Exministro Ábalos Presenta Queja Formal por Incidente en Centro Penitenciario

El exministro José Luis Ábalos ha presentado una queja formal ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y ha solicitado una investigación dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este desarrollo surge a raíz de un incidente ocurrido el pasado 20 de julio en el centro penitenciario de Soto del Real, donde la pareja del exministro fue impedida de acceder a una comunicación íntima (vis a vis) tras la reacción de un perro detector. La defensa de Ábalos ha interpretado esta denegación como una posible "represalia o de una sanción indirecta" en el contexto de su reciente condena.

Incidente en el Acceso a Comunicaciones Penitenciarias

La defensa de José Luis Ábalos, quien el 22 de junio fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión, ha detallado en un escrito dirigido al juzgado, al que ha tenido acceso este medio, los pormenores del incidente. Según el documento, el 20 de julio se había autorizado y programado una comunicación íntima entre el exministro y su pareja. Sin embargo, en el momento del acceso de la visitante al centro penitenciario, "un perro detector empleado por el servicio de seguridad realizó un marcaje sobre ella". La defensa señala que, como consecuencia exclusiva de esta indicación del animal, se impidió la celebración de la comunicación.

El escrito presentado por la defensa subraya que la denegación de acceso se fundamentó únicamente en la reacción del perro, sin que, según su argumentación, se llevara a cabo una comprobación posterior. Se indica que "no consta que se ofreciera a la visitante la práctica de un cacheo en los términos legalmente previstos, ni que se realizara registro" con el fin de confirmar la existencia de un objeto o sustancia prohibidos. La defensa enfatiza que la negativa "se sustentó únicamente en un indicio (la reacción del animal), sin acreditación posterior".

En su argumentación, la defensa de Ábalos hace referencia al reglamento penitenciario, el cual establece el "derecho a comunicar con familiares y allegados, con respeto máximo a la intimidad" de los internos. Además, se menciona el artículo 45 de dicha normativa, que regula el vis a vis y garantiza un mínimo mensual de estas comunicaciones. Se sostiene que el reglamento contempla el cacheo como el único mecanismo de control corporal del visitante vinculado a la denegación de la comunicación, y que el "marcaje de un perro detector" no está contemplado como "causa autónoma y suficiente para denegar el vis a vis". Para la defensa, este marcaje es "un indicio, no una prueba (...), y no acredita por sí sola la tenencia de sustancia u objeto prohibido ni, por tanto, la existencia de un impedimento real para la comunicación".

Argumentación Legal y Solicitudes a las Autoridades

La defensa del exministro también ha planteado una presunta falta de motivación y de proporcionalidad por parte de la prisión al someter a su pareja al examen de perros detectores. Se argumenta que "existían alternativas menos lesivas e igualmente eficaces, como el cacheo", para verificar la situación sin restringir la comunicación. En consecuencia, se ha solicitado al juzgado que declare la vulneración de los derechos del exministro, que se garantice que la comunicación íntima denegada pueda celebrarse en una fecha posterior y que se advierta a la administración penitenciaria sobre la supuesta ilegalidad de su proceder. Asimismo, se pide que, en lo sucesivo, cualquier limitación de las comunicaciones se adopte mediante una resolución motivada.

De forma paralela, José Luis Ábalos ha dirigido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando una investigación sobre este episodio. En su comunicación, el exministro considera que los hechos pueden constituir "una posible represalia y sanción encubierta". Ábalos argumenta que la entidad de los hechos justifica la intervención del ministro.

En la misiva a Grande-Marlaska, Ábalos establece una correlación temporal entre el incidente y la difusión pública de una entrevista grabada por su hijo, Víctor Ábalos, que abordaba la situación del exministro. En este contexto, Ábalos expresa lo siguiente:

Con el debido respeto, entiendo que la denegación pudo responder no a una razón real de seguridad, sino a una represalia por aquella difusión, operando en la práctica como una sanción encubierta. No lo afirmo de manera concluyente; precisamente por ello solicito que se investigue.

La defensa añade que, de confirmarse estas sospechas, se estaría ante una sanción impuesta "al margen del procedimiento disciplinario y de sus garantías —bajo la apariencia de una medida de seguridad—", lo que se calificaría como una "desviación de poder". Por estas razones, se ha instado al ministro a instruir a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a sus servicios de inspección para que investiguen la actuación y esclarezcan "si respondió a una causa real de seguridad o si, por el contrario, encubrió una represalia".

Comunicación de Instituciones Penitenciarias y Contexto General

Consultadas por este medio, fuentes de Instituciones Penitenciarias han proporcionado información general sobre el protocolo en casos de visitas con perros detectores, sin referirse específicamente al caso de Ábalos. Estas fuentes indican que, durante los controles de acceso en las visitas, se utilizan perros. Si uno de estos canes realiza un "marcaje lapa" —término que describe una técnica de adiestramiento canino pasivo donde el perro se fija en el punto exacto de detección sin agresión física, utilizada para localizar sustancias prohibidas—, se considera un indicio de la presencia de una sustancia no permitida. En tales situaciones, se procede a denegar el acceso al visitante.

Este incidente y la subsiguiente queja se insertan en el marco de la situación judicial del exministro José Luis Ábalos, quien, un mes antes de los hechos descritos, el 22 de junio, fue condenado por el Tribunal Supremo a una pena privativa de libertad de 24 años y tres meses. Esta condena es el motivo de su ingreso en el centro penitenciario donde se ha producido el incidente que ahora es objeto de su denuncia y de la solicitud de investigación a las autoridades competentes.