El Ministerio de Vivienda y Junts negocian medidas regulatorias sobre desahucios y adquisición de inmuebles

El Ministerio de Vivienda de España se encuentra en negociaciones con el partido político Junts para la inclusión de medidas regulatorias en un futuro decreto sobre vivienda, según informaciones publicadas este viernes por el diario Ara y confirmadas por elDiario.es. Las conversaciones, que se desarrollan con un plazo ajustado, buscan abordar la prohibición de adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión y la suspensión de desahucios para inquilinos en situación de vulnerabilidad en propiedades de empresas.

Propuestas y Ajustes en la Regulación de Vivienda

Entre las medidas bajo discusión, se contempla la restricción de la compra de inmuebles residenciales a fondos de inversión y el veto a los desalojos de arrendatarios vulnerables en viviendas que pertenezcan a este tipo de entidades. Estas propuestas, que el Gobierno busca incorporar en un decreto a ser presentado en el Consejo de Ministros el próximo martes, implican una evolución en las posturas tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como de Junts.

Hace aproximadamente dos semanas, el PSOE se abstuvo en la votación en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que planteaba iniciar la tramitación de una normativa similar, orientada a prohibir la adquisición de viviendas a personas jurídicas, incluyendo fondos de inversión. Por su parte, a principios de este año, Junts revocó, en conjunto con el Partido Popular (PP) y Vox, el marco de suspensión de desahucios que había estado vigente desde el inicio de la pandemia. El partido mantuvo su postura a pesar de los intentos del Gobierno de reactivar una versión más limitada de esta protección, que excluiría a los inquilinos de propietarios con una o dos viviendas.

Marco de Protección para Arrendatarios Vulnerables

La estrategia actual del Ministerio de Vivienda busca aproximar las posiciones con Junts para lograr un acuerdo. Esto representaría una apertura por parte de Junts, por primera vez en meses, a reinstaurar un marco de protección para inquilinos que no pueden afrontar el pago de su alquiler. No obstante, se ha señalado que esta medida específica afectaría únicamente a las familias arrendadas en propiedades de empresas y fondos de inversión, un segmento que representa una minoría del parque de vivienda en alquiler en España, el cual pertenece mayoritariamente a particulares.

Para abordar la limitación de esta propuesta, el Gobierno también negocia con Junts una solución intermedia. Esta alternativa, adelantada por elDiario.es, busca un punto de convergencia entre la demanda de sectores de izquierda de prohibir la suspensión de desahucios de forma indefinida y el planteamiento de Junts, el cual alude a la preocupación por la inseguridad jurídica para los propietarios ante el fenómeno que esta formación denomina “inquiokupación”.

La solución propuesta consistiría en paralizar los desalojos de familias vulnerables en inmuebles de particulares hasta que se les ofrezca una alternativa habitacional. En este escenario, la administración competente, y no el propietario, sería la responsable de asumir los costes asociados mientras dure el proceso.

Esta medida es similar a una propuesta que Junts presentó hace meses: que el Estado, en lugar de impedir los desahucios por impago de alquiler, abone a los arrendadores las rentas no percibidas por parte de sus inquilinos vulnerables, con el fin de suspender el lanzamiento judicial.