La Audiencia Nacional mantiene investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración

La Audiencia Nacional ha mantenido los indicios de posible delito en la investigación que afecta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras su declaración de aproximadamente dos horas ante el juez José Luis Calama este miércoles. La comparecencia no aportó, según el instructor, explicaciones consideradas suficientes para descartar las sospechas previas relacionadas con supuestos cobros por mediación en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias, así como el papel de las empresas vinculadas a sus hijas en transacciones que ascienden a más de 800.000 euros.

El proceso judicial en la Audiencia Nacional ha registrado un nuevo desarrollo con la declaración del expresidente socialista. A pesar de que esta fue su primera oportunidad para ofrecer su versión sobre los hechos descritos en el auto de imputación, la evaluación del juez indica que los elementos de la investigación persisten. El magistrado José Luis Calama, tras escuchar al exdirigente, optó por no imponer medidas cautelares, argumentando que la situación procesal del investigado no presentaba un riesgo de fuga. Sin embargo, en paralelo, el auto judicial ha señalado que las explicaciones aportadas por Zapatero no han sido suficientes para disipar las sospechas que fundamentan la causa, las cuales abarcan presuntas prácticas de tráfico de influencias y otros delitos.

La situación procesal actual se configura sobre la base de informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que contienen inferencias que, según la investigación, sustentan la imputación de diversos delitos a Zapatero. El expresidente, a través de su entorno, había expresado previamente su indignación por el contenido de estos informes. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, la expectativa era que aportara documentación o explicaciones precisas que pudieran modificar la valoración de la Fiscalía Anticorrupción y del propio juez Calama sobre las tesis policiales. Sin embargo, el juez instructor, en su auto donde rechaza la imposición de medidas cautelares, concluye que estas explicaciones no fueron proporcionadas o resultaron insuficientes.

Aspectos Centrales No Dilucidados en la Declaración

Fuentes de la investigación han señalado dos aspectos centrales sobre los que José Luis Rodríguez Zapatero concluyó su declaración sin ofrecer las explicaciones que se consideran suficientes. El primero se refiere a la justificación de los trabajos por los cuales habría recibido cerca de medio millón de euros de Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez. El segundo concierne al rol de sus hijas en la red de empresas bajo investigación, dado que sus compañías habrían recibido un total de más de 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios investigados.

Ambos puntos son elementos centrales para la Audiencia Nacional, la cual considera que Zapatero podría haber recibido pagos de Análisis Relevante por informes cuya existencia material se cuestiona, presentándose en ocasiones como “verbales”. La hipótesis de la investigación es que, de esta forma, el expresidente y su colaborador habrían encubierto el propósito real de los desembolsos, que sería la intercesión del expresidente en el rescate de Plus Ultra mediante tráfico de influencias, además de otras operaciones en compañías con intereses en la obtención de ayudas públicas o favores.

La aerolínea Plus Ultra, que opera la ruta Madrid-Caracas, había contratado a Julio Martínez Martínez como intermediario para la resolución de sus asuntos en Venezuela. La aerolínea realizó pagos directos o indirectos por un monto superior a 900.000 euros entre 2020 y 2024 a Martínez. En el mismo periodo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. Ante el juez, Zapatero defendió que no ejerció influencia alguna para favorecer el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. Respecto a los pagos de Análisis Relevante, declaró que eran por servicios de asesoría, cobrados de forma conjunta al final del año, sin aportar documentación que respaldara su relato. Además, entregó un escrito de “consentimiento expreso” para verificar la inexistencia de activos a su nombre fuera de España.

El segundo aspecto sin clarificar, que podría derivar en una próxima investigación a las hijas de Zapatero —solicitada ya por el PP como acusación popular—, son los 239.755 euros que la empresa de ambas recibió de Análisis Relevante. A ello se suma el más de medio millón de euros que su agencia obtuvo de Inteligencia Prospectiva, una sociedad propiedad de dos hermanos venezolanos, que también realizó pagos a Análisis Relevante. Tanto Inteligencia Prospectiva como Análisis Relevante son consideradas empresas sin actividad por la Oficina Antifraude. La investigación, a través del juez y Anticorrupción, considera que la ausencia de actividad de estas empresas plantea interrogantes sobre la necesidad de subcontratación de servicios.

Fuentes de la investigación consultadas han transmitido la percepción de que Zapatero, durante el interrogatorio, optó por diferir las explicaciones relativas a la facturación de las empresas de sus hijas, sugiriendo que serán ellas quienes deberán ofrecerlas si son citadas a declarar. Las conclusiones preliminares de los investigadores indican que Zapatero no habría realizado servicios reales a la consultora de su amigo, lo que, según las fuentes, dificultaría la explicación de la interconexión entre los pagos por sus supuestos trabajos y los efectuados a la agencia de sus hijas.

Las mismas fuentes consideran relevante que Zapatero no haya aportado explicaciones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina, cuyo valor supera los 1,3 millones de euros según la tasación policial. Si bien puede faltar documentación, la investigación señala que preguntas sobre el origen, la entrega y la ubicación de las joyas requerían respuestas que no precisaban preparación adicional. Zapatero ha manifestado su intención de recabar todas las explicaciones sobre el supuesto origen lícito de estas joyas en un plazo de una semana a diez días.

Posición Judicial y Diferencias con la Fiscalía

El auto judicial emitido este miércoles no asume la tesis policial que describía a Zapatero como el presunto líder de una organización concertada para delinquir. La resolución sobre medidas cautelares, por su naturaleza, requiere mayor especificidad que el auto de imputación, y se limita a resumir los principales indicios ya existentes, sin detallar los delitos específicos por los que se investiga al expresidente en este momento.

El texto judicial advierte que la investigación puede avanzar en la consolidación de los indicios contra el expresidente, o en el sentido de establecer su inocencia. Sin embargo, subraya que la información obtenida de los dispositivos móviles incautados en noviembre, cuando se inició el caso, sumada a la clonación del teléfono de Rodolfo Reyes, antiguo propietario de Plus Ultra, en 2021, contribuyen a la existencia de indicios relacionados con Zapatero. A estos elementos, el juez Calama añade la “utilización de múltiples sociedades mercantiles que, según los indicios, habrían sido instrumentales”, sin especificar cuáles, y las joyas encontradas en su despacho, sobre las cuales el magistrado reitera que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

A diferencia de lo ocurrido con la imputación inicial, el juez Calama presentó este miércoles una resolución diferente a la solicitada por la Fiscalía. La fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, había pedido la retirada de todos los pasaportes de Zapatero, incluido el diplomático, y la obligación de comparecer cada quince días en un juzgado. No obstante, el juez argumentó el rechazo de esta petición, a la que también se había adherido el Partido Popular como acusación popular. El magistrado alegó que la persistencia de los indicios contra Zapatero no justifica medidas destinadas a evitar un juicio anticipado, sino a garantizar la no fuga o destrucción de pruebas. Por su parte, el Ministerio Público, según fuentes fiscales, había defendido estas medidas como “suficientemente fundamentadas y consistentes” durante la vista celebrada.