Evaluación Epidemiológica Desestima Propuesta de Confinamiento Preventivo en Ceuta

Expertos en salud pública y autoridades gubernamentales han cuestionado la justificación de una propuesta de confinamiento preventivo en Ceuta, planteada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la detección de enfermedades contagiosas entre migrantes llegados a la ciudad. La ministra de Sanidad, Mónica García, y diversas sociedades científicas han señalado la inexistencia de razones epidemiológicas que soporten una medida de tal magnitud, enfatizando que las patologías identificadas son comunes en España y tratables.

Contexto de la Propuesta y Respuesta Oficial

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sugirió la posibilidad de un confinamiento en la ciudad autónoma de Ceuta, citando lo que describió como un "riesgo sanitario" debido a la presencia de "enfermedades infectocontagiosas" como la varicela, tuberculosis y sarna. Feijóo manifestó que, aunque no disponía de todos los datos, estimaba que estas enfermedades podrían generar un impacto significativo en la población local.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. La ministra de Sanidad, Mónica García, indicó el mismo domingo que las competencias en materia de salud pública recaen en el Gobierno ceutí. La ministra detalló los casos sospechosos y los mecanismos de transmisión de la tuberculosis, varicela, sarna y gastroenteritis, describiéndolas como enfermedades "presentes en nuestro entorno y cuyos sistemas de vigilancia están siempre activos". En este contexto, García consideró la medida propuesta como "injustificada" y "contraproducente".

Análisis Epidemiológico y Datos de Salud Pública

La solicitud de confinamiento por parte de Núñez Feijóo ha sido objeto de análisis por parte de expertos en salud pública, quienes han argumentado su falta de justificación en el contexto actual. María João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), explicó que un confinamiento como el aplicado durante la pandemia de COVID-19 se decretó por tratarse de una enfermedad nueva con alta mortalidad y sin tratamiento, características que, según la epidemióloga, no se corresponden con la situación en Ceuta.

Forjaz subrayó que las enfermedades detectadas en Ceuta son "conocidas, comunes en España y para las que tenemos tratamiento". Añadió que el número de casos no justifica la implementación de medidas restrictivas de gran alcance. Datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad indican que, desde la llegada de un número elevado de migrantes a Ceuta el 31 de julio, se han confirmado tres casos de tuberculosis. De estos, uno ya recibía tratamiento y no era contagioso, otro correspondía a tuberculosis cerebral (no contagiosa), y el tercero era una persona presente en Ceuta desde antes de la llegada masiva, en proceso diagnóstico y con tratamiento ya iniciado.

En cuanto a la varicela, se han registrado tres casos sospechosos, sin vínculo aparente con la población migrante que reside en condiciones provisionales. El Ministerio de Sanidad aclaró que la varicela no está erradicada en España, al igual que la sarna, que es más frecuente de lo que comúnmente se percibe. Respecto a la gastroenteritis, el brote estudiado por el servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta se cifró en 55 casos, y ha sido declarado "controlado y sin desarrollo posterior".

José Miguel Contreras, jefe de servicio de infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), afirmó que todas estas patologías son "comunes y tienen unos mecanismos de transmisión bien conocidos". La tuberculosis pulmonar y la varicela se transmiten por vía respiratoria; la gastroenteritis, por consumo de agua o alimentos en mal estado; y la sarna, por contacto cutáneo estrecho.

El riesgo de transmisión se considera real entre los propios migrantes debido a situaciones de hacinamiento y condiciones deficientes de salubridad. Para el personal que les asiste (sanitario, de seguridad o limpieza), el riesgo se gestiona mediante medidas de prevención eficaces como el uso de mascarillas y guantes. Sin embargo, Contreras enfatizó que la población general que no tiene contacto directo con estas personas no experimenta un riesgo mayor al habitual. Este "riesgo normal" ha sido documentado y, en ocasiones, se asocia con situaciones de precariedad económica. Por ejemplo, en Sevilla, la incidencia de tuberculosis en barrios con bajos ingresos es de 17 casos por cada 100.000 habitantes, frente a siete casos en otras áreas. A nivel nacional, la tasa es de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), aunque se reconoce un infradiagnóstico de esta patología.

Los protocolos médicos establecen el aislamiento individual de las personas diagnosticadas con tuberculosis, pero en ningún caso justifican un confinamiento generalizado de la población.

Con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) ha expresado su oposición a la confinación de la población migrante. En un comunicado, la organización ha resaltado la importancia de "trasladar un mensaje de serenidad, rigor científico y confianza en las autoridades y profesionales responsables de la vigilancia y protección de la salud pública". Sespas ha defendido que la detección de casos de tuberculosis, varicela o infecciones gastrointestinales requiere una respuesta sanitaria adecuada, pero "no constituye, por sí sola, evidencia de una transmisión comunitaria generalizada ni permite atribuir a un conjunto de personas una situación de riesgo que debe ser valorada epidemiológicamente de manera específica".

Medidas Recomendadas y Provisión de Recursos

Desde Sespas, se ha señalado una medida considerada prioritaria y en la que coinciden diversas fuentes consultadas: "Garantizar alojamientos suficientes y adecuados, reducir las situaciones de hacinamiento y asegurar el acceso continuado a agua potable, duchas, aseos, saneamiento, limpieza, gestión de residuos, alimentación segura y atención sanitaria". Esta recomendación surge en un contexto donde miles de personas pernoctan en condiciones precarias en las playas ceutíes, y ha habido una demora por parte del Ejecutivo en habilitar plazas de acogida. Varios ministros han atribuido esta demora a la resistencia de las autoridades de Ceuta para facilitar los espacios necesarios.

José Miguel Contreras ha afirmado que las acciones para abordar esta situación humanitaria y prevenir el desarrollo de enfermedades transmisibles deben centrarse, primordialmente, en resolver "las condiciones de insalubridad" que las originan. Adicionalmente, se recomienda "diagnosticar a las personas que pudieran estar enfermas" y "administrar vacunas".

En línea con estas recomendaciones, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado la activación de un mecanismo de solidaridad para suministrar a Ceuta 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 dosis contra la difteria, 10.000 dosis contra la varicela y 10.000 dosis contra la polio. Estas vacunas están destinadas tanto a la población migrante que ingresó a la ciudad hace 25 días como a la población autóctona no inmunizada, como medida preventiva "ante la situación en la ciudad autónoma".

La presidenta de la SEE, María João Forjaz, ha expresado que las propuestas de confinamiento pueden generar un "gran impacto" en la población, dado que pueden "causar alarma social y promover la xenofobia". Según Forjaz, este tipo de mensajes actúa como una "gran barrera" para que las personas con síntomas busquen atención médica, lo que "retrasa el diagnóstico y entorpece el seguimiento y tratamiento". Por el contrario, la experta ha defendido la necesidad de "invertir en el cuidado y la asistencia humanitaria, en condiciones de saneamiento, higiene, alimentación y no hacinamiento y facilitar el acceso a los servicios sanitarios, al diagnóstico, tratamiento y seguimiento".