Concejo Deliberante de Humahuaca aprueba declaración de rechazo a Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Concejo Deliberante de la ciudad de Humahuaca, durante su 16° sesión ordinaria, ha aprobado la Declaración N° 1706/2026, la cual expresa el rechazo al Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta acción se llevó a cabo en la misma jornada en que el mencionado proyecto legislativo obtuvo una aprobación parcial en la Cámara de Senadores de la Nación, en un marco de movilizaciones en diversas localidades del país que manifestaron diversas posturas sobre la legislación.

Aprobación de la Declaración en el Concejo de Humahuaca

La iniciativa para la Declaración N° 1706/2026 fue presentada por el concejal Alfredo Ayarde, perteneciente a la bancada del PTS-FITU. Tras su presentación, la propuesta fue sometida a votación, resultando en una aprobación por mayoría. Los votos a favor incluyeron a los concejales Alex Frites y Cristian Paredes del Partido Justicialista (PJ), Osvaldo Cari de CONFIAR, y el propio Alfredo Ayarde del PTS. En contraste, las concejalas Alejandra Fernández, en representación de La Libertad Avanza (LLA), y Luisa Méndez, también del PJ, emitieron votos en contra.

En el contexto de esta sesión deliberativa, se registró una manifestación en las inmediaciones del recinto del Concejo Deliberante. Este evento fue impulsado por el Comité de la Quebrada e incluyó la exhibición de carteles alusivos a la normativa en discusión. La dirigente política Myriam Bregman participó en la congregación, acompañando a los manifestantes que expresaban sus preocupaciones respecto al proyecto de ley nacional.

Argumentos y Consideraciones sobre la Ley Nacional

La Declaración N° 1706/2026, una vez aprobada por el cuerpo legislativo de Humahuaca, detalla argumentos específicos en su articulado. El documento sostiene que el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tratado en el Senado nacional, se inscribe en un conjunto de políticas gubernamentales que, según la perspectiva de los proponentes de la declaración, buscan la subordinación de la economía nacional a intereses financieros y geopolíticos internacionales. En este sentido, se plantea que dichas políticas podrían afectar la autonomía del país en la gestión de sus bienes comunes naturales y recursos estratégicos.

Asimismo, la declaración local expresa una preocupación explícita sobre las potenciales implicaciones de la normativa para la explotación de recursos clave. Se argumenta que la ley podría facilitar el desarrollo de actividades relacionadas con la extracción de minerales, hidrocarburos, así como la gestión de recursos hídricos y agrícolas. Los redactores de la declaración señalaron que esta facilitación podría extenderse a áreas consideradas de especial protección, incluyendo zonas de seguridad de frontera, acuíferos estratégicos y ecosistemas ribereños o lacustres. Un punto adicional de crítica formulado en el instrumento se refiere a una posible desregulación de la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815, lo que, según la declaración, podría incentivar emprendimientos inmobiliarios y extractivistas en áreas previamente afectadas por incendios.

El texto de la declaración municipal también aborda el desarrollo del proceso legislativo del proyecto de ley a nivel nacional. Se menciona que, a raíz de movilizaciones públicas masivas registradas en distintas partes del país, los capítulos iniciales del proyecto que hacían referencia a la extranjerización de tierras y a modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego fueron finalmente retirados del articulado. Estos capítulos originales habrían implicado la eliminación de ciertas protecciones y límites preexistentes para la venta y el cambio de uso de suelo. No obstante, la declaración del Concejo Deliberante subraya que, a pesar de la remoción de estos segmentos, el proyecto de ley nacional fue aprobado manteniendo otras disposiciones que, según la interpretación de sus impulsores, podrían agilizar los procedimientos de desalojo para inquilinos. Además, se alerta sobre el posible impacto de estas medidas en los derechos territoriales de los pueblos originarios, que históricamente han reclamado la entrega de títulos de propiedad comunitaria.

Contexto Socioeconómico y Perspectivas Regionales

Desde la óptica de los concejales que apoyaron la Declaración N° 1706/2026, el pronunciamiento del Concejo Deliberante de Humahuaca adquiere una importancia particular como expresión de una postura local frente a la legislación nacional. Se enfatiza que el Municipio de Humahuaca se encuentra adherido al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento internacional que establece protecciones para los derechos colectivos, culturales y territoriales de los pueblos originarios. Esta adhesión es relevante dado que la provincia de Jujuy, y específicamente las regiones de la Quebrada y Puna, albergan una significativa presencia de comunidades originarias con importantes reclamos territoriales.

En el ámbito geográfico y económico local, el departamento de Humahuaca presenta una histórica particularidad en relación con la concentración de grandes extensiones de tierra, vinculada en parte a la operación de la Mina El Aguilar. Esta importante propiedad minera ha experimentado diversas fases de control accionario a lo largo del tiempo, habiendo estado inicialmente bajo la administración de capitales estadounidenses. Posteriormente, la propiedad pasó a manos de la transnacional Glencore, con sede en Suiza, y más recientemente, la gestión ha sido asumida por Integra, una empresa que cuenta con participación de capitales de origen nacional bajo el liderazgo de Manzano. Este panorama de propiedad territorial a gran escala forma parte del análisis y las preocupaciones que fundamentan la postura del Concejo Deliberante ante la legislación en discusión.

El concejal Alfredo Ayarde, tras la aprobación de la declaración, emitió declaraciones públicas en las que compartió su análisis de la coyuntura política nacional y sus expectativas sobre el rol de la ciudadanía:

"No podemos fiarnos de ningún diputado que, salvo la izquierda, están a merced de negociar al mejor postor, y que además son parte del consenso extractivista que saquean los minerales, el agua y los bienes comunes naturales."

En este marco, el concejal Ayarde hizo un llamado a la acción ciudadana:

"Por eso apuntó a apostar a la más amplia movilización, coordinación nacional de todos los sectores y el paro total para torcerle el brazo a Milei y todos sus colaboradores."

Estas manifestaciones reflejan una postura crítica de ciertos sectores políticos y sociales respecto a la necesidad de articular una respuesta colectiva y movilizada frente a las políticas nacionales en materia económica y legislativa.