Declaraciones Juradas de Manuel Adorni y Explicaciones sobre el Origen de su Patrimonio

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Argentina, ha presentado ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, junto con rectificaciones de los ejercicios 2023 y 2024. Estos documentos han sido sometidos a análisis en el marco de una investigación judicial que busca determinar la correspondencia entre sus ingresos declarados y la evolución de su patrimonio.

Contexto de las Declaraciones y Ajustes Patrimoniales

El funcionario ha abordado las demoras en la regularización de su situación patrimonial, atribuyendo el origen de las presuntas inconsistencias a su ingreso en la función pública a finales de 2023. En ese momento, al ser convocado para desempeñarse como vocero presidencial, debió presentar la declaración jurada de inicio patrimonial.

Adorni indicó que la confección inicial de dicho documento fue realizada personalmente en un período que describió como de particular complejidad, caracterizado por la situación económica previa y las exigencias del inicio de una nueva gestión. Durante este proceso, según su explicación, trasladó a la declaración patrimonial la información que utilizaba en registros previos, omitiendo la inclusión de ahorros acumulados a lo largo de los años junto a su esposa.

“Presento mi declaración jurada de inicio, donde lo que hago es copiar, básicamente, mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que había hecho o que habíamos hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error”, sostuvo.

La decisión de revisar y reconstruir su patrimonio fue motivada, según Adorni, por la denuncia de presunto enriquecimiento ilícito presentada en marzo del presente año. A partir de entonces, se inició un trabajo conjunto con su representación legal para identificar el origen de sus bienes y demostrar que los fondos en cuestión fueron obtenidos antes de su asunción en el Estado.

Adorni afirmó que tanto él como su esposa desarrollaron su actividad laboral exclusivamente en el sector privado, acumulando ahorros fuera del sistema financiero formal durante años.

“Lo cierto es que toda la vida ahorramos. Lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, aseguró.

El objetivo de la reconstrucción patrimonial, de acuerdo con su relato, ha sido establecer que el capital en controversia no se originó durante su desempeño como funcionario público. Explicó que la estrategia de defensa frente a la acusación judicial se centra en la transparencia sobre su patrimonio.

“La única forma de contrastar esto, de efectivamente demostrar que no lo sos, es explicando tu patrimonio”, sostuvo Adorni.

Detalles sobre Inversiones en Criptomonedas y Antecedentes Financieros

El funcionario abordó el rol de las inversiones en criptomonedas dentro de su patrimonio familiar. Según su explicación, su interés por Bitcoin se inició en 2013, y en el año siguiente, 2014, tomó la decisión de destinar una porción de sus ahorros a este activo digital. Adorni mencionó que en ese período, el contexto de las criptomonedas era diferente al actual.

“En 2014 empiezo efectivamente a invertir fuerte en bitcoin. Eran otras épocas”, recordó.

Entre 2014 y 2018, Adorni y su esposa invirtieron aproximadamente u$s 200.000, generando ganancias cercanas a los u$s 300.000. La decisión de cesar estas inversiones, según su relato, estuvo relacionada con el nacimiento de sus hijos y la necesidad de asegurar un capital considerado como garantía para el futuro familiar.

“Habíamos llegado a un umbral de ahorro que era medio como un seguro de vida para la educación de nuestros hijos”, explicó.

Respecto a la falta de registro formal de estos fondos, el funcionario reiteró que la práctica de ahorrar fuera del circuito bancario se debió a las condiciones económicas e impositivas prevalecientes en Argentina durante esos años.

“No se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años”, afirmó.

La explicación pública de Adorni se da en un momento en que la Justicia investiga la evolución de su patrimonio y la adquisición de diversos bienes. También se ha puesto bajo observación su reciente adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias. Este mecanismo, según especialistas tributarios, es independiente de las obligaciones de transparencia patrimonial que rigen para los funcionarios públicos.

En este contexto, Adorni reveló que consideró renunciar a su cargo cuando la controversia sobre su patrimonio se hizo pública, aunque finalmente optó por permanecer en funciones, citando el respaldo recibido desde la cúpula del Gobierno.

“Sí pensé en renunciar al principio”, reconoció.

La reconstrucción de su patrimonio, explicó, involucró la recuperación de documentación archivada por años. Adorni señaló que parte de las pruebas para respaldar el origen de los fondos provienen de registros asociados a operaciones con Bitcoin realizadas hace una década, cuando las criptomonedas tenían una difusión y esquemas operativos diferentes a los actuales.

El funcionario mencionó que al iniciar su defensa, recordó la existencia de billeteras digitales y documentos vinculados a esas inversiones. Sin embargo, reconoció que la localización de estos antecedentes tomó tiempo debido a mudanzas y la dispersión de registros acumulados.

“Sabía que mis billeteras y parte de la documentación me la había guardado”, afirmó.

Exhibió ejemplos de operaciones con Bitcoin entre 2017 y 2018, indicando que a partir de estos registros pudo reconstruir compras y ventas, con información respaldada por la tecnología blockchain. Estos movimientos, afirmó, forman parte de la evidencia presentada para demostrar que los fondos existían antes de asumir funciones públicas.

Adorni reiteró que estos activos correspondían a ahorros acumulados junto a su esposa durante su trayectoria en el sector privado y que no fueron incorporados en las declaraciones patrimoniales iniciales al asumir su cargo.

“Cuando llega el 2023, esto era todo un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía haciendo patrimonialmente y efectivamente voy arrastrando el error”, sostuvo.

Implicaciones Fiscales y Posicionamiento del Funcionario

El Jefe de Gabinete reconoció la omisión como un error y manifestó su disposición a afrontar las consecuencias tributarias derivadas de la situación.

“Hago mea culpa, por supuesto que cometí un error”, afirmó.

En este sentido, aseguró que regularizará la totalidad de las obligaciones fiscales correspondientes.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa y todos los intereses”, aseguró.

No obstante, Adorni rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito, argumentando que la totalidad de los recursos cuestionados se originaron durante sus años de actividad privada y no durante su gestión pública. Remarcó que no había ocupado funciones estatales antes de su convocatoria en diciembre de 2023.

“Ni soy un chorro. Todo lo hice en actividad privada”, afirmó Adorni.

El funcionario también abordó las críticas relacionadas con su reciente adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, establecido por la Ley de Inocencia Fiscal. Especialistas tributarios consultados han indicado que la adhesión a este régimen no impide investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito ni limita el acceso de la Justicia a información patrimonial relevante en una causa penal.

Adorni aseguró que ni él ni su esposa utilizarán este régimen para exteriorizar activos no declarados o para eludir obligaciones fiscales.

“No vamos a blanquear un solo dólar y no vamos a evitar pagar ningún impuesto”, afirmó.

Según su explicación, las declaraciones juradas rectificativas presentadas ante ARCA se realizan por el régimen general y no a través del esquema simplificado. Además, se comprometió a abonar los impuestos, multas e intereses que pudieran corresponder por las inconsistencias detectadas en sus presentaciones anteriores.

El funcionario negó que su adhesión al régimen simplificado tenga como objetivo obtener la protección conocida como “tapón fiscal”.

“No lo uso como tapón fiscal porque no existe el tapón judicial”, sostuvo.

A su entender, una parte de las críticas han confundido conceptos tributarios con el expediente judicial. Afirmó que, de no existir el régimen simplificado, habría procedido de la misma manera.

“Si el régimen no existiese, hubiese hecho exactamente lo mismo”, afirmó.