El 'Apagón de Ledesma' de 1976: Análisis de un Operativo y sus Repercusiones Judiciales y Sociales

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las localidades de Libertador General San Martín, El Talar y Calilegua, ubicadas en la provincia de Jujuy, Argentina, fueron escenario de una serie de eventos que la memoria colectiva ha denominado el “Apagón de Ledesma”. Este periodo se caracterizó por un operativo coordinado que involucró a fuerzas de seguridad y a la empresa Ledesma, Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI). Cuarenta y ocho años después de estos sucesos, se ha anunciado la realización de una iniciativa cultural y artística titulada “Jujuy No Se Apaga”, prevista para el 8 de agosto en La Comuna de San Salvador de Jujuy, con el objetivo de fomentar la memoria y el debate sobre los acontecimientos ocurridos.

Contexto Histórico y Antecedentes del Operativo en Ledesma

La provincia de Jujuy, junto con Salta y Tucumán, fue previamente identificada por las Fuerzas Armadas como una zona de preocupación en el marco de la doctrina contrainsurgente implementada con la construcción ideológica de un “enemigo interno”. Esta conceptualización se aplicó a sectores de la organización obrera y popular. Antes del golpe de Estado de marzo de 1976, ya se habían registrado acciones, incluyendo detenciones de parte de la Comisión Directiva del sindicato azucarero de Ledesma en 1974 y la intervención de dicha entidad. En 1975, el “Operativo Independencia” impactó en la organización obrera del Noroeste Argentino, afectando principalmente a los trabajadores azucareros de Tucumán.

Desde la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía en 1966, Ledesma SAAI mantuvo una colaboración con las fuerzas de seguridad. La empresa facilitó terrenos e infraestructura para la instalación de puestos de Gendarmería Nacional y, según diversas fuentes, financió la logística de estas fuerzas. Esta relación ha sido descrita por diversos análisis como una modalidad en la que el aparato estatal asistía a la empresa en la gestión de conflictos laborales, incluyendo la infiltración y vigilancia de la actividad sindical. Tras el golpe de Estado de marzo de 1976, las acciones en el ámbito de la conflictividad laboral escalaron. La ciudad de Libertador General San Martín, que concentraba aproximadamente la mitad de la población del departamento de Ledesma, fue un punto focal de estos eventos, registrando un número significativo de secuestros durante la semana del “Apagón”, lo que resalta el impacto de estas acciones.

Desarrollo y Consecuencias del “Apagón de Ledesma”

El “Apagón de Ledesma” consistió en una serie de acciones coordinadas que se iniciaron la noche del 20 de julio de 1976. Durante esa noche, se produjeron detenciones y secuestros en Libertador General San Martín, El Talar y Calilegua, las cuales se extendieron hasta el 27 de julio. Los primeros cortes de luz intencionales se registraron en Libertador y Calilegua al anochecer. En la madrugada del 21 de julio, en medio de la oscuridad total, fuerzas conjuntas compuestas por el Ejército, la Gendarmería y la Policía iniciaron allanamientos.

Se ha documentado que la dirección de Ledesma, específicamente la familia Blaquier, habría proporcionado listas de personas y vehículos de la empresa para la realización de los secuestros y detenciones masivas. Los operativos se replicaron en las noches siguientes, transformando la región en un área de persecución. Se estima que más de 300 personas fueron detenidas en Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar durante ese periodo. Al menos 60 de estas personas eran empleados u obreros de la empresa o tenían actividad sindical. Investigaciones, como la realizada por Victoria Basualdo, señalan que también fueron secuestrados docentes, médicos, abogados y estudiantes. Este amplio alcance de las detenciones se atribuye al control de la empresa no solo sobre la actividad fabril sino también sobre gran parte de la infraestructura social, incluyendo hospitales, escuelas, viviendas y servicios básicos, configurando lo que se ha descrito como un “sistema de fábrica con villa obrera”.

Muchas de las víctimas fueron inicialmente trasladadas a comisarías locales y, posteriormente, a la base de Gendarmería ubicada dentro del predio del Ingenio Ledesma o a galpones de mantenimiento de la empresa. Desde allí, fueron llevadas al Centro Clandestino de Detención (CCD) “Guerrero”, uno de los primeros en la provincia, donde se aplicaron métodos de tortura y se mantuvo a los detenidos vendados. La formalización de este circuito represivo se evidencia en documentos de la época; el 22 de julio de 1976, el interventor militar de Jujuy justificó la reconversión de un alojamiento en centro clandestino por “razones de servicio e interés público”. En este predio se concentró a gran parte de los secuestrados durante los apagones, junto con estudiantes de Tucumán. Adicionalmente, la empresa Ledesma despidió a los trabajadores secuestrados, alegando “abandono de trabajo” o “causa justa”. De las centenares de personas detenidas durante esos días, 33 trabajadores y militantes continúan en situación de desaparición.

Dimensiones Judiciales y la Presencia Económica de Ledesma

El proceso judicial en torno a las responsabilidades económicas en la última dictadura ha enfrentado demoras. Los procesamientos contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier, propietario de Ledesma, y su gerente operativo, Alberto Lemos, fueron dictados en 2012. Sin embargo, la causa permaneció estancada durante más de una década. Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en marzo de 2015 impidió que Blaquier fuera llevado a juicio oral. La influencia económica de la familia Blaquier y las decisiones políticas posteriores han sido señaladas por diversos actores como factores que contribuyeron a que el propietario de la empresa no enfrentara cargos judiciales hasta su fallecimiento. Ledesma es mencionada junto a otras compañías como Acindar y Ford en el contexto de la relación entre grupos empresariales y el golpe de 1976.

Ledesma SAAI mantiene una posición de influencia política y económica en la provincia de Jujuy, extendiéndose a otras regiones. La empresa es una de las mayores terratenientes del país, controlando más de 150.000 hectáreas de tierras propias en Jujuy. Su presencia territorial se expande a Buenos Aires y Entre Ríos, con más de 51.000 hectáreas dedicadas a la producción intensiva de carne y granos, y a San Luis, donde opera una planta de molienda de maíz. Recientemente, la empresa implementó acciones laborales que incluyeron despidos de cientos de empleados, restricciones a dirigentes sindicales y aplicación de fuerzas de seguridad contra trabajadores que manifestaron su oposición. Diversos análisis han indicado que este plan contó con la acción coordinada del gobierno y el régimen político provincial.

Iniciativas de Memoria y Participación Cultural

En el marco de los 48 años del “Apagón” de Ledesma, la labor de familiares, organismos de derechos humanos y actores políticos ha contribuido a la reconstrucción de la memoria histórica, contrastando con narrativas oficiales y empresariales que han sido cuestionadas por estos grupos. La iniciativa “Jujuy No Se Apaga”, organizada por la agrupación 9 de Abril, Contraimagen y las bancas del PTS en el Frente de Izquierda Unidad en Jujuy, busca convocar a artistas, trabajadores de la cultura, estudiantes, docentes, fotógrafos y realizadores audiovisuales para generar una política cultural que aborde el silencio sobre estos eventos.

Uno de los ejes de esta iniciativa es confrontar las formas actuales de la información sobre estos sucesos. Se señala que Ledesma interviene en la vida provincial a través del financiamiento de instituciones, medios de comunicación, eventos culturales y espacios artísticos, lo que, según los organizadores, promueve una memoria despolitizada y desvinculada de las responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado. Se ha abierto una convocatoria para sumar firmas en apoyo a “Jujuy No Se Apaga”, dirigida a artistas, trabajadores de la cultura, organismos de Derechos Humanos, trabajadores de Ledesma, estudiantes, docentes, intelectuales, periodistas y personas comprometidas con la causa, a través de un formulario online: https://forms.gle/r8DSZZz3Cxehicr46. Adicionalmente, se ha convocado a la “Marcha del Apagón” el jueves 23 de julio a las 15 horas, organizada por organismos de Derechos Humanos de Jujuy.