidad.

Los autores del informe, Juan Hernández Armenteros, profesor de economía en la Universidad de Jaén, y José Antonio Pérez García, profesor de economía en la Universidad Politécnica de València, son colaboradores habituales en los informes anuales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Su estudio se distingue por abordar, además de la financiación, otros factores explicativos del crecimiento del sector privado, como la responsabilidad de la dirección universitaria y las dinámicas internas de los campus.

Según Hernández, los datos indican que la oferta de la universidad pública no siempre se ajusta a las preferencias formativas de la población, lo cual está condicionado tanto por la disponibilidad de fondos como por las decisiones internas. El profesor explica que los departamentos universitarios ejercen presión para proteger sus intereses, como la creación de nuevos títulos o la asignación de horas de docencia a su personal. Esta dinámica puede implicar que los recursos destinados a un programa no se inviertan en otro que podría tener mayor demanda social.

El área de conocimiento de titulaciones que no están muy demandadas y no tienen potencialidad para ocuparse de sus profesores presionarán para que no se cree un determinado título [de otra área que sí está demandado] porque detrae recursos que podrían ser para ella. Está muy presente todavía ese carácter corporativo, es una realidad en toda la universidad pública que no puede cuestionar nadie. Es un lastre que está ahí.

Esta declaración de Hernández, basada en su experiencia en equipos directivos universitarios y su rol asesor en el Ministerio, subraya la persistencia de un enfoque corporativo dentro de la universidad pública. Asimismo, se menciona que los colegios profesionales también pueden influir en la limitación de plazas en ciertas titulaciones.

El resultado de estas prácticas, conforme al informe, es que las universidades públicas presentan una oferta limitada en carreras con alta solicitud y una sobreoferta en otras con menor demanda estudiantil, distanciándose parcialmente de las preferencias del alumnado. Hernández sostiene que esta situación implica una responsabilidad por parte de los responsables políticos y universitarios en la planificación del sector. Aunque existen factores externos que favorecen el crecimiento del sector privado, como el aumento de las rentas familiares o la concentración poblacional, los factores internos mencionados sí son susceptibles de intervención.

Análisis Comparativo de la Oferta Académica y la Demanda Estudiantil

La comparación de la distribución de estudiantes en titulaciones con alta demanda entre el sector público y el privado revela diferencias significativas en la adaptabilidad a las preferencias de los estudiantes en la última década. El informe indica que la oferta global de plazas en las universidades públicas ha permanecido estable entre el curso 2015/2016 y el 2024/2025, el último periodo con datos consolidados. Las plazas ofrecidas pasaron de 237.884 a 241.613, lo que representa un aumento de aproximadamente el 2%.

En contraste, las titulaciones con mayor demanda han experimentado un incremento en el número de plazas en el sector público, si bien este aumento ha sido notablemente menor que el observado en el sector privado. Los autores señalan que en los centros privados “los crecimientos se evidencian con rotundidad en los ámbitos que concentran la demanda efectiva”.

En áreas específicas, se observa que la oferta de plazas en Informática en la universidad pública aumentó un 25% en diez años, mientras que en la privada lo hizo un 250%. En Enfermería, el crecimiento fue del 12% en la pública frente al 69% en la privada. Otros estudios de Ciencias de la Salud mostraron un incremento del 11% en el sector público y del 38% en el privado. Medicina, una de las titulaciones con mayor demanda, registró aumentos de entre el 15% y el 47% según la red universitaria. Los centros privados también han incrementado significativamente su oferta en Economía, diversas titulaciones de ciencias sociales y del comportamiento, Administración y Dirección de Empresas, y Arquitectura, a diferencia de las 50 universidades públicas, que han mantenido un crecimiento limitado.

Consideraciones sobre la Planificación Estratégica en el Sistema Universitario

Hernández y Pérez argumentan que “no toda demanda social debe tener idéntica respuesta en el sistema universitario público” y que “es preciso que los responsables universitarios, al programar la oferta académica y su dimensión, actúen con criterios de rentabilidad social por el carácter mayoritariamente público de la financiación destinada a su provisión”. Sin embargo, el Consejo de Universidades del Ministerio, que agrupa a la administración con los rectores, no estaría realizando una labor de planificación estratégica de la oferta, según los autores.

Hernández explica que en ciertas titulaciones, esta planificación, que corresponde al Consejo, nunca se ha llevado a cabo. Esta situación, según el profesor, afecta al sector público y beneficia al privado, que capitaliza la rigidez del sistema público en titulaciones con baja demanda social, y que incluso en ocasiones mantiene una producción de graduados que excede las necesidades del mercado laboral, pudiendo frustrar las aspiraciones profesionales. El profesor plantea que no resulta lógico que todas las universidades públicas ofrezcan una amplia gama de estudios, incluso si la demanda es baja o si la oferta supera claramente la capacidad de absorción del mercado laboral futuro.

Como ejemplo, Hernández menciona la formación de maestros, área que anualmente produce un número de profesionales superior a lo que el sistema puede integrar, recordando una controversia entre rectores tras sugerir en un informe, después de la pandemia, que había un excedente de plazas para la formación de docentes.

Aunque se puede invocar el carácter social de los centros universitarios y su función de servicio público para justificar una política generalista de oferta, Hernández reflexiona sobre la necesidad de considerar las implicaciones de dirigir a estudiantes hacia titulaciones con pocas perspectivas de inserción laboral.

El informe detalla que titulaciones como Enfermería, que registran solicitudes de preinscripción en primera opción que cuadriplican la oferta (481% respecto a la oferta), han experimentado un crecimiento de la oferta de solo el 19.1% en el periodo 2015-2023. Medicina y Odontología presentan índices de preferencia aún más elevados, con 1.066.4% y 1.035%, respectivamente, mientras que su oferta de plazas ha tenido aumentos limitados (Medicina un 15.7%) o incluso retrocesos (Odontología, -2.3%).

Los autores estiman que la creación de plazas para los aproximadamente 17.000 estudiantes que no acceden a los centros públicos requeriría una inversión de 549.25 millones de euros anuales, calculada con el coste actual por alumno en las universidades públicas. Esta cifra representa un 6.6% del total de la financiación autonómica destinada a universidades en el año 2023.