José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Audiencia Nacional por múltiples delitos

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, se presenta este miércoles ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado, siendo el primer exmandatario en hacerlo en esta instancia judicial. El juez instructor José Luis Calama le imputa como presunto líder de una estructura organizada dedicada al tráfico de influencias, con indicios de hasta siete delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

La comparecencia se enmarca en dos piezas separadas de la causa y, según lo anticipado, el señor Zapatero responderá principalmente a su abogado, Víctor Moreno Catena, además de al propio instructor. Tras el interrogatorio, se celebrará una vista para que las partes propongan medidas cautelares, que pueden variar desde la prisión provisional hasta la retirada del pasaporte o la obligación de firma periódica en sede judicial.

Contexto Judicial y Acusaciones Formales

La investigación se origina en indicios recabados en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió alertas de autoridades de Francia y Suiza respecto a la posible utilización de fondos del rescate de la aerolínea Plus Ultra para una presunta trama de lavado de dinero con conexiones en Venezuela. Las pesquisas iniciales revelaron conversaciones que sugerían una posible relación personal y económica del expresidente con empresarios bajo escrutinio judicial en dicha causa.

Los elementos de prueba contra el expresidente se consolidaron a partir del contenido de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes, antiguo propietario de Plus Ultra, quien fue objeto de una clonación de su teléfono por parte de las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2021. Dicho material fue entregado a la Audiencia Nacional en marzo de 2026, lo que impulsó la reactivación de una orden de busca y captura contra Reyes y la subsiguiente remisión de la información a la Policía española.

El auto de imputación del juez detalla que las comunicaciones interceptadas incluyen referencias de directivos de Plus Ultra a la denominada «vía Zapatero» para facilitar la tramitación de la ayuda económica. Textualmente, los mensajes indican una confianza en que el expresidente pudiera ejercer un

“toque técnico desde arriba”

, y mencionan la presencia del

“pana Zapatero detrás”

, junto con admisiones de disposición a efectuar pagos en el contexto de la tramitación. La información también sugiere que los implicados conocieron la aprobación de la ayuda antes de su anuncio oficial, si bien la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) calificó este hecho como un procedimiento habitual durante su investigación previa de 19 meses (2021-2022).

En marzo pasado, ante el Senado, el señor Zapatero reconoció que su amigo Julio Martínez Martínez tenía

“alguna relación”

con Plus Ultra, pero negó haber trabajado para la aerolínea o haber influido en el rescate con fondos públicos. La investigación no ha documentado reuniones de carácter institucional de Zapatero directamente ligadas al rescate. No obstante, el juez y la Fiscalía consideran relevantes dos encuentros de alto nivel de los cuales no se han detallado pormenores: uno con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020 (mientras Plus Ultra gestionaba su solicitud), y otro con José Luis Ábalos, seis días después de la aprobación de la ayuda por el Consejo de Ministros. El entorno de Escrivá ha declarado que la reunión no abordó el rescate y que fue parte de una ronda de contactos generales.

Análisis del Entramado Societario y Flujos Financieros

Los documentos sumarios actuales no contienen pruebas directas de que la supuesta influencia ejercida por el expresidente determinara la decisión de la SEPI de conceder el rescate a Plus Ultra. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto los más de 900.000 euros que Plus Ultra abonó, de forma directa o indirecta, a Julio Martínez Martínez, vinculado al expresidente, durante un periodo de cinco años. Paralelamente, en ese mismo lapso, la consultora Análisis Relevante, propiedad de Martínez (a quien otros investigados se referían con los apelativos de

“el lacayo”

de Zapatero o

“el banco del jefe”

), efectuó pagos por valor de 730.000 euros al expresidente y a sus dos hijas.

La tesis del magistrado es que estos pagos corresponden a facturas que la investigación considera simuladas, con el propósito de canalizar fondos obtenidos por la trama hacia compañías con interés en obtener ayudas públicas o beneficios, como Plus Ultra. La defensa del señor Zapatero ha sostenido que existe un trabajo real detrás de estos pagos, argumentando que el expresidente realizaba informes de consultoría y sus hijas se encargaban de la maquetación de dichos informes. Se espera que esta misma versión sea reiterada en su interrogatorio.

Entre los delitos atribuidos al señor Zapatero figura el blanqueo de capitales. El auto de imputación asume la tesis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según la cual el expresidente habría concebido un plan para la presunta extracción de fondos obtenidos ilícitamente hacia los Emiratos Árabes Unidos. Este plan habría implicado que Julio Martínez, identificado como su presunto socio, creara una empresa offshore en Dubái para cobrar una supuesta comisión de medio millón de euros relacionada con el rescate en cuestión.

Para fundamentar esta acusación, la Policía y el juez se basan en que la secretaria del expresidente realizó una reserva en un restaurante de Madrid para una reunión entre Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero, un empresario con intereses en Dubái. Al día siguiente de esta reunión, Guerrero facilitó a Martínez datos para la constitución de la entidad offshore, haciendo alusión a lo

“conversado ayer”

. Los informes policiales y el auto judicial no clarifican si el expresidente asistió a dicha comida o si dio instrucciones específicas para la creación de la empresa offshore en Dubái.

Cuestionamientos sobre los Pagos a Sociedades Vinculadas

Un eje central del interrogatorio se centrará en el papel de las hijas del señor Zapatero y la empresa que ambas administran, Whathefav. La resolución judicial que acordó la imputación del expresidente sostenía que esta sociedad recibió fondos de sociedades instrumentales de una estructura que, según la investigación, estaba

“orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”

.

Asimismo, la resolución indicaba que Whathefav generó una

“facturación ad hoc”

con el fin de proporcionar

“cobertura formal a movimientos financieros carentes de actividad económica real”

dirigidos al entorno del señor Zapatero. Los investigadores de la UDEF consideran que la empresa emitía facturas bajo el concepto genérico de

“servicios agencia”

sin detallar la prestación real, lo que sugiere una falta de correspondencia entre la

“actividad declarada y la real”

.

La resolución explica que, a partir de correos electrónicos intervenidos en el ordenador de Julio Martínez, se constató que la empresa de las hijas de Zapatero recibía informes ya elaborados de Análisis Relevante para su maquetación y posterior envío a los destinatarios preestablecidos. El juez infiere que esta actividad sugiere que la mercantil es utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica. El sumario de la causa documenta que, entre junio de 2020 y diciembre de 2025, Análisis Relevante habría abonado 239.755 euros a Whathefav. Adicionalmente, la sociedad de las hijas del expresidente figura como principal proveedor de Inteligencia Prospectiva, otra de las empresas investigadas, con abonos que ascienden a 561.440 euros.

Indagación sobre el Origen de Bienes Preciosos

Además de los aspectos relacionados con la pieza principal de la causa, el juez Calama dispuso el pasado viernes que el mismo interrogatorio abordara el origen de las joyas halladas por la UDEF en la caja fuerte de la oficina del expresidente. Una tasación preliminar realizada por la joyería Ansorena valoró estas piezas en 1,3 millones de euros, dato que llevó al juez a imputar al expresidente por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

La defensa del señor Zapatero intentó, sin éxito, posponer la discusión de este asunto alegando falta de tiempo para examinar el peritaje. Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud, considerando que los hechos sobre los que debe responder no son novedosos y ya constan en la causa principal. El juez ha señalado que el expresidente tiene la oportunidad de proporcionar explicaciones sobre el origen de estas joyas y de presentar la documentación necesaria que pudiera

“disipar la indiciaria ilicitud de la posesión”

de las mismas, dada la ausencia de documentación aduanera que impida descartar una presunta introducción en España al margen de los procedimientos de control legal.