Cambios en el Sistema de Rastreo de Detenidos de ICE Generan Incertidumbre sobre el Paradero de Inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha modificado su sistema público de rastreo en línea, lo que ha resultado en la omisión de la ubicación de miles de inmigrantes que se encuentran bajo detención en centros distribuidos por el territorio nacional y poseen órdenes finales de deportación. Esta alteración ha generado desafíos para familiares, representantes legales y organizaciones de derechos humanos en la tarea de localizar a las personas afectadas.

Modificación del Sistema de Localización de Detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia estadounidense responsable de la aplicación de las leyes migratorias, ha implementado una modificación en el funcionamiento de su sistema público de rastreo en línea, conocido como Online Detainee Locator System. Este ajuste implica la eliminación del registro público de aquellos individuos migrantes que han recibido una orden final de expulsión del país. La medida, inicialmente reportada por la agencia Associated Press, ha impactado la capacidad de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos para determinar la ubicación de personas bajo custodia federal.

Según información publicada por el medio The Guardian, Michelle Méndez, directora legal del National Immigration Project, estimó que aproximadamente el 30% de los más de 65.000 individuos recluidos en centros de ICE a principios de julio presentaban órdenes finales de expulsión. Esta cifra se traduce en alrededor de 19.500 personas, cuyo paradero ya no es accesible a través del sistema público modificado.

Previo a esta modificación, el sistema de búsqueda del ICE permitía a los usuarios ingresar el nombre, país de origen o el número de registro de extranjero (A-Number) para obtener información sobre el centro de detención de una persona. La exclusión de los individuos con órdenes finales de expulsión ha limitado esta vía de comunicación y rastreo entre los detenidos y su entorno exterior.

Impacto en Derechos y Asistencia Legal

La modificación implementada por el ICE ha generado preocupación en diversas organizaciones legales. Entidades como el Amica Center for Immigrant Rights y la American Civil Liberties Union han señalado que esta limitación en el acceso a la información sobre el paradero de los detenidos dificulta de manera significativa la provisión de representación jurídica. A pesar de contar con una orden final de expulsión, los migrantes mantienen derechos constitucionales, incluyendo la posibilidad de interponer apelaciones de emergencia relacionadas con solicitudes de asilo, presentar medidas cautelares por razones de salud o verificar que no sean enviados a países donde su integridad personal o vida puedan estar en riesgo inminente.

La Associated Press ha destacado el impacto en las familias de los detenidos, quienes reportan pasar periodos prolongados buscando a sus seres queridos en diversas instalaciones sin obtener respuestas claras. La imposibilidad de conocer el centro de detención de un familiar no solo obstaculiza el envío de recursos económicos o la coordinación de asistencia legal, sino que también impide el seguimiento de condiciones de salud graves o la prevención de posibles situaciones de maltrato físico durante la custodia.

La publicación Truthout ha caracterizado esta práctica como una "desaparición administrativa" a gran escala. Esta publicación argumenta que al limitar la visibilidad pública de los traslados y vuelos de repatriación, el ICE reduce la rendición de cuentas e impone un régimen de incomunicación. Según Truthout, este enfoque podría ser interpretado como una violación de los tratados internacionales que rigen el trato a personas privadas de libertad.

En el contexto de la administración de Donald Trump, las políticas migratorias implementadas incluyeron el aumento de las cuotas de detención y la militarización de las fronteras. La medida de opacidad actual puede ser considerada dentro de esta orientación, la cual, según interpretaciones de la fuente original, buscaba reducir la visibilidad de los procedimientos de detención y expulsión.

Respuestas Comunitarias en Minneapolis

En Minneapolis, la respuesta de la comunidad ante las operaciones de la agencia de inmigración presentó un episodio de resistencia civil organizada. De acuerdo con la publicación Left Voice, diversos sectores comunitarios, incluyendo trabajadores, residentes, activistas locales y organizaciones sindicales, establecieron una red de respuesta rápida con el objetivo de limitar las actividades del ICE en la ciudad.

Esta red se articuló mediante comités de barrio, sistemas de alerta temprana y canales de comunicación comunitarios. Cuando los agentes federales intentaban realizar un operativo o instalar puntos de control, se reporta que cientos de vecinos se congregaban para intentar bloquear físicamente las detenciones, documentar las acciones de los agentes y solicitar la retirada de las fuerzas federales. Esta movilización comunitaria escaló, influyendo en la operatividad de la agencia en la ciudad.

El 23 de enero de 2026, las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul) experimentaron una jornada de acción ciudadana bajo la consigna "No work, no school, no shopping" (No trabajar, no ir a la escuela, no comprar). Este llamado implicó que miles de trabajadores reportaron enfermedad (sickouts), abandonaron sus puestos de trabajo (walkouts) o no acudieron a sus empleos. La resistencia popular tuvo un impacto que llevó a una situación política para la administración de entonces.

La tensión resultante llevó a que la persona designada por la administración Trump para supervisar las operaciones fronterizas anunciara su partida oficial de Minneapolis, lo que fue interpretado por algunos observadores como una retirada de las fuerzas federales y una limitación de la efectividad de los operativos en la zona. Este evento fue considerado, por algunos sectores, como un punto de referencia en la capacidad de la acción colectiva para influir en las políticas migratorias.