Tribunal Supremo Suspende Cautelarmente la Inscripción Electoral de Nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo ha emitido una decisión cautelar que suspende la inscripción en el censo electoral de personas que han adquirido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta medida, adoptada a raíz de recursos presentados por Iustitia Europea y Vox contra una decisión de la Junta Electoral Central (JEC), afecta al derecho al voto de los recién nacionalizados como descendientes de exiliados y ha generado diversas reacciones en el ámbito político español.

Contexto y Alcance de la Decisión Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó este martes la suspensión cautelar de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de aquellas personas que han obtenido la nacionalidad española de origen por medio de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta medida podría afectar su participación en futuros procesos electorales autonómicos y generales, previstos para 2027, a menos que acrediten su condición de descendientes de exiliados mediante un procedimiento específico.

El Tribunal ha establecido que los expedientes de inscripción en el CERA de estos nacionalizados continuarán su tramitación; sin embargo, la inscripción efectiva quedará en suspenso hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Del mismo modo, el derecho al voto para quienes ya estuvieran inscritos bajo este supuesto se suspende para los procesos electorales que se convoquen. No se ha fijado un plazo para la emisión de dicha sentencia definitiva.

La base de esta acción judicial no reside en un recurso directo contra la Ley de Memoria Democrática de 2022 ni contra una instrucción del Ministerio de Justicia de ese mismo año. En su lugar, los recursos de Iustitia Europea y Vox se dirigieron contra una decisión de la Junta Electoral Central, con fecha del 16 de julio, un organismo administrativo que integra a ocho magistrados del Tribunal Supremo. Cabe señalar que una de las magistradas de la sala que ha emitido esta decisión cautelar formaba parte de la JEC que aprobó la resolución ahora suspendida.

Reacciones y Argumentos Políticos

La decisión del Tribunal Supremo ha propiciado un debate en el espectro político sobre su interpretación y atribución. El Partido Popular (PP) ha declarado que la medida judicial valida sus planteamientos sobre la necesidad de supervisar los procesos electorales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comentó: “Teníamos razón.”

En la misma línea, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, afirmó que la justicia había actuado para impedir lo que describió como un intento del Gobierno de “meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral” y “alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder”. Ezcurra señaló que se habían procesado “más de dos millones y medio de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades ya concedidas y apenas un 2% de denegaciones”, lo que consideró un proceso “deprisa” y “sin garantías” a “pocos meses de unas elecciones”. Añadió que “los españoles merecen saber que Sánchez ha utilizado una instrucción [...] para acelerar nacionalizaciones en masa, para rebajar garantías y alterar el censo electoral sin un debate parlamentario a la altura de una decisión de esa magnitud”. Concluyó que “la nacionalidad española es un honor que no se regala”. Es importante aclarar que la decisión del Supremo no cuestiona el derecho a la nacionalidad, sino la modalidad de inscripción en el censo electoral bajo el método de la JEC.

Desde el Gobierno, el ministro Félix Bolaños expresó su desacuerdo con la decisión de los magistrados del Supremo. El ministro solicitó una resolución definitiva “lo antes posible”, enfatizando la importancia de lo que calificó como “lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”.

Disputa por el Crédito y Antecedentes de las Afirmaciones sobre Procesos Electorales

La suspensión cautelar por parte del Supremo ha desencadenado una disputa entre formaciones políticas para atribuirse el mérito de la decisión. Aunque el Partido Popular no presentó directamente los recursos que dieron origen a esta suspensión, sus portavoces han reivindicado la medida como un respaldo a sus argumentos. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, felicitó públicamente a Iustitia Europea, una de las organizaciones recurrentes, a través de redes sociales, refiriéndose a un “trabajo colectivo” por la “Nación”.

Vox, por su parte, partido que sí ha participado en los recursos, ha criticado al PP por lo que considera una inacción previa. El partido de Santiago Abascal recordó declaraciones pasadas de Alberto Núñez Feijóo, cuando como presidente de la Xunta de Galicia, defendía facilitar la participación electoral de los descendientes de emigrados. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, argumentó que “unos se limitaron a avisarlo. Otros hemos logrado detener el objetivo de Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales”. En respuesta, Alma Ezcurra del PP replicó que “Pelear por medallitas es perder el tiempo”.

Las afirmaciones sobre supuestas irregularidades en los procesos electorales en España no son recientes. Durante los meses previos a las elecciones de 2023, sectores de la derecha expresaron dudas sobre el voto por correo y la incidencia del voto exterior, utilizando el término “pucherazo”. Se mencionaron instituciones como Correos, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el CIS y la empresa Indra, encargada del recuento. A pesar de estas afirmaciones, los comicios de 2023 se desarrollaron sin informes de irregularidades masivas. El voto de los residentes en el extranjero (CERA) en esas elecciones resultó en el cambio de un escaño en Madrid, a favor del PP. Tras esos comicios, las expresiones de duda sobre los procesos electorales disminuyeron, aunque resurgieron con la convocatoria de nuevas elecciones en 2025 en Extremadura y en la primera parte de 2026.