Bolivia: Detención del Fiscal General y Otros Funcionarios Tras Restricciones de Visas de EE. UU.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron detenidos el 30 de septiembre en un operativo policial, junto a una veintena de personas, bajo acusaciones de narcotráfico y corrupción. Estas detenciones se produjeron días después de que el gobierno estadounidense anunciara restricciones migratorias para una docena de altos funcionarios bolivianos.

El gobierno de Estados Unidos había comunicado previamente un veto migratorio contra funcionarios bolivianos implicados en procesos por narcotráfico y corrupción. Esta medida se enmarcó en un contexto de investigaciones judiciales por el "caso Cerimedo", que, según algunas interpretaciones, podría tener implicaciones para el gobierno de Rodrigo Paz. Nadia Beller había revelado audios, mensajes y fotografías que, según ella, comprometían a la esposa del presidente, ministros y asesores por su presunta relación con Fernando Cerimedo.

Detenciones Tras Anuncio de Restricciones de EE. UU.

El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visas para funcionarios y exfuncionarios bolivianos, incluyendo a Mariaca y Zeballos. Washington los acusó de corrupción, obstaculización de investigaciones y, en el caso de Mariaca, de favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones, calificando la medida de presión política y vulneración de la soberanía nacional.

La noche del 30 de septiembre, Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz, a su llegada desde Sucre. El operativo se realizó con un despliegue policial y atrajo atención por su cercanía temporal con las sanciones estadounidenses.

Casi simultáneamente, efectivos del Centro Especial de Investigación Policial intervinieron la Fiscalía General del Estado en Sucre. Se impidió una conferencia de prensa que los funcionarios preparaban para denunciar la detención de Mariaca, y aproximadamente 20 personas fueron aprehendidas. Se reportó que los trabajadores afirmaron desconocer las razones del operativo y reclamaron por la presunta vulneración de la institucionalidad del Ministerio Público. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz y el domicilio de Mariaca también fueron allanados.

Acusaciones Gubernamentales y Detalles del Operativo

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó el operativo como una acción contra una supuesta estructura criminal en la Fiscalía y otras instituciones estatales. Informó de 14 detenciones, incluyendo a Mariaca y Zeballos. Oviedo acusó al exfiscal general de liderar una organización criminal desde el Ministerio Público para proteger y fomentar el narcotráfico. Las acusaciones formuladas incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Entre los detenidos también figura el exministro de gobierno Eduardo del Castillo, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio.

El Gobierno afirmó que cuatro personas fueron detenidas mientras presuntamente intentaban retirar dinero de la vivienda de Mariaca, entre ellas una persona menor de edad de 13 años, según informes de prensa. Se reportó la aprehensión de otros seis funcionarios de la Fiscalía que intentaban retirar documentación. La información oficial indicó que en una ambulancia utilizada para trasladar el dinero se encontraron Bs 3,5 millones y 10.000 dólares.

Se ha reportado que estas detenciones se realizaron sin órdenes judiciales ni elementos de prueba y que se habría vulnerado el derecho a la defensa de los implicados.

Implicaciones Políticas y Llamados a la Investigación

La situación ha reavivado el debate sobre la injerencia extranjera en los asuntos internos de Bolivia. El gobierno boliviano ha presentado las detenciones como una acción soberana, mientras que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, felicitó al presidente Rodrigo Paz, interpretando las detenciones como un ejemplo de liderazgo regional. Esta dualidad ha generado análisis sobre la coherencia entre la defensa de la soberanía nacional y el respaldo externo.

Las investigaciones del "caso Cerimedo" han sido un punto focal, vinculando presuntamente al asesor con figuras del círculo presidencial y con actores políticos como Donald Trump Jr. y Brad Parscale, lo que ha contribuido a un clima de cuestionamiento político. Se ha destacado la relevancia de que el gobierno de Paz mantenga el control sobre el curso de estas investigaciones, lo que podría influir en futuras líneas de acción relacionadas con corrupción y narcotráfico.

Diversos sectores han demandado una investigación exhaustiva de las redes de narcotráfico, blanqueo de capitales, fuga de capitales, corrupción y tráfico de influencias, incluyendo a Mariaca, Zeballos, otras autoridades gubernamentales ligadas a casos como "narcomaderas" y "maletas de oro", y al propio Fernando Cerimedo, así como sus vínculos políticos y empresariales con el gobierno de Paz.