Análisis de Indicadores Socioeconómicos en Santa Cruz: Desempleo, Endeudamiento y Gasto Público en 2026

Durante el primer semestre de 2026, la provincia de Santa Cruz ha registrado un conjunto de indicadores socioeconómicos que incluyen el incremento del desempleo, un alza en el costo de vida, y una acentuación del endeudamiento familiar. Estos fenómenos se manifiestan en un contexto de evolución de la situación laboral a nivel nacional y de ajustes en el gasto público.

Situación del Empleo y el Mercado Laboral

A nivel nacional, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC indicó que la tasa de desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026. Este porcentaje representa aproximadamente 1,1 millones de personas desocupadas en los 31 aglomerados urbanos analizados, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el período inmediatamente anterior. La informalidad laboral se situó en el 44,2%, cifra que marca el valor más elevado desde el inicio de la serie histórica en 2023, mientras que la subocupación registró un 11,1%. En el mismo período, la distribución del desempleo mostró que el 8,3% de las mujeres estaban desocupadas, en contraste con el 7,5% de los varones.

En el ámbito patagónico, la región presentó un promedio de desocupación del 5%. Sin embargo, dentro de Santa Cruz, la ciudad de Río Gallegos —el único aglomerado provincial incluido en el relevamiento del INDEC— registró una tasa de desempleo del 8,5% en el primer trimestre de 2026. Este valor supera las medias nacional y regional, siendo la tasa más alta entre las ciudades patagónicas. A fines de 2025, el índice había alcanzado un 9,5%, reflejando un aumento interanual de 3,4 puntos. Adicionalmente, entre 2024 y 2025, se registró una pérdida de 10.700 empleos formales en la provincia de Santa Cruz. Este dato, sumado a la situación de Chubut, configura una contracción de más de 26.000 puestos de trabajo registrados en la Patagonia Sur, lo que representa una disminución del 13% en el empleo formal.

Paralelamente, se ha observado una expansión en la participación de individuos en plataformas de transporte y entrega a domicilio. Relevamientos del sector citan que más de un millón de personas operan en aplicaciones como Uber, Cabify, DiDi, Rappi o PedidosYa a nivel nacional, distribuidos en aproximadamente 900.000 conductores y 200.000 repartidores. La ausencia de cifras oficiales se relaciona con la naturaleza no registrada de gran parte de esta actividad. En 2025, Cabify reportó un aumento del 30% en su número de conductores, y Rappi un incremento del 38% en repartidores activos hacia noviembre del mismo año. La expansión de este sector se relaciona con la necesidad de complementar ingresos o como alternativa ante la disminución del empleo formal. Datos promedio indican que, para equiparar el ingreso medio individual del país, un repartidor requirió completar 344 pedidos, y 126 entregas para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este tipo de empleo se caracteriza por la ausencia de aportes previsionales, cobertura contra accidentes, aguinaldo y vacaciones pagas.

Costo de Vida, Salarios y Negociaciones Colectivas

El Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó que, en junio de 2026, un hogar promedio en Río Gallegos necesitó $1.970.674 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), umbral de la línea de pobreza, y $887.691 para la Canasta Básica Alimentaria (CBA), umbral de indigencia. Ambos valores mostraron un incremento del 17,1% en seis meses. En Caleta Olivia, la CBT alcanzó los $1.964.928 en el mismo mes. El costo de vida en Río Gallegos se ubica entre un 25% y un 31% por encima del Gran Buenos Aires (GBA), influenciado por la incidencia de los servicios públicos, la vivienda y la calefacción en la región patagónica. En este escenario, las remuneraciones han mostrado una disminución en su poder de compra: los salarios del sector privado acumulan un retroceso real del 4,8% desde noviembre de 2023 a nivel nacional, mientras que los del sector público han experimentado una pérdida superior al 17% en su poder de compra durante el mismo período.

En el ámbito provincial, la administración de Santa Cruz convocó a negociaciones paritarias en junio de 2026. La propuesta salarial para la administración central incluyó un 17,8% de aumento acumulado, distribuido en tres tramos (julio, septiembre y octubre), con una cláusula de revisión en octubre. Entidades gremiales como APAP y UPCN suscribieron la oferta. Sin embargo, un frente sindical rechazó la propuesta, argumentando su insuficiencia tras seis meses sin ajustes salariales, e inició medidas de fuerza de 72 y 120 horas acompañadas de movilizaciones. Representantes gremiales indicaron que el porcentaje propuesto no logra compensar la inflación acumulada ni impacta sobre el sueldo anual complementario.

Impacto en la Actividad Comercial, Endeudamiento y Servicios Públicos

El comportamiento del ingreso disponible se ha reflejado en la actividad comercial. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó caídas interanuales en las ventas minoristas pyme durante más de un año, con un descenso del 3,5% en el primer cuatrimestre de 2026 y contracciones adicionales en mayo, junio y julio, acumulando un declive del 2,7% entre enero y julio. Desde fines de 2023, se ha registrado el cierre de más de 26.000 pymes a nivel nacional, y proyecciones del sector sugieren una posible pérdida de otras 40.000 firmas para fines de 2026. Los concursos preventivos aumentaron un 131,7% entre 2023 y 2025. En Santa Cruz, esta dinámica se ha asociado al cierre de establecimientos como Autofarma y sucursales de Carrefour, además de otros comercios locales.

El endeudamiento de los hogares en Santa Cruz ha presentado características relevantes. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mostró que el 19,8% de la deuda familiar santacruceña —abarcando crédito bancario y financiamiento digital— se encuentra en mora. Este es el índice más alto de la Patagonia y posiciona a la provincia entre las cinco con mayor morosidad del país, detrás de La Rioja, San Luis y Catamarca. Además, el 31,2% de las personas con créditos en la provincia presentan incumplimientos. Relevamientos del "Mapa de la Deuda" del BCRA de junio de 2026 indicaron que dos de cada diez adultos santacruceños mantenían deudas en mora, con el 43% de estos casos implicando morosidad multientidad. La provincia registra, junto a Neuquén y Tierra del Fuego, el monto mediano de deuda por persona más elevado del país, con $1.771.000. En mayo de 2026, Santa Cruz contabilizaba cerca de 10.000 deudores morosos en el sistema bancario y aproximadamente 34.000 en plataformas digitales. Ante esta situación, el Gobierno provincial extendió hasta fines de 2026 el Plan de Alivio Financiero con el Banco Santa Cruz. La medida ajustó el tope de afectación salarial para refinanciaciones del 75% al 60%, permitiendo la reestructuración de aproximadamente $43.000 millones en deudas de más de 3.500 empleados públicos y jubilados, con plazos de hasta 72 cuotas, tasa subsidiada y dos meses de gracia.

La evolución de la pobreza y la indigencia en Río Gallegos ha mostrado variaciones. Luego de registrar un 39,2% en el segundo semestre de 2023, alcanzó un 53,8% en el primer semestre de 2024, afectando a más de 70.000 personas (de las cuales 13.000 se encontraban en situación de indigencia). Posteriormente, los indicadores disminuyeron al 30% (segundo semestre de 2024), 32,3% (primer semestre de 2025) y 23,6% (segundo semestre de 2025). Sin embargo, el nivel actual de pobreza se mantiene por encima de los registros previos a 2018. La indigencia, por su parte, experimentó un aumento en el mismo período, pasando del 3,4% al 4,3% de las personas y del 2,8% al 4,4% de los hogares. Esto implica que más de mil hogares en Río Gallegos carecían de los ingresos necesarios para la subsistencia alimentaria básica. Actualmente, un tercio de la población de Río Gallegos no cubre la Canasta Básica Total.

En el sector de la salud y la educación públicas, se han registrado situaciones de restricciones presupuestarias y su impacto en la provisión de servicios. La administración nacional ejecutó una reducción de aproximadamente $2,5 billones en el Presupuesto 2026, con recortes que afectaron a Salud en $63.021 millones (medicamentos, insumos y programas oncológicos) y a Educación en $78.711 millones (incluyendo la interrupción del programa Conectar Igualdad y del Fondo Nacional de Incentivo Docente —FONID—, y una reducción del 99,7% en infraestructura escolar). En Santa Cruz, la reestructuración del programa Remediar resultó en la reducción de la provisión gratuita de medicamentos en centros de atención primaria, pasando de 79 a 3 líneas, lo que implicó que el Estado provincial asumiera la cobertura restante con recursos propios. En la red hospitalaria santacruceña, entidades profesionales como FESPROSA/APROSA han manifestado la existencia de contrataciones con condiciones no regulares, demoras de entre 6 y 9 meses en la percepción de haberes para profesionales de nuevo ingreso, abastecimiento irregular de insumos y retrasos en los giros a la Caja de Servicios Sociales. Estas condiciones han sido asociadas al alejamiento de profesionales médicos de la provincia, llevando a la Sociedad Argentina de Cirugía a declarar en "Zona de Emergencia" al Hospital Regional de Río Gallegos debido a un déficit de especialistas. En junio de 2026, el personal de salud realizó un paro de 96 horas.

El sistema educativo provincial ha experimentado situaciones análogas. La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) ha denunciado el no cumplimiento de la Ley Provincial de Educación N° 3305, la cual establece una partida mínima del 25% del presupuesto provincial para el área, registrando una ejecución del 22,16% en el último ejercicio. Esta subejecución se relaciona con problemas edilicios que han ocasionado suspensiones de clases debido a fallas en los sistemas de calefacción (con reportes específicos en la EPP N° 2, la Industrial N° 7 y el CPES N° 12). Tras un ciclo lectivo 2025 con más de 40 días de medidas de fuerza, en 2026 se mantuvieron las jornadas de paro y el reclamo por la restitución del FONID.

Propuestas para un Modelo Económico y Social

Diversos sectores sociales y sindicales han expresado la necesidad de considerar modelos económicos y sociales alternativos. Se argumenta que las dinámicas actuales no se resolverán únicamente a través de mecanismos de autorregulación del mercado o la expectativa de futuras actividades extractivas. Desde estas perspectivas, se ha planteado la posibilidad de un modelo planificado, con participación de trabajadores y comunidades. Las propuestas incluyen:

• Prohibición de despidos y suspensiones.
• Redistribución de las horas de trabajo entre personas ocupadas y desocupadas, manteniendo los niveles salariales.
• Implementación de una escala móvil salarial que ajuste automáticamente los sueldos en función de la inflación.
• Estatización, bajo control obrero y comunitario, de empresas que cierren o cesen su actividad, mencionando ejemplos como Autofarma y yacimientos de YPF.

Estos planteamientos sugieren que un desarrollo para las comunidades de Santa Cruz podría no basarse únicamente en la explotación de recursos naturales a largo plazo, sino en una discusión sobre el control de los recursos estratégicos de la provincia, su propósito y la garantía de que la riqueza generada se traduzca en empleo estable, servicios de salud y educación pública robustos, y una economía con capacidad de auto-sostenimiento frente a la eventual retirada de empresas.

Nota: La información ha sido elaborada en base a informes del INDEC (EPH y pobreza e indigencia, datos 2024-2026), del Observatorio de Economía de la UNPSJB, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y su Central de Deudores, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA/APROSA), relevamientos periodísticos de medios nacionales y de Santa Cruz, e informes gremiales de ATE, ADOSAC y del sector petrolero.