El Gobierno evalúa la aceleración de un decreto de vivienda tras un desalojo en Madrid

El Gobierno de España ha intensificado sus gestiones para la posible aprobación de un decreto de vivienda en el próximo Consejo de Ministros, tras el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid. La iniciativa legislativa, que se encontraba pendiente de apoyo parlamentario desde principios de julio, busca incorporar medidas relacionadas con la protección ante desalojos y la prórroga de alquileres, entre otros aspectos.

Contexto y reactivación de la propuesta legislativa

El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años, ha generado una considerable repercusión pública y ha impulsado al Ejecutivo a priorizar la discusión y posible aprobación del decreto de vivienda. Desde Nueva York, el presidente Pedro Sánchez se refirió al evento:

“Por supuesto que vamos a dar una respuesta a esta tragedia social, pero pido altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto que es imperioso”.

El Ejecutivo había insistido previamente en la necesidad de asegurar apoyo parlamentario para la norma antes de su aprobación, señalando que las formaciones de la derecha bloquean su avance y que el Partido Popular no aplica la legislación en las regiones donde gobierna. Sin embargo, fuentes gubernamentales reconocen que el desalojo ha sido un hecho de relevancia para una administración que había comprometido un enfoque prioritario en políticas de vivienda.

La orden actual en la Moncloa es intensificar las gestiones en un contexto de críticas por parte de colectivos de inquilinos y fuerzas de izquierda. Algunos sectores dentro del Gobierno habían defendido la conveniencia de aprobar el decreto en un Consejo de Ministros anterior, una medida que no se concretó en su momento. La postura oficial era impulsar el decreto solo con visos de éxito parlamentario, a pesar de que Sumar había exigido su aprobación semanas atrás para luego buscar los votos con el texto en vigor. El objetivo era evitar un nuevo fracaso de un paquete que incluye mecanismos antidesahucios y la prórroga de alquileres.

Contenido del borrador y puntos de negociación

El borrador del decreto, elaborado meses atrás por el Ministerio de Vivienda, es objeto de negociaciones intensificadas entre el Gobierno central, Sumar y el resto de los socios parlamentarios. Se contempla la posibilidad de aprobar el texto en el próximo Consejo de Ministros, incluso sin garantías absolutas de su refrendo en el Congreso de los Diputados.

Los contactos ya han comenzado, y la ministra de Vivienda ha conversado con portavoces de grupos parlamentarios cuyos votos son necesarios, excluyendo el previsible rechazo de PP y Vox. Las fuentes de Vivienda expresan confianza en que algunas de las fórmulas contenidas en el borrador permitan alcanzar un consenso entre fuerzas con posturas diversas, como Junts, cuyas tesis en materia de vivienda se han alineado con las de PP y Vox, y partidos de orientación de izquierda como Podemos, que demandan medidas más amplias.

Una de las propuestas del decreto se refiere a las medidas antidesahucios. La legislación vigente establece un plazo de cuatro meses desde la primera orden de lanzamiento, durante el cual el desalojo se paraliza mientras la administración competente (autonomías o ayuntamientos) busca una alternativa habitacional. Si transcurrido ese plazo no se ha ofrecido una solución, el desalojo se reactiva.

El texto del Gobierno propone una solución intermedia: mantener el desalojo paralizado más allá del cuarto mes hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad disponga de una alternativa. En este escenario, la administración competente, y no el propietario, asumiría los costes asociados durante el proceso.

Posturas de los socios parlamentarios

Fuentes de Sumar confirman que las negociaciones con el PSOE están en curso para aprobar un decreto de vivienda en los próximos días, con la meta de llevar un texto al Consejo de Ministros del martes de la próxima semana, el último de septiembre. No obstante, los dirigentes consultados advierten que esta fecha no es definitiva y que el calendario podría variar.

“Lo que ha ocurrido este miércoles”, con el desalojo de Maricarmen, “ha sido un punto de inflexión en el debate social y político sobre la vivienda”, según un dirigente del espacio de Sumar.

Estas fuentes señalan que las negociaciones con el PSOE se han intensificado en las últimas horas y que los socialistas “claramente se están moviendo”. Otro dirigente de Sumar sostiene que el PSOE ha comunicado la posibilidad de aprobar un decreto de vivienda la semana siguiente, aunque la decisión no ha sido formalizada. Se considera que el Gobierno ha intensificado la búsqueda de una resolución tras las críticas recibidas por el desalojo, no solo de la izquierda alternativa, sino también de algunos referentes mediáticos afines al PSOE.

Desde los socios parlamentarios, se ha planteado la posibilidad de aprobar por separado las medidas para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional para personas vulnerables, lo que podría generar un consenso más amplio y facilitar su convalidación. El Ejecutivo no ha confirmado esta opción, si bien Sumar defiende la aprobación de un decreto completo, que incluya todas las medidas del borrador original.

Las medidas principales de ese borrador, además de la protección antidesahucios, contemplaban la prórroga por dos años y al mismo precio de los contratos de alquiler que venzan en 2026, 2027 y el primer semestre de 2028. Asimismo, el texto incluía una regulación más estricta del alquiler temporal y por habitaciones, para evitar que estas figuras sean utilizadas para ajustar precios al alza o modificar las obligaciones contractuales con los inquilinos, especialmente en zonas consideradas tensionadas.

Sin embargo, el borrador también proponía una reforma de la ley del suelo para relajar la regulación en la construcción de vivienda, una iniciativa apoyada por el PSOE, PNV, Junts e incluso el PP, pero que difiere de la postura de Podemos, cuyos votos son relevantes para la convalidación y que ha declarado su oposición a textos que incluyan tales reformas. Junts, por su parte, había rechazado el borrador inicial por no incorporar sus demandas, como exenciones fiscales para todos los inquilinos (limitadas a jóvenes de 18 a 35 años en el borrador), deducciones para pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desalojos expeditos o desgravaciones en cuentas de ahorro para la vivienda.