Inspección de Trabajo Sanciona a Empresa Vinculada a ex-Conselleiro por Contratación de Migrantes sin Documentación

Una empresa vinícola familiar, Viña Campinas S.L., vinculada anteriormente al ex-Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González Vázquez, ha sido objeto de una sanción por parte de la Inspección de Trabajo tras la identificación de dos trabajadores de origen africano sin la documentación laboral requerida durante la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro, Ourense.

La resolución sancionadora se origina a raíz de una inspección de oficio que documentó la presencia de dos individuos de origen africano realizando labores de vendimia sin la correspondiente situación administrativa regularizada, lo que implica una ausencia de la protección legal laboral vigente. La bodega, Casal de Armán, fue establecida por el padre del ex-Conselleiro José González Vázquez y, tras su fallecimiento, fue legada a sus hijos. La sanción administrativa se ha dirigido específicamente contra Viña Campinas, S.L., una entidad filial del grupo empresarial, la cual es responsable de la gestión de los viñedos de donde se recolecta la uva para la producción de Casal de Armán, según confirmación de un portavoz del grupo empresarial.

Las penalizaciones establecidas para este tipo de infracciones laborales oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros por cada trabajador en situación irregular detectado. En situaciones de reincidencia o si se determinara una gravedad en la explotación laboral, los hechos podrían derivar en consecuencias de índole penal. La Inspección de Trabajo, organismo adscrito al Gobierno central, ha declinado emitir declaraciones o confirmar el monto preciso de la multa impuesta a la familia vinculada al político.

El ex-Conselleiro de Empleo, José González Vázquez, quien ejerció como inspector de Hacienda antes de iniciar su carrera política activa en 2016 junto a Alberto Núñez Feijóo, informó al Parlamento de Galicia ese mismo año sobre su titularidad de terrenos y su condición de socio en la bodega junto a sus hermanos. Su participación en la empresa fue obtenida mediante herencia paterna, y se desprendió de la misma en el año 2018, coincidiendo con su incorporación al Gobierno gallego, inicialmente como Conselleiro de Medio Rural y posteriormente como titular del departamento de Trabajo.

Representantes de Casal de Armán han manifestado a esta redacción su desvinculación de cualquier conducta irregular, argumentando que la contratación del personal temporero sin documentación adecuada se efectuó a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) externa al grupo empresarial. Han declarado que, al tomar conocimiento de estas irregularidades, procedieron a interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, la empresa ha declinado la solicitud de esta redacción para acceder a una copia de dicha denuncia. Se ha consultado a la empresa por qué la sanción de la Inspección de Trabajo fue dirigida contra Viña Campinas, S.L., una de sus entidades, y no contra la ETT mencionada.

Aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo.

La Xunta de Galicia, a través de un portavoz del Conselleiro de Empleo, ha emitido una comunicación escrita sobre el incidente, enfocándose en la observancia de la legislación laboral vigente. El mensaje, reproducido textualmente, enfatiza la postura institucional al respecto:

La Xunta, como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia. Cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación.

Datos Económicos y Estructura Corporativa

Viña Campiñas, S.L., integrante del grupo familiar Bodegas Casal de Armán SL, fue constituida en el año 2022 y su objeto social se centra en "actividades de apoyo a la agricultura". En el ejercicio fiscal de 2025, la empresa registró una facturación de 715.463,12 euros, sin especificar el origen de estos ingresos. La plantilla media declarada para ese periodo fue de 10,3 personas, lo que representa una disminución respecto a las 12,4 personas de 2024, según sus estados financieros accesibles a través de Insight View y firmados por Juan Luis González Vázquez, hermano del ex-Conselleiro de Empleo, en su calidad de representante de Rectoral de San Andrés, la sociedad holding familiar.

La bodega principal de la familia, Bodegas Casal de Armán SL, declaró una facturación que superó los 3 millones de euros en 2025. Su plantilla media para el mismo ejercicio no alcanzó las 4 personas, según sus últimas cuentas presentadas. En los informes financieros se indica la existencia de "operaciones con partes vinculadas", sin proporcionar detalles específicos. Asimismo, la empresa recibió subvenciones durante el ejercicio, incluyendo 3.500 euros para la financiación del Kit Digital y 17.407,96 euros del Igape (Instituto Gallego de Promoción Económica) destinados a la financiación de uvas.

La sociedad holding Rectoral de San Andrés SL, establecida en 2003 y de la cual dependen las empresas mencionadas, es la propietaria última del grupo y pertenece a la familia del ex-Conselleiro. Su administrador único es Juan Luis González Vázquez, hermano del político. Según las cuentas presentadas recientemente en el Registro Mercantil, la holding empleó a aproximadamente cinco personas en el año 2025.

Antecedentes y Aspectos Urbanísticos

Previamente, en mayo de 2015, Casal de Armán estuvo involucrada en una situación relacionada con el cumplimiento normativo. En dicha fecha, la empresa procedió a la construcción de un salón de eventos con estructuras prefabricadas adyacente a sus viñedos y a la Casa de Turismo Rural que explotan. Esta infraestructura carecía de las licencias municipales y autonómicas pertinentes, lo que llevó a la administración gallega a ordenar su "demolición" debido al impacto sobre el entorno.

La resolución emitida por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura fue objeto de múltiples recursos y alegaciones que han mantenido la cuestión en proceso administrativo. Mientras tanto, la sociedad holding de la familia del ex-Conselleiro mantiene la estructura del salón de eventos en uso y continúa la búsqueda de permisos para la ampliación de sus instalaciones de hostelería en una parte de la finca calificada como suelo rústico.