Propuestas del Partido Popular para una Revisión Legislativa en España

El Partido Popular (PP) ha delineado una serie de propuestas legislativas que buscarían modificar normativas vigentes en España, en caso de acceder al gobierno. Estas iniciativas abarcan áreas como los derechos sociales, las prestaciones por desempleo, la representación sindical, la ley de memoria democrática y la normativa sobre la autodeterminación de género.

Contexto y Marco General de la Propuesta

La formación política ha manifestado su intención de impulsar un "cambio de gobierno en España", según declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien señaló que se contempla la "derogación del sanchismo en su totalidad", lo que implicaría "tocar cerca de 100 leyes". Esta estrategia se alinea con la desarrollada por el Partido Popular en 2011, bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, cuando su ejecutivo planteó modificaciones a leyes aprobadas por el gobierno anterior, buscando "poner fin a lo que en ese momento se llamó el 'zapaterismo'". En aquella ocasión, se propusieron revisiones a la ley del aborto, la sustitución de la asignatura Educación para la Ciudadanía y la revisión de la normativa sobre la píldora del día después, además de mantener un recurso contra el matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional, que finalmente avaló la norma.

En el presente, el Partido Popular ha puesto el foco en leyes que han redefinido marcos de derechos o han generado cambios sociales en la última legislatura. Entre estas se incluyen la ley trans, las políticas de igualdad, la ley de Memoria Democrática, y la ley de amnistía, esta última recientemente avalada por la justicia europea. Además, se plantean revisiones en las prestaciones por desempleo, en los derechos laborales y en el acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital.

Modificaciones en Derechos y Prestaciones Sociales

El vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha anunciado que, de gobernar, el Partido Popular promovería cambios en la ley que reconoce la identidad de las personas trans. La ley actual, aprobada en la legislatura anterior, eliminó el requisito de un diagnóstico de disforia de género para el reconocimiento oficial de la identidad a través de la autodeterminación de género. La propuesta del PP implicaría retornar a la normativa de 2007, que exigía "una documentación sobre si hay o no disforia de género, un informe, efectivamente, psicosocial" como condición para el reconocimiento. De los Santos afirmó en una entrevista que:

"La autodeterminación en sí misma es una ficción. Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada."

El dirigente popular se refirió a la necesidad de demostrar "una disforia de género" y vinculó la identidad de género a "operaciones" o "tratamientos hormonales", mencionando "las mujeres que transicionan a hombres" que se hacen "una mastectomía doble" o la "castración" de "los hombres que transicionan a mujeres". Estos cambios no tendrían efectos retroactivos, pero redefinirían el marco normativo para futuras solicitudes de reconocimiento de identidad de género.

En el ámbito de los derechos reproductivos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la creación de una "ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando". Esta iniciativa, ya implementada en la Comunidad de Madrid y Galicia, ha sido objeto de debate entre juristas, quienes sugieren que podría tener implicaciones para el derecho al aborto, al considerar el feto como un ser humano desde la concepción. Esta perspectiva ha generado discusiones en relación con normas internacionales y consideraciones científicas, aunque el PP ha comunicado que no tiene intención de reformar la Ley del Aborto vigente.

En relación con las prestaciones laborales, Feijóo se dirigió a principios de mes al Círculo de Empresarios Vascos, donde se refirió a las bajas médicas como un "cáncer" y afirmó la existencia de un fraude masivo, sin aportar datos específicos para su sustento. Mencionó un porcentaje de fraude superior al 4% o 5% sin respaldo y comparó el número de bajas de 2018 con las de 2026 (de 450.000 a 1,1 millones), sin considerar el aumento de ocupados en España, que pasó de 19 a casi 22,5 millones en el mismo periodo. El líder del PP anunció que, de llegar al poder, una de sus iniciativas principales sería reducir los salarios y "prestaciones" para los trabajadores que no asistan a su puesto, incluyendo bajas o permisos. El PP ha utilizado el término "absentismo" en este contexto, aunque las bajas médicas o las ausencias justificadas por enfermedad no se corresponden con la definición de ausencias prolongadas y sistemáticas sin justificación. Esta propuesta atiende a una demanda del sector empresarial que ya se manifestó en 2012.

En cuanto a los derechos sindicales, el PP propuso en su último Congreso elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener un comité de empresa. Esta medida reduciría la representación sindical en una parte significativa del tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente por pymes. Respecto a las pensiones, el partido declara defender el sistema público, al tiempo que ha votado en contra de su revalorización vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha declarado que "se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar". Aunque no se ha especificado un recorte, Feijóo ha afirmado que lo perciben incluso inmigrantes en situación irregular, una declaración que ha sido objeto de debate. Adicionalmente, acuerdos programáticos con Vox en cuatro comunidades autónomas establecen una "prioridad nacional" que condiciona el acceso a ayudas públicas a un "arraigo" con el territorio, lo que implicaría que personas con menor permanencia en España podrían ver limitado el acceso a estas ayudas sociales.

Consideraciones sobre Memoria Democrática y Nacionalidad

El Partido Popular ha manifestado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022. Esta supresión, según Tellado, se realizaría en el "primer Consejo de Ministros" de un eventual gobierno del PP. La ley actual estableció un censo de víctimas del franquismo y garantizó su derecho a la reparación moral y económica. Su derogación, por tanto, eliminaría las ayudas económicas destinadas a estas víctimas.

Uno de los aspectos más criticados por el PP en relación con esta ley es la denominada "ley de nietos", que permite la solicitud de nacionalidad española a descendientes de represaliados por el franquismo que se exiliaron. A pesar de que esta disposición ha estado en vigor desde hace cuatro años, el Partido Popular ha expresado objeciones a este aspecto. El PP ha afirmado, sin presentar pruebas que lo sustenten, que la ley forma parte de un "complot organizado por el Gobierno" para influir en las próximas elecciones generales, con Feijóo llegando a acusar al Ejecutivo de "fabricar votantes".

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, activa entre octubre de 2022 y octubre de 2025, permite solicitar la nacionalidad española a "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado" al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, con 557.709 peticiones aprobadas, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia.

Una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, aprobada en octubre de 2022, desarrolló esta disposición, estableciendo criterios para la concesión de nacionalidad. El Partido Popular ha centrado sus críticas en esta instrucción, argumentando que ha ampliado el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, independientemente de si sus antepasados se exiliaron por represión franquista. Sin embargo, la instrucción sustenta su interpretación extensiva con una explicación jurídica, basándose en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya permitía optar a la nacionalidad a "las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español" y a "los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". La instrucción considera que la ley de 2022 buscaba "ampliar los supuestos de opción", por lo que no excluiría a quienes ya tenían reconocido este derecho en 2007. El PP ha manifestado objeciones a la denominada 'ley de nietos' en 2026, un periodo posterior a su aprobación hace más de tres años y a la finalización del plazo de solicitud de nacionalidad.

Finalmente, otra de las leyes que el PP ha mencionado derogar es la de amnistía. El Tribunal de Justicia de la UE avaló esta normativa recientemente, a pesar de que el PP había presentado una queja en Bruselas. En este caso, el Partido Popular reconoce que una eventual derogación tendría un efecto "simbólico", según explicó Miguel Tellado, al no producir efectos prácticos, a diferencia de otras propuestas que implicarían modificaciones en los derechos actuales.