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Política y Economía•Redacción El Irónico•5 de octubre de 2026
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Santa Cruz: Organizaciones y vecinos realizan acciones ante el DNU 70/23 y el Decreto Provincial 0915/26

Fuente original: La Izquierda Diario (extraído automáticamente vía RSS)

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Santa Cruz: Organizaciones y vecinos realizan acciones ante el DNU 70/23 y el Decreto Provincial 0915/26
El Irónico AI Engine: Este artículo ha sido reformulado. Se removió el sensacionalismo político y el framing partidario de la fuente original, ofreciendo una lectura estructurada de alta legibilidad.

Organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes y residentes en Río Gallegos y El Calafate, provincia de Santa Cruz, han llevado a cabo diversas acciones y debates en los primeros días de octubre, manifestando su posición frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Gobierno Nacional y el decreto provincial 0915/26.

La situación territorial y el uso de bienes en Santa Cruz son objeto de diversas interpretaciones por parte de organizaciones. En Río Gallegos, agrupaciones sociales, laborales y estudiantiles anunciaron una conferencia de prensa y una movilización en respuesta al DNU 70/23 del Gobierno Nacional y al decreto provincial 0915/26, firmado por Claudio Vidal. Estos colectivos consideran dichas medidas como un menoscabo a la soberanía, la propiedad de la tierra y la gestión de recursos.

De manera simultánea, en El Calafate, residentes se congregaron en asamblea para analizar el estatus de la Península de Magallanes, revisando el marco legal aplicable al área y planificando futuras acciones.

Análisis de las Normativas según los Convocantes

Los sectores que han convocado a estas acciones presentan sus argumentos respecto al DNU 70/23 y al Decreto 0915/26.

En relación al DNU 70/23, los convocantes argumentan que la normativa desregula diversos sectores, facilita la adquisición de tierras por parte de actores extranjeros, flexibiliza regulaciones ambientales y reduce derechos laborales y sociales. Según su interpretación, la vigencia de este DNU podría conducir a la privatización de bienes, a la valorización del suelo con fines de inversión y a la disposición de territorios.

En cuanto al Decreto 0915/26, emitido por la administración provincial, las organizaciones sostienen que este documento altera los criterios para el uso y administración de tierras fiscales, permitiendo una mayor concentración de estas en manos privadas y disminuyendo la protección de áreas naturales. Para estas organizaciones, su anulación es fundamental para preservar el control provincial sobre recursos que consideran clave.

Los convocantes afirman que ambas normativas, de manera conjunta, configuran un conjunto de disposiciones que, a su juicio, repercuten directamente en comunidades, trabajadores, pueblos originarios y entornos naturales.

Actividades en Río Gallegos

Bajo la consigna “Nuestros bienes comunes no se venden”, la agrupación Autoconvocados en Defensa del Territorio y los Bienes Comunes – UNPA-UARG ha instado a la comunidad a participar en actividades relacionadas con el DNU 70/23 y el decreto provincial.

Se ha programado una conferencia de prensa para el lunes 5 de octubre a las 12:00 horas, en el hall de la sede UNPA-UARG. Para el martes 6 de octubre, se ha convocado una concentración en las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, a las 17:30 horas. Desde ese punto, se prevé una movilización hacia la Casa de Gobierno, donde se realizará una asamblea abierta.

Las consignas que se han difundido para la jornada incluyen:

“La bronca vuelve a las calles”

“Abajo el DNU 70/23”

“Anulación del decreto de Vidal”

“Contra el fallo de la Corte Suprema”

“Paro Nacional”

Desde la organización se ha expresado el objetivo de fomentar asambleas en los ámbitos laborales para impulsar una huelga general. Esta acción se plantea con el fin de oponerse a políticas que, según su perspectiva, inciden en la gestión territorial, las condiciones de vida y la desigualdad socioeconómica.

Debate en El Calafate sobre la Península de Magallanes

El sábado 3 de octubre, residentes de El Calafate llevaron a cabo una asamblea para analizar la situación de la Península de Magallanes, un área natural cuyo estado ha sido objeto de debate tras recientes decisiones del gobierno provincial.

La reunión comenzó a las 18:00 horas y contó con la presencia de participantes que exhibieron banderas y carteles. Durante el encuentro, se revisó el marco legal que protege el territorio, incluyendo artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución de Santa Cruz, leyes provinciales, decretos reglamentarios y la normativa de 2017 para áreas naturales protegidas. Se elaboró y distribuyó una síntesis de esta legislación entre los asistentes.

Los participantes recordaron que la Península de Magallanes fue establecida como Reserva Provincial en 1993 y posteriormente como Parque Provincial en 2003, lo cual consolida su condición de área protegida.

La asamblea acordó dar continuidad al análisis normativo y programar una nueva reunión para el 15 de octubre. Esta fecha coincidirá con una jornada nacional de movilización relacionada con la adquisición de tierras por parte de extranjeros y con la quinta Marcha Federal Universitaria.

Temáticas Comunes en las Manifestaciones

Las acciones coordinadas en Río Gallegos y las discusiones en El Calafate convergen en un conjunto de preocupaciones manifestadas por los diversos actores. Estas se centran en la gestión de la tierra y de los bienes considerados comunes, así como en la autonomía provincial, en respuesta a medidas que, según las organizaciones, podrían implicar la disposición de recursos a entidades privadas y externas.

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