Fiscalía de Menores Investiga Presuntos Malos Tratos en Centro de Acogida de Niñas Migrantes en Ceuta

La Fiscalía de Menores ha iniciado una investigación sobre presuntos casos de malos tratos en un centro de acogida para niñas y adolescentes migrantes en Ceuta, tras la recepción de un informe el jueves 17 de septiembre. El informe detalla posibles episodios de violencia física y psicológica, castigos, amenazas, insultos y dificultades en el acceso a atención sanitaria, que habrían ocurrido en las instalaciones del Tarajal que alojan a menores tuteladas.

La investigación se origina a partir de un informe presentado ante la Fiscalía de Menores, el cual recopila testimonios de varias jóvenes. Una de las denunciantes, identificada con el nombre ficticio de Hasna, relató un incidente en las naves del Tarajal donde, según su versión, tras preguntar por una almohada que le faltaba, fue agredida por una trabajadora. Hasna afirma que la trabajadora se dirigió a ella de forma enérgica y comenzó a golpearla en el pecho. Según su relato, terminó en el suelo y, aunque sus compañeras intentaron auxiliarla, la persona que la agredía les impidió acercarse. Hasna aseguró haber recibido nuevos golpes, llegando a perder la noción de lo que sucedía. A pesar de su testimonio, Hasna, quien aún permanece en el centro, no ha presentado denuncia.

Detalles del Informe y Testimonios Recogidos

El informe remitido a la Fiscalía de Menores el 17 de septiembre aborda posibles episodios de violencia física y psicológica, incluyendo castigos, amenazas, insultos y problemas en el acceso a servicios sanitarios. Entre los términos mencionados en los testimonios, se encuentra la palabra “puta”, que algunas jóvenes refieren haber escuchado de manera recurrente, incluso al ser despertadas o antes de dormir. El Ministerio Público ha confirmado la apertura de una investigación a raíz de estas alegaciones. La denuncia subraya que estos relatos son testimonios y será la investigación la que deberá verificar los hechos y determinar responsabilidades.

El recurso donde se encuentra Hasna es una de las dos instalaciones contiguas en el Polígono de las Naves del Tarajal, habilitadas para alojar a menores extranjeras no acompañadas que llegaron a Ceuta a finales de julio. Una de estas instalaciones está gestionada por la entidad SAMU y la otra por Engloba, bajo la tutela de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Previamente, muchas de estas adolescentes habían residido en asentamientos informales, como los de El Príncipe y Sidi Embarek, antes de ser trasladadas a estos centros a principios de septiembre.

Hasna también relató haber intentado pedir auxilio a los responsables del centro después del incidente, afirmando que no quisieron escucharla y que una responsable le respondió:

“¿Estás loca? Esto es Europa, no puedes venir aquí a montar problemas.”

Restricciones de Comunicación y Coerción

Los testimonios de las jóvenes, tanto denunciantes como las que continúan en los centros, describen dificultades para comunicar lo que ocurre dentro de las instalaciones. Los teléfonos móviles son señalados como un medio crucial para el contacto familiar y la búsqueda de ayuda externa. Firdaus, otra denunciante con nombre ficticio, afirmó que el acceso a los teléfonos era muy limitado, en ocasiones solo media hora cada varios días. Según su testimonio, esto se debía a la intención de evitar la grabación de:

“la humillación, la injusticia y la violencia que sufrimos.”

Firdaus también declaró haber presenciado a un miembro del personal empujar a una joven al suelo después de que esta reclamara su teléfono.

El temor entre las menores se extiende a su situación administrativa. Otra denunciante relató que su estatus migratorio era utilizado como instrumento de presión, con advertencias como:

“Si habláis os vamos a llevar a Marruecos.”

Asimismo, se menciona la amenaza de no cumplimentar correctamente su documentación si no obedecían. El escrito presentado ante la Fiscalía señala que algunas menores habrían evitado denunciar anteriormente por temor a represalias relacionadas con sus solicitudes de residencia y la posibilidad de ser devueltas a Marruecos.

Observación de Violencia y Castigos

La situación de las adolescentes se describe como vulnerable, ya que dependen de los centros para sus necesidades básicas y para acceder a información o comunicarse con el exterior, a menudo desconociendo el idioma y el funcionamiento de las instituciones españolas. En este contexto, algunos testimonios atribuyen los presuntos malos tratos a las personas encargadas de su cuidado.

Fátima, otra joven con nombre ficticio que permanece en uno de los centros del Tarajal, relata no una agresión personal, sino lo que asegura ver y escuchar en su entorno:

“A muchas las pegan muchísimo, muchísimo.”

Describe gritos, compañeras que regresan con heridas y agresiones de una intensidad considerable. Un testimonio adicional menciona castigos prolongados durante horas, con una menor denunciante afirmando que algunas chicas eran obligadas a pasar la noche de pie y que se utilizaban esposas metálicas en manos y pies. Según su versión, educadoras imponían los castigos, mientras que el personal de seguridad ejecutaba las inmovilizaciones. El informe a la Fiscalía solicita verificar la existencia y las circunstancias de posibles inmovilizaciones, aislamientos o castigos prolongados.

Un testimonio adicional, recogido el mismo 17 de septiembre tras la entrega de la denuncia, proviene de una menor que acababa de escapar del centro. Esta joven relató que se les daban instrucciones para permanecer en silencio cuando la Policía se acercaba a las instalaciones:

“Cuando venía la Policía cerraban las puertas y nos decían: 'Callaos'.”

Y añadió:

“Nos decían que, si venía la policía, no habláramos con ellos.”

La misma joven afirmó haber sido golpeada una noche y obligada a permanecer de pie hasta la madrugada. Según su relato, cuando expresó que en los campamentos informales las trataban mejor, la respuesta fue recordarles su posición dentro del centro:

“Tenéis que dar gracias a Dios por estar aquí. Os estamos haciendo un favor. Callaros, no queremos oíros.”

Las expectativas iniciales de las jóvenes, que esperaban estudiar y regularizar su situación tras semanas de incertidumbre, contrastan con los testimonios internos de los centros. Una de las denunciantes afirmó:

“Pensábamos que íbamos a estudiar.”

Y añadió:

“No podemos aguantar porque esto va a más.”

También se han presentado denuncias relacionadas con la atención médica, con referencias a compañeras enfermas que, según los relatos, no eran trasladadas al hospital ni recibían la asistencia solicitada.

Solicitudes de la Fiscalía

La denuncia presentada solicita que las menores puedan declarar individualmente y sin la presencia de personal de los centros. Adicionalmente, se pide la protección de las imágenes de videovigilancia y de las pruebas de posibles lesiones. Se reclama también la protección de las jóvenes que puedan encontrarse en riesgo y una investigación sobre las personas señaladas en los testimonios. La situación descrita por algunas jóvenes evidencia una paradoja: llegaron a estos recursos en busca de protección, y según sus relatos, fue allí donde comenzaron a experimentar temor. Una de las denunciantes, al lograr salir del centro, expresó la motivación de su acción en nombre de sus compañeras:

“Nos hemos fugado en nombre de todas ellas.”

Concluyendo con la declaración:

“No queremos salvarnos solas.”