Gobierno Español Analiza Vías Legales para Agilizar Plazos de Expulsión y Ampliar Capacidad de Acogida en Ceuta

El Gobierno de España ha iniciado trabajos técnicos para analizar modificaciones legislativas orientadas a la reducción de los plazos administrativos y judiciales en los procedimientos de expulsión de personas migrantes que no cumplen los requisitos para la protección internacional, en un contexto de llegadas significativas a Ceuta. Paralelamente, se buscan nuevos emplazamientos para acoger a las aproximadamente 3.500 personas que, según estimaciones oficiales, permanecen en la vía pública en la ciudad autónoma.

La iniciativa legislativa busca acortar de manera sustancial los plazos administrativos y judiciales para la expulsión de personas migrantes que carecen de derecho a asilo. Actualmente, estos procedimientos se extienden hasta un máximo de doce semanas. El objetivo es poder gestionar con mayor celeridad los operativos de retorno al país de origen en aquellos casos en que el solicitante no cumpla con los requisitos exigidos para ser amparado por los mecanismos de protección internacional. El Ejecutivo estima que esta situación se aplica a una proporción considerable de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Según la normativa estatal y comunitaria vigente, se permite denegar de manera prioritaria las solicitudes de asilo cuando los solicitantes provienen de Marruecos, país considerado seguro por la Unión Europea. Esta denegación se sustenta en un procedimiento garantista que incluye plazos específicos. Estos plazos, en la práctica, limitan la ejecución de expulsiones o devoluciones en periodos cortos, incluso si los demandantes de protección no cumplen con los perfiles requeridos, tales como ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género o preferencia sexual, o huir de un conflicto armado. El Gobierno ha señalado que una gran parte de los marroquíes que cruzaron la frontera del Tarajal lo hicieron por motivos económicos, lo que prefigura su devolución.

Este proceso de retorno a Marruecos se prevé como el final de un procedimiento administrativo prolongado, el cual el Ejecutivo calcula que podría extenderse hasta finales de año. Durante este periodo, el Estado se encuentra legalmente obligado a proporcionar acogida. Este imperativo legal, que es un derecho de las personas migrantes y una obligación de los países de llegada, ha coincidido en Ceuta con una superación de la capacidad de respuesta de las administraciones, a raíz de la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad, de las cuales muchas continúan pernoctando en la vía pública.

Marco Legal y Propuesta de Agilización de Procedimientos

El procedimiento administrativo de asilo se inicia con una fase de triaje, que en Ceuta se lleva a cabo principalmente en las instalaciones del Centro de Atención Temporal (CATE) ubicado en las naves del Tarajal. En este punto, se identifica a la persona migrante mediante la toma de huella dactilar. Con el apoyo de un traductor, se realiza una entrevista personal con funcionarios policiales para determinar el país de origen, las circunstancias personales, la existencia de antecedentes y la intención de solicitar formalmente asilo o protección internacional, cuestión cuya formulación es obligatoria por ley.

“La mayoría responde que sí, que solicita asilo. Pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a él porque son marroquíes y no cumplen los requisitos”

Esta declaración fue realizada por el ministro Ángel Víctor Torres el martes en una rueda de prensa. Tras el registro de la solicitud formal de protección, la Policía Nacional y la Oficina de Atención al Refugiado inician la apertura del expediente, que incluye una serie adicional de entrevistas personales destinadas a verificar la situación real de la persona migrante en su país de origen. Según el Ejecutivo, este paso puede durar entre dos y tres semanas, antes de que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio emita un pronunciamiento en primera instancia.

Esta comisión es la encargada de determinar la elegibilidad del solicitante para el asilo y de publicar su resolución en el Boletín Oficial del Estado, momento en que se habilita la vía judicial. La persona migrante cuya solicitud es denegada en primera instancia tiene derecho a recurrir judicialmente la decisión en un plazo de diez días hábiles. Posteriormente, el sistema judicial, en un periodo aproximado de dos a tres semanas, dictaminará sobre la procedencia del recurso, la consideración de medidas cautelares y, en última instancia, la determinación de la expulsión. El procedimiento completo puede extenderse por casi tres meses, y en algunos casos, se prolonga debido a la carga de trabajo en los recursos administrativos y judiciales.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, un ministro señaló que: “De acuerdo al Pacto Europeo de Asilo y Migración, el plazo máximo son unas 12 semanas para tener el expediente concluido, pero desde el Gobierno de España vamos a intentar acortar al máximo ese plazo, incluso con las modificaciones legislativas que sean necesarias”. Fuentes gubernamentales consultadas han confirmado que el Gobierno ya ha requerido a funcionarios de la Abogacía del Estado y a técnicos de diversos departamentos una propuesta inicial de reforma legal para la reducción de los plazos de expulsión.

Estos trabajos técnicos en curso en el Ejecutivo se alinean con la solicitud que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentará a los socios de la Unión Europea la próxima semana en la cumbre de Luxemburgo, durante el Consejo de Justicia y Asuntos Internos del 1 de octubre. Previamente, el ministro Grande-Marlaska ya había solicitado al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, la implementación de “cambios legislativos que permitan agilizar los procedimientos en crisis migratorias”.

Estrategias para la Ampliación de la Capacidad de Acogida en Ceuta

Paralelamente a las reformas legislativas, el Gobierno también está explorando nuevos emplazamientos para proporcionar acogida a las 3.500 personas que, según los datos oficiales, aún residen al aire libre en las calles de Ceuta desde finales de julio. Esta situación ha llevado a que las previsiones iniciales del Ejecutivo, establecidas al comienzo de la situación, resultaran insuficientes.

Hace apenas tres semanas, el presidente del Gobierno había anticipado que las 6.000 plazas ya habilitadas serían “suficientes” para alojar “a todo el mundo”. Sin embargo, la realidad de las llegadas superó estas proyecciones. Todos los departamentos ministeriales involucrados en el operativo que permitió acoger a 1.700 personas en las carpas del Puerto el pasado viernes han expresado que estas nuevas plazas han logrado un alivio limitado en zonas de alta concentración de personas, como las playas del Trampolín o de Benítez, donde miles de migrantes aún permanecen. Ante esta situación, se están gestionando nuevos emplazamientos con el fin de modificar la configuración actual de Ceuta, donde la situación social ha experimentado un incremento en la tensión, incluyendo incidentes de violencia.

Con este propósito, se ha iniciado una negociación con Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con el fin de expandir los emplazamientos previamente acordados en el decreto de actuaciones para Ceuta. La intención, según fuentes gubernamentales, es alcanzar un consenso sobre estos nuevos espacios, de manera similar a como se hizo previamente. No obstante, la no adhesión posterior de la Ciudad Autónoma al emplazamiento del Puerto y una tensión política entre el Gobierno central y el Partido Popular complican las perspectivas de un acuerdo. En cualquier caso, el Ejecutivo se ha comprometido a habilitar nuevos espacios previsiblemente la próxima semana, sin descartar que las nuevas plazas deban instalarse en algunos de los lugares ya existentes, como el Puerto, mediante una ampliación de su capacidad.