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Política y EconomíaRedacción El Irónico22 de julio de 2026
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Situación del Servicio Eléctrico en Jujuy: Interrupciones, Decreto Provincial y Reacciones Legislativas

Fuente original: La Izquierda Diario (extraído automáticamente vía RSS)

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Situación del Servicio Eléctrico en Jujuy: Interrupciones, Decreto Provincial y Reacciones Legislativas
El Irónico AI Engine: Este artículo ha sido reformulado. Se removió el sensacionalismo político y el framing partidario de la fuente original, ofreciendo una lectura estructurada de alta legibilidad.

El servicio eléctrico en diversas zonas de la provincia de Jujuy ha registrado interrupciones prolongadas en las últimas semanas, lo que ha generado discusiones sobre la infraestructura y la regulación del sector. En este contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha emitido un decreto que aborda ciertas prácticas comerciales, mientras que un diputado provincial ha presentado una crítica a la gestión y propuesto medidas alternativas.

Análisis de las Interrupciones y el Marco Regulador del Servicio Eléctrico

Los recientes eventos climáticos en la provincia de Jujuy estuvieron acompañados por una serie de cortes en el suministro de energía eléctrica que afectaron a múltiples localidades. Algunos de estos cortes se extendieron por periodos de hasta dos o tres días, generando reclamos sobre la capacidad de respuesta de la empresa EJESA (Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima) y los tiempos de restablecimiento del servicio. Analistas y sectores políticos han señalado que esta situación pone en relieve interrogantes sobre la inversión en la infraestructura de la red eléctrica provincial.

En paralelo, se han vertido observaciones acerca del rol de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu), el organismo encargado de fiscalizar la prestación de estos servicios. La efectividad de su control sobre las operaciones de EJESA ha sido objeto de cuestionamiento por parte de diversas voces. Estas discusiones se inscriben en un debate más amplio sobre la calidad de los servicios públicos esenciales y las responsabilidades de los actores involucrados en su provisión y supervisión.

Evaluación del Decreto Provincial y Posiciones Políticas

Frente a la situación del servicio eléctrico, el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy emitió un decreto con disposiciones específicas. Este instrumento normativo incluye la postergación de cortes de suministro y la retirada de medidores, así como la prohibición de aplicar intereses punitorios sobre las deudas de los usuarios. La medida busca mitigar el impacto inmediato en los consumidores afectados por las interrupciones del servicio y los ajustes tarifarios.

El diputado provincial Alejandro Vilca, miembro del bloque del PTS-FITU, ha manifestado su análisis sobre la situación general y el decreto en particular. Desde su perspectiva, los problemas recurrentes en el servicio evidencian deficiencias estructurales. Según Vilca, las decisiones en materia de tarifas y el funcionamiento del sistema eléctrico implican una responsabilidad compartida entre los gobiernos nacional y provincial. En relación con el decreto, el legislador lo considera una respuesta limitada frente a un problema de mayor alcance que, según sus declaraciones, ha generado "pérdidas significativas para los habitantes de Jujuy".

“Lo que vivimos los jujeños este último fin de semana, no hace más que evidenciar lo que venimos expresando desde hace años junto a mis compañeros del Bloque. Por un lado tenemos a una empresa que tiene el monopolio de la venta de energía, que es incapaz de dar una solución rápida y efectiva ante una contingencia por un fenómeno natural que se da todos los años y por el otro una parte del gobierno encarado por la Susepu que no hace su trabajo, o mira la situación con 'medio ojo', como quien diría. Les deja pasar los tarifazos y ahora evalúa ver cómo responder ante los problemas”, afirmó el diputado Vilca.

Posteriormente, añadió sobre la medida oficial: “El gobierno provincial, con la decisión de posponer cortes y la retirada de medidores, como así también la prohibición de cobrar intereses punitorios, demuestra que la fijación de tarifas y el funcionamiento del sistema son decisiones políticas compartidas entre los gobiernos nacional y provincial. Es una respuesta estéril a un problema estructural que dejó pérdidas millonarias para el pueblo jujeño.”

Propuestas Legislativas y Convocatorias de Organizaciones Sociales

En respuesta a los incrementos en las tarifas del servicio eléctrico y las fallas en el suministro, el bloque del PTS-FITU, representado por el diputado Vilca, ha presentado una serie de propuestas legislativas. Estas incluyen la exigencia de eliminar los aumentos aplicados durante el año en curso y la inmediata congelación de las tarifas. Asimismo, se plantea la necesidad de llevar a cabo una auditoría pública exhaustiva del servicio de EJESA, con el objetivo de determinar un plan de inversiones y mejoras en la infraestructura. Estas iniciativas, según el diputado, están a la espera de ser consideradas por los demás bloques políticos en la Legislatura provincial.

En el marco de estas demandas, el diputado Vilca también ha expresado una postura respecto a la estructura de propiedad y gestión de EJESA. Su bloque propone la estatización de la empresa, argumentando que debería operar bajo el control de usuarios y trabajadores, priorizando la provisión del servicio con un enfoque social en lugar de la búsqueda de rentabilidad empresarial.

“Mientras las trabajadoras y trabajadores pagan tarifas exorbitantes, los excedentes se canalizan hacia la especulación financiera y no se destinan a mejorar la infraestructura ni a garantizar el servicio. Desde nuestro Bloque rechazamos el tarifazo y exigimos la eliminación de los aumentos aplicados este año y la inmediata congelación de las tarifas hasta tanto se realice una auditoría pública y se determine un plan de inversiones y mejoras. Esto lo hicimos por medio de un proyecto que fue presentado y está a la espera de que los demás bloques políticos de la Legislatura lo quieran tratar. Ejesa no puede seguir en manos un grupo especulador, tiene que ser estatizada bajo control de usuarios y trabajadores y principalmente pensada en brindar el servicio con un fin social, no para satisfacer ganancias de un grupo empresario”, sostuvo el legislador.

Finalmente, se ha emitido una convocatoria a la unidad de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones barriales y movimientos sociales. El objetivo es coordinar acciones conjuntas en defensa de los salarios, las jubilaciones y en contra de los ajustes tarifarios. Se han programado encuentros para fortalecer esta coordinación: uno el viernes 24 de julio a las 17:30 horas en San Martín 823, y otro el sábado 25 de julio a las 16:00 horas en Alto Comedero, con la presencia de la dirigente Myriam Bregman, invitando a la participación de militantes, vecinos y trabajadores.

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