Adquisición de Inmueble en Chamberí por la Comunidad de Madrid: Cuestiones Pendientes y Reacciones

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, adquirió un ático de 485 metros cuadrados con 200 metros de terraza en el barrio de Chamberí de la capital española por un valor de 6,3 millones de euros, una operación que ha generado debate público. Inicialmente, se informó que el inmueble se destinaría a oficinas gubernamentales provisionales durante obras de remodelación en la sede de la Puerta del Sol; sin embargo, posteriormente se clarificó que la normativa urbanística lo restringe a uso residencial. Tras la controversia, el Gobierno regional anunció la puesta a la venta del inmueble por un precio de salida de 6,69 millones de euros.

Proceso de Adquisición y Usos Declarados

La adquisición del inmueble, ubicado en el paseo General Martínez Campos, se formalizó el pasado 14 de abril mediante la empresa pública Planifica Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró no tener conocimiento directo de los detalles de la operación, remitiendo las explicaciones a la Consejería de Presidencia, de la que depende Planifica Madrid, y específicamente a Miguel Ángel García Martín.

Según la Consejería de Presidencia, las explicaciones sobre la compra están "sobradamente dadas". No obstante, se ha señalado que los detalles ofrecidos públicamente han sido objeto de análisis y que la finalidad inicial declarada para el ático, como oficina del Gobierno regional durante las obras en la Puerta del Sol, no se alinea con la normativa urbanística que restringe el uso del inmueble a vivienda residencial. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que no se solicitó ninguna modificación de uso para permitir su transformación en oficina.

En relación con las obras en la Puerta del Sol, el expediente del contrato para el diseño y redacción del proyecto, con un presupuesto de 59.000 euros, no se publicó en el portal de contratos de la Comunidad de Madrid hasta un viernes de agosto, una semana y media después de que el asunto adquiriera relevancia pública. Este contrato, negociado sin publicidad, fue adjudicado al estudio de Alejandra Pombo, prima de la conocida 'influencer' María Pombo. La Administración regional no ha detallado la fecha de inicio de las obras, el número de empleados públicos afectados ni los traslados previstos. La memoria del proyecto establece un plazo de tres meses para su elaboración, seguido de cuatro meses para la tramitación de la licitación y adjudicación, y doce meses para la ejecución de los trabajos, con un presupuesto estimado de 1.649.495 euros.

Gestión Financiera y Reacciones Políticas

Miguel Ángel García Martín anunció la orden de poner a la venta el ático para destinar los fondos recaudados a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en la Sierra Oeste. Posteriormente, clarificó que la asignación de estos recursos sería indirecta, condicionada al cierre anual de Planifica Madrid y a la obtención de beneficios si la venta supera el precio de compra. El coste de adquisición del inmueble fue de 6,3 millones de euros, un dato que no fue comunicado por la Comunidad de Madrid inicialmente, y que fue revelado por medios de comunicación. El concurso de venta se ha licitado con un precio de salida de 6,69 millones de euros, lo que representa un incremento de casi 400.000 euros desde su compra en abril.

La oposición política ha solicitado explicaciones sobre la operación. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra Planifica Madrid y ha solicitado la dimisión de la presidenta Ayuso. Desde Más Madrid, también se ha indicado la intención de recurrir a la Justicia, señalando un posible delito de malversación para obtener información que no se ha facilitado por otras vías. Un abogado particular presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas, planteando interrogantes sobre el posible menoscabo de fondos públicos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, declaró: “Pues parece que no solo ha vendido el ático. También ha vendido a su consejero”.

Isabel Díaz Ayuso afirmó: “Yo no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo”.

El PSOE considera la situación una “pillada descomunal”.

El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, señaló: “Tardará mucho en dárnoslos [los documentos solicitados], si es que nos los da, pero a un juez no se lo pueden negar”.

El ministro Óscar López preguntó: “¿Hacen falta 200 m² de terraza para unas oficinas? ¿Por qué comprar en vez de alquilar si es algo temporal mientras hay obras, primera noticia, en Sol?”.

Cuestiones de Procedimiento y Ubicación

La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas plantea varias cuestiones clave, incluyendo la razón por la cual se adquirió una vivienda de 485 metros cuadrados para ser una sede provisional si no se podía convertir en oficinas. Se desconoce si se realizaron consultas urbanísticas o informes técnicos previos que avalaran la compatibilidad de usos antes de la inversión. La Administración pública, en situaciones de traslados temporales, habitualmente opta por el alquiler o el uso de inmuebles de su patrimonio ya existente, en lugar de la adquisición.

La ubicación del ático también ha sido objeto de atención, dada su cercanía a la residencia familiar de la presidenta, un hecho que no ha sido comentado por los miembros del Gobierno regional. La instalación de oficinas administrativas en un ático de un edificio residencial de nueve alturas es poco frecuente en Madrid y, en este caso particular, la normativa municipal no lo permite. Tampoco constan informes de seguridad que evalúen la idoneidad del inmueble para ser utilizado por mandatarios públicos.

La elección de Planifica Madrid, una sociedad mercantil pública, para la operación ha suscitado interrogantes sobre los mecanismos de control. Este tipo de sociedades, al operar bajo derecho privado, evita ciertos trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario. La operación no pasó por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y queda fuera de la fiscalización de la Intervención autonómica directa. La adquisición no figura en ningún portal de contratación pública hasta el momento.

El abogado Javier Flores, autor de la demanda, advirtió: “La circunstancia de que la adquisición se instrumentase mediante negocio jurídico sujeto al derecho privado no excluye la jurisdicción contable ni atenúa el deber de diligencia exigible”. Añadió que “la elección de un cauce que excluye los controles previos ordinarios intensifica, y no reduce, la exigencia de que la decisión aparezca suficientemente documentada y justificada”.

Flores ha solicitado al Tribunal de Cuentas diversa documentación, incluyendo la escritura de compraventa, el expediente íntegro de adquisición, la memoria justificativa, informes de tasación, el origen de los fondos, así como copia del acuerdo de confidencialidad suscrito con la parte vendedora, Astrid Gil-Casares. También se han requerido documentos relacionados con la inyección de 9 millones de euros a Planifica Madrid en noviembre de 2025 y el proyecto de obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Adicionalmente, se ha señalado que un inmueble en Gran Vía 6, puesto a la venta junto con el ático, y que la Comunidad de Madrid presentó como "cuatro inmuebles", en realidad está agrupado en uno solo y no se había logrado vender en el último año a un precio inferior, a pesar de que ahora se ofrece a un precio superior.

Ante las solicitudes de información, la presidenta Ayuso ha mantenido que el asunto está resuelto y que no es de su competencia directa. En una comparecencia en la Sierra Oeste, reiteró su desconocimiento del caso, afirmando: “Estamos dándole vueltas y estirando, estirando y estirando lo que haga falta esto, pero... es lo que hay”.