Análisis de la Situación Carcelaria y Policial en la Provincia de Buenos Aires según Datos Recientes de la Comisión por la Memoria

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha difundido datos actualizados sobre el sistema penal y las violencias estatales en la Provincia de Buenos Aires, abarcando las condiciones de 66.600 personas privadas de su libertad en cárceles, alcaidías y comisarías bajo la órbita de la administración provincial. Este informe, publicado a través de su sitio "Datos Abiertos", presenta estadísticas y situaciones documentadas sobre la gestión penitenciaria y policial en el territorio bonaerense, proporcionando una base empírica para el análisis de las políticas públicas en este ámbito.

La información actualizada por la CPM, en su calidad de organismo local subsidiario del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827), ofrece un panorama de las personas detenidas en diversas sedes y unidades penales dependientes del gobierno de Axel Kicillof. Estas incluyen las cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos liderado por Juan Martín Mena, y las comisarías de la Policía Bonaerense, responsabilidad del Ministerio de Seguridad encabezado por Javier Alonso.

El informe detalla que, del total de 66.600 personas detenidas en la provincia, 56.511 se encuentran alojadas en cárceles, 3.396 en alcaidías y 1.704 en comisarías. Adicionalmente, 4.989 personas están bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Dentro de esta población, se registran 667 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 84 son identificados como no punibles.

Un aspecto relevante de los datos es la situación procesal de los detenidos: únicamente el 54 % de la población total alojada en dependencias penitenciarias o policiales cumple una pena dictada por sentencia judicial. El 46 % restante se encuentra sin condena, es decir, bajo proceso judicial, un estado que, según el principio constitucional, implica la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Tasas de Encarcelamiento y Condiciones de Alojamiento

La "tasa de encarcelamiento", una métrica internacional que compara el número de personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes, es un indicador clave en este análisis. Según datos actualizados a diciembre de 2024 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, dependiente del Ministerio de Justicia nacional, la Argentina registra una tasa de 316 personas cada cien mil habitantes.

En contraste, los "Datos Abiertos" de la CPM indican que a junio de 2026, la tasa de encarcelamiento en la Provincia de Buenos Aires es de 382 personas cada cien mil habitantes, lo que representa un incremento del 21 % respecto a la media nacional. El seguimiento de esta tasa durante la gestión del gobernador Kicillof muestra un aumento del 30 % desde 2019, año en que la tasa era de 295 personas cada cien mil habitantes al finalizar la gestión anterior.

La Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo autónomo del Congreso, señala que el promedio mundial de la tasa de encarcelamiento se sitúa en 140 personas cada cien mil habitantes. Países como Brasil, con 390 cada cien mil habitantes (datos de 2022), y Rusia, con 300 cada cien mil habitantes (datos de 2023), figuran entre los países con tasas elevadas. La Provincia de Buenos Aires, con aproximadamente 18 millones de habitantes y su tasa actual, se posiciona en un nivel comparable al de estas naciones.

Las condiciones de alojamiento revelan una significativa sobrepoblación. Las 59.907 personas alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense se encuentran en espacios con una capacidad proyectada para 27.500 "plazas", lo que implica una sobrepoblación del 117 %. Estas "plazas" corresponden a superficies cerradas que a menudo carecen de infraestructura básica adecuada, incluyendo instalaciones sanitarias y condiciones mínimas de habitabilidad en términos de mantenimiento, calefacción y refrigeración.

De manera similar, en las comisarías de la Policía Bonaerense, 1.704 personas se alojan en celdas, calabozos y oficinas adaptadas, mientras que la capacidad estimada es de 1.217, resultando en una sobrepoblación del 40 %.

Investigaciones, Muertes y Denuncias de Violencia Institucional

El informe de la CPM también aborda la evolución de las investigaciones judiciales relacionadas con crímenes que involucran a personal policial y penitenciario. Se observa un descenso en el número de investigaciones penales por "violencia institucional". Datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia indican que entre 2018 y 2019, las investigaciones pasaron de 4.872 a 3.931. Para el año 2025, se registraron 2.668 investigaciones, lo que representa una disminución considerable.

Este descenso se traduce en una reducción de la proporción de expedientes judiciales por "violencia institucional" respecto al total de causas iniciadas, pasando del 0,6 % en 2018 al 0,3 % en 2025. La CPM, en su informe "El Sistema de la Crueldad XIX" (publicado a fines de 2025), describe "un conjunto de prácticas ilegales y violentas que produce el Estado por acción u omisión y configuran graves violaciones a los derechos humanos", refiriéndose al ámbito bonaerense.

En cuanto a la situación de niñas, niños y adolescentes, las imputaciones registradas en el Fuero Penal Juvenil bonaerense disminuyeron de 2.251 jóvenes en 2019 a 1.313 en el primer año de la gestión actual. Sin embargo, desde entonces se ha observado un incremento, superando las 1.828 imputaciones en 2025.

El informe también documenta la ocurrencia de muertes evitables de personas bajo custodia estatal. Entre enero y junio de 2026, se registraron 122 muertes en cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses. A estas se suman 40 muertes de personas asesinadas fuera de los centros de detención por efectivos de la Policía o del Servicio Penitenciario provinciales.

Casos Específicos y Reacción Judicial

La Comisión por la Memoria ha documentado incidentes recientes que ilustran las condiciones denunciadas. En junio, se registraron denuncias de situaciones en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena. Las denuncias indicaron que varias mujeres alojadas en el penal fueron objeto de actos de violencia. Una de las denuncias describe que una mujer fue desnudada, agredida sexualmente y sometida a asfixia simulada. La jefa del Penal, Daiana Balmaceda, habría proferido comentarios durante estos eventos. Otras mujeres habrían sido atadas, golpeadas y agredidas, o mantenidas semidesnudas e inmovilizadas sin acceso a alimentos ni agua por prolongados períodos. Otra interna habría sido esposada, amordazada y expuesta a gas pimienta, con prohibición de acceso al baño. Tras estos eventos, tres de las mujeres fueron trasladadas a otras unidades, y sus pertenencias personales, como teléfonos y ropa, fueron dañadas.

En un contexto diferente, la página oficial del SPB reportó en junio una función teatral en la Unidad 51, con la coordinadora de "Cultura" del penal, Dámaris Mamani, calificando la obra como "un mensaje esperanzador" para las detenidas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, no ha emitido pronunciamientos públicos sobre las denuncias de Magdalena.

Otro caso documentado por la CPM ocurrió en Moreno, donde se denunció sobrepoblación en la Comisaría Sexta y la DDI de Drogas Ilícitas de Paso del Rey. En la comisaría, once personas permanecían en espacios habilitados para tres. En la DDI, personas se alojaban en celdas improvisadas en lo que antes eran oficinas. La CPM señaló la falta de privacidad y el deterioro de las condiciones sanitarias, describiendo un "olor nauseabundo a materia fecal que tornaba difícil permanecer". Las mujeres detenidas en Magdalena y Moreno "quedaban sometidas a un aislamiento permanente con escasa luz natural y en condiciones inhabitables", según la denuncia.

Como resultado de la presentación de un habeas corpus colectivo preventivo y correctivo por parte de la CPM, el juez de Moreno Jorge Mariano ordenó la clausura de los calabozos en cuestión y prohibió el alojamiento de personas allí hasta que las condiciones fueran mínimamente adecuadas. Las denuncias sobre estos hechos fueron visibilizadas principalmente por familiares de las personas detenidas y organizaciones de derechos humanos, quienes interpusieron las acciones legales pertinentes.

La administración provincial, con Axel Kicillof como gobernador desde hace 2.412 días, enfrenta análisis sobre sus políticas económicas y sociales. Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, ha manifestado que:

el ajuste que opera en la provincia es aún mayor que el que hace la Casa Rosada.

Este panorama económico se enmarca en las discusiones sobre la orientación de la gestión provincial, incluyendo iniciativas como el "Movimiento Derecho al Futuro".