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Política y EconomíaRedacción El Irónico2 de julio de 2026
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Acuerdo entre el Gobierno de Chubut e YPF sobre Responsabilidades Ambientales y Desinversión

Fuente original: La Izquierda Diario (extraído automáticamente vía RSS)

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Acuerdo entre el Gobierno de Chubut e YPF sobre Responsabilidades Ambientales y Desinversión
El Irónico AI Engine: Este artículo ha sido reformulado. Se removió el sensacionalismo político y el framing partidario de la fuente original, ofreciendo una lectura estructurada de alta legibilidad.

El gobierno de la provincia de Chubut y la empresa YPF S.A. han alcanzado un acuerdo para la liberación de responsabilidades ambientales de la petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge, valorado en U$S 25 millones. La ratificación de este convenio por parte de la Legislatura provincial está programada para el jueves 2 de julio. Este desarrollo ocurre en un contexto de retiro de YPF de sus áreas convencionales y se compara con estimaciones de pasivos ambientales significativamente mayores, así como con acuerdos similares en otras provincias.

Contexto de Desinversión y Acuerdo de Responsabilidad Ambiental

YPF S.A., operando como una empresa de carácter privado, ha iniciado un proceso de desinversión en sus áreas convencionales ubicadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Esta decisión, enmarcada en el "Proyecto Andes" impulsado por la administración de Javier Milei y el presidente de YPF, Horacio Marín, busca reorientar la actividad hacia yacimientos no convencionales como Vaca Muerta. El retiro ha conllevado la pérdida de al menos 5.000 puestos de trabajo en los sectores petrolero, de transporte y construcción (UOCRA) dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge.

La región de Comodoro Rivadavia enfrenta un periodo de desafíos económicos, similar a episodios previos como la privatización de 1992 y la caída del precio internacional del barril de petróleo a U$S 11 en 1998. El actual escenario se caracteriza por el retiro de la operadora de sus yacimientos en Chubut y la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ).

Ante la situación de los pasivos ambientales acumulados durante décadas de actividad extractiva y sus impactos en el medio ambiente, YPF y el gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, han suscrito un acuerdo para abordar estas responsabilidades.

Cláusulas y Alcances del Convenio

El acuerdo fue firmado el viernes 26 de junio y establece un pago de U$S 25 millones por parte de YPF a la provincia de Chubut. A cambio, la provincia se compromete a la liberación de las responsabilidades ambientales de la empresa y a una renuncia irrevocable a cualquier reclamo ambiental presente y futuro relacionado con las áreas involucradas.

La cláusula 4 del Acta Acuerdo especifica el alcance de esta liberación:

“La Provincia del Chubut libera a YPF S.A. de responsabilidad por pasivos, hallazgos, cuestiones y situaciones ambientales de las Áreas, y declara que no tiene nada más que reclamarle, ni a YPF S.A., ni a sus directores y accionistas, en relación con la condición ambiental e instalaciones de dichas Áreas.”

Evaluaciones preliminares han indicado que el costo estimado para el abandono técnico de pozos inactivos podría ser considerablemente superior al monto acordado. Se ha señalado que, con más de 2.000 pozos inactivos en el área Campamento Central, atribuibles solo a YPF, y un costo estimado de U$S 200.000 por pozo para su abandono técnico, el pasivo ambiental potencial en Chubut podría superar los U$S 400 millones, según reportes de 2024 de ADNSur. Esta estimación no incluye los pozos de otras áreas cubiertas por el acuerdo, como El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol y Manantiales Behr, ni los 84 pozos offshore del área Restinga Alí.

La condición de "renuncia irrevocable" a formular reclamos futuros ha sido un punto de análisis. El Acta Acuerdo establece que la provincia renuncia “en forma irrevocable” a cualquier tipo de reclamo contra YPF por pasivos, hallazgos o situaciones ambientales en las seis áreas concesionadas, originados con anterioridad al perfeccionamiento de la cesión. Esta renuncia se extiende a todos los organismos, dependencias y sociedades del Estado Provincial, abarcando futuros gobiernos y legislaturas. La situación difiere de acuerdos en otras jurisdicciones; por ejemplo, en Santa Cruz, un acuerdo firmado en abril de 2025 entre la petrolera y el gobernador Claudio Vidal implicó un monto de U$S 335 millones e incluyó un programa concreto de saneamiento ambiental, a diferencia del concepto de "clean exit" o desinversión sin responsabilidades aplicado en Chubut.

Disposiciones Adicionales y Reacciones Políticas

Además de las cláusulas ambientales, el convenio incluye la transferencia de bienes a la provincia. Entre estos se encuentran más de cien vehículos (tipo Ford Ranger y Toyota Hilux) y decenas de inmuebles ubicados en Comodoro Rivadavia, incluyendo instituciones como el Club General Saavedra, el Club Náutico, el Club Atlético Tiro Federal, el Club Talleres Junior y el Club Florentino Ameghino. Un consejo consultivo integrado por instituciones locales analizará la distribución de estos bienes.

El gobierno provincial ha presentado estas transferencias como un aspecto central del acuerdo. Sin embargo, se ha señalado que la titularización de inmuebles a favor de clubes e instituciones ya estaba contemplada en un convenio anterior, datado de 1999.

Este punto del acuerdo ha generado debate entre el gobernador de la provincia, el intendente de Comodoro Rivadavia, y otros actores políticos, incluyendo diputados y funcionarios tanto oficialistas como opositores, respecto a la gestión y destino de los bienes transferidos.

En el ámbito político, formaciones como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) han expresado su posición, planteando la necesidad de la nacionalización de la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores. Asimismo, han propuesto la unificación de los trabajadores bajo un mismo convenio, la reincorporación de los empleados desvinculados por YPF, y la implementación de un plan de reparación ambiental integral, supervisado por los trabajadores y especialistas universitarios y del CONICET, para las áreas afectadas por la explotación petrolera.

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