Tribunal Supremo suspende provisionalmente el derecho al voto de nacionalizados por Ley de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo de España ha emitido una decisión cautelar que suspende provisionalmente el derecho al voto de los individuos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, medida que ha generado una divergencia con el Gobierno en el preámbulo de la apertura del año judicial.

Contexto de la Decisión Judicial y su Alcance

La decisión del Alto Tribunal marca un nuevo hito en las relaciones entre el Ejecutivo y una parte del estamento judicial. Este pronunciamiento surge en un contexto institucional caracterizado por debates recurrentes entre ambas esferas.

Aunque los efectos electorales de esta determinación podrían ser de un alcance limitado, considerando que la participación de nacionales españoles residentes en el extranjero en elecciones generales históricamente se ha situado en torno al 7% del censo total, la medida ha provisto elementos argumentativos a declaraciones de formaciones políticas que han expresado preocupaciones sobre la integridad del censo electoral. La Ley de Memoria Democrática, que ha concedido la nacionalidad a aproximadamente 306.000 descendientes, ha sido objeto de interpretaciones diversas.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado que el Ejecutivo “no comparte” la decisión del Supremo y ha solicitado que se priorice la resolución sobre el fondo del asunto antes del próximo ciclo electoral. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo adelantó su fallo, aunque los argumentos jurídicos que sustentan la paralización cautelar de la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados, serán notificados en los próximos días.

Fundamentos de las Alegaciones y Antecedentes Legislativos

La Ley que reconoce el derecho a la nacionalidad para descendientes de españoles afectados por el exilio durante el franquismo fue promulgada el 5 de octubre de 2022. Durante los 15 meses de tramitación parlamentaria, diversas formaciones políticas, incluyendo el Partido Popular y Vox, no manifestaron objeciones públicas a esta medida.

Sin embargo, cuatro años después de la implementación de una normativa similar, y en respuesta a un acuerdo de la Junta Electoral Central de julio pasado que declinaba intervenir en los procedimientos de concesión de nacionalidades o la aplicación del censo, surgieron cuestionamientos por parte de ciertos partidos políticos sobre la gestión del censo electoral.

El asunto fue elevado al Tribunal Supremo por el partido Vox y la formación extraparlamentaria Iustitia Europa. La argumentación central de estas instancias postula que una instrucción de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia realiza una “interpretación expansiva” de la norma. Según esta tesis, la instrucción establece que la acreditación documental de que un antepasado —ya sea progenitor o abuelo— abandonó España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sería suficiente para presumir la condición de exiliado, requisito indispensable según la ley para acceder a la nacionalidad española.

Se ha señalado que esta instrucción posee similitudes con otra dictada en 2008, tras la aprobación de la primera ley de memoria, la cual reconocía el derecho a la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos que hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad debido al exilio.

Durante la vista judicial, la Abogacía del Estado defendió la postura de que suspender provisionalmente las nuevas inscripciones automáticas privaría masivamente a miles de ciudadanos de un derecho reconocido por la Constitución Española.

Dinámica Institucional y Casos Precedentes

La decisión del Tribunal Supremo en relación con el voto de los descendientes de españoles se inserta en una serie de pronunciamientos judiciales que han generado puntos de divergencia con iniciativas del Gobierno. Un ejemplo de mayor envergadura fue el proceso asociado a la Ley de Amnistía, que ha suscitado un considerable debate entre diferentes sensibilidades dentro del poder judicial.

A pesar de que la ley cuenta con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Alto Tribunal adoptó medidas judiciales que fueron interpretadas por algunos sectores como un obstáculo a su aplicación plena. La Sala de lo Penal del Supremo estableció una interpretación sobre el delito de malversación que resultó en la exclusión de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, inicialmente considerados posibles beneficiarios, de la aplicación de la ley. La resolución del Tribunal Constitucional sobre esta interpretación está pendiente para el próximo otoño, después de que en junio del año pasado validara la constitucionalidad de la norma.

Previamente a la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, los magistrados de la Sala de lo Penal habían llevado a cabo la imputación del expresident de la Generalitat por presuntos delitos de terrorismo, figura no amnistiable. Sin embargo, dicha vía procesal fue anulada debido a irregularidades en la instrucción por parte del juez Manuel García Castellón, quien no cumplió con los plazos de prórroga en la investigación.

Esta reciente decisión del Supremo sobre el voto exterior ha sido presentada como un resultado favorable en los tribunales para Vox, partido que ha participado activamente en causas judiciales relacionadas con el Gobierno o el entorno presidencial. Junto a otras entidades como Manos Limpias o HazteOí, la formación política obtuvo un pronunciamiento favorable del poder judicial en relación con la condena al ex fiscal general del Estado por la filtración de información. Este fallo fue objeto de cuestionamientos por parte del Ejecutivo, y se enmarcó en un conjunto de acciones jurídicas dirigidas al entonces fiscal general.

La inminente apertura del año judicial contará con la comparecencia de Teresa Peramato, la actual fiscal general, para presentar la memoria institucional. Asimismo, la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, pronunciará su tercer discurso solemne. En este contexto, nueve vocales del órgano han remitido una carta solicitándole que su alocución no se limite a la presentación de datos estadísticos o a la asignación de responsabilidades a otras instituciones.