Proceso de Reclamación de Sobrecostes en la Estación del AVE de Elche y la Implicación de Koldo García en Adif

La Audiencia Nacional ha desestimado una reclamación de sobrecostes por 1,55 millones de euros presentada por la UTE conformada por Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Construcciones Vilor, encargada de la estación del AVE de Elche. Este litigio se enmarca en un contexto más amplio de investigación judicial sobre presuntos amaños en contratos públicos, donde se examinan las interacciones del asesor Koldo García con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien también figura como investigada en la causa.

La Reclamación por Sobrecostes en Elche y la Decisión Judicial

El 19 de enero de 2021, Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes, mantuvo una conversación por mensaje con José Ruz, propietario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). El intercambio, recogido en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), versaba sobre una reclamación de sobrecostes por una obra ejecutada por la UTE de LIC y Construcciones Vilor para la estación del AVE en Elche, Alicante. García indicó a Ruz que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le había “prometido” una resolución favorable a la reclamación.

La estación de Elche inició sus operaciones en febrero de 2021. Si bien el informe de la UCO, conocido en junio de 2025, no especifica la naturaleza exacta de la reclamación, sí documenta que Koldo García “departía directamente con la presidenta de Adif” con el objetivo de gestionar adjudicaciones o agilizar trámites de reclamación, como el de Elche.

A pesar de las comunicaciones iniciales, la dirección de Adif, bajo la presidencia de Pardo de Vera, desestimó la reclamación que ascendía a más de 1,55 millones de euros. Los servicios jurídicos de Adif defendieron esta postura ante los tribunales, argumentando que el contrato se ejecutó bajo el principio de riesgo y ventura, y que la UTE no había acreditado que los supuestos daños se derivaran de una actuación imputable a Adif, sino de incidencias propias de la ejecución ordinaria del contrato.

Adicionalmente, el ente público alegó que la certificación final de obra “fue aprobada mediante resolución firme no impugnada”, lo que impedía a la UTE “reabrir su contenido ni cuestionar mediciones que debió discutir en su momento”. En abril de este año, la magistrada Míriam Bris de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por LIC, reafirmando la postura de Adif. La resolución judicial estableció que “ninguna de las pretensiones ejercitadas puede prosperar” y que “la UTE no ha acreditado que los sobrecostes, retrasos o trabajos extraordinarios tengan su origen en una actuación imputable a Adif, ni ha aportado prueba técnica que permita establecer el nexo causal exigido por la jurisprudencia”.

Contexto de la Investigación y Otras Interacciones Documentadas

Isabel Pardo de Vera figura como investigada en la causa de la Audiencia Nacional, instruida por el juez Ismael Moreno, que investiga a Koldo García, al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, al empresario Víctor de Aldama, al exministro José Luis Ábalos, y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros. La investigación se centra en presuntos amaños en obra pública. Las empresas Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR) son mencionadas en el marco de las pesquisas.

El informe de la UCO recoge otras interacciones que señalan una comunicación regular entre Koldo García y Pardo de Vera. El 18 de noviembre de 2020, Koldo García solicitó a la presidenta de Adif que considerara una adjudicación discrecional de una obra en Asturias a favor de LIC. Pardo de Vera respondió que LIC “no pinta nada en mantenimiento” pero mencionó una licitación de 60 millones de euros. Ante la insistencia de García sobre una obra de emergencia, y la mención de una adjudicación previa de 700.000 euros a LIC, la expresidenta indicó:

Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo (sic).

Posteriormente, Koldo García señaló que LIC podría enfrentar una situación económica delicada. La presidenta respondió:

Bueno, pues déjamelo mirarlo (sic).

Un mes después, el 17 de diciembre de 2020, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por un importe de 592.000 euros. En otro episodio de enero de 2019, Koldo García remitió a Pardo de Vera un documento con un listado de adjudicatarias, expresando su descontento por la empresa que había obtenido la mayor puntuación con la frase:

Nos a (sic) jodido un poco.

Al ser preguntado por Pardo de Vera sobre “el fosforito” (una UTE en la que participaba OPR), García respondió que era “por disimulo”. La UCO infiere que la licitación podría haber sido destinada a Acciona, y el resultado diferente “habría generado descontento”.

Evolución de la Relación y Argumentos en Torno a la Contratación Pública

Documentos de la investigación también reflejan tensiones en torno a la dirección de Adif. En una conversación del 22 de abril de 2019 entre Santos Cerdán y Koldo García, este último expresó preocupación porque Pedro Saura, entonces en el Ministerio, pretendía cesar a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero, a quienes García consideraba importantes en el contexto de las presuntas operaciones bajo investigación.

La relación entre Koldo García y Pardo de Vera, según se desprende de la información, se deterioró con el tiempo, especialmente tras la salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio. Koldo García expresó a Santos Cerdán su desaprobación por la actitud de la expresidenta de Adif, manifestando:

No tiene perdón de Dios, tío.

La UCO explica que Koldo García “terminó enfrentado con ella”, atribuyendo este desencuentro a que Pardo de Vera “no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”.

Desde el entorno de Isabel Pardo de Vera, se ha argumentado que los procesos de contratación pública en Adif involucran a un número considerable de funcionarios, lo que, según esta perspectiva, dificultaría la selección arbitraria de constructoras. Esta declaración destaca la complejidad inherente a los procedimientos administrativos y la multiplicidad de actores que intervienen en la toma de decisiones dentro de una entidad pública de esta envergadura.