Cuestionamientos Judiciales sobre Contratos y Actividad de Consultoría del Expresidente José Luis Zapatero

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido interrogado en la Audiencia Nacional por el juez José Luis Calama en el marco de una investigación que examina la naturaleza de sus actividades de consultoría y la formalización de los contratos asociados. La causa se centra en la posible vinculación de la consultora Análisis Relevante con una presunta red destinada al tráfico de influencias y la canalización de comisiones.

Cuestionamientos sobre la Naturaleza de los Contratos Verbales

El interrogatorio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional se inició con una serie de preguntas centradas en la formalización de sus acuerdos profesionales. El magistrado destacó la relevancia de la documentación contractual en el ámbito tributario y judicial.

“En esta casa (la Audiencia Nacional) estamos todos los días con temas en los que una de las fuentes de fraude son los contratos vacíos de contenido que luego son una pantalla, se usa mucho a nivel tributario.”

Según la investigación, el expresidente está implicado en una causa que examina si lideró una presunta red orientada al tráfico de influencias, con la consultora Análisis Relevante como uno de los posibles canales para la percepción de comisiones. Zapatero detalló que su relación con Julio Martínez se estableció en 2011, consolidándose a través de intereses compartidos. En 2020, Martínez le propuso trabajar como consultor para su compañía recién creada, Análisis Relevante, oferta que Zapatero aceptó sin formalizar un contrato escrito. El juez Calama reiteró sus preguntas sobre esta ausencia de un acuerdo formal.

“Lo de no firmar contrato no es normal, en mi opinión, y normalmente en la de la Agencia Tributaria.”

El magistrado señaló que las sospechas de la investigación se relacionan con la posible recepción de fondos canalizados a través de esta consultora, a cambio de una supuesta influencia en decisiones como el rescate público de Plus Ultra en 2021. Desde el inicio, el juez solicitó pruebas documentales de las labores de consultoría, como papeles, correos electrónicos e informes específicos dirigidos a clientes. El expresidente argumentó que los encargos se recibían "verbalmente" y que no utilizaba el correo electrónico, delegando esa función en su secretaria, Gertrudis Alcázar.

“Al tema este formal yo le doy mucha importancia porque además son parámetros que maneja de manera similar la Agencia Tributaria para ver la realidad de los trabajos de consultoría.”

Zapatero defendió la práctica de los acuerdos verbales en el sector de la consultoría.

“Es como funcionan buena parte de las consultoras por mi experiencia.”

Sin embargo, el juez replicó que, en su experiencia, los contratos suelen especificar honorarios y permiten una trazabilidad de los servicios. Zapatero indicó que su comunicación con Julio Martínez se basaba en la confianza y que desconocía la relación contractual de Análisis Relevante con sus clientes. Explicó que sus labores consistían en la elaboración de informes, reuniones, viajes y asesoramiento, facturando como autónomo. Respecto a la retribución, precisó:

“No, no, hay un acuerdo de que año a año se remitiría una cantidad anual global en torno a los 90.000 euros a partir de 2020-21.”

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), consultado por este medio, afirmó que los contratos verbales poseen la misma validez que los escritos bajo el Código Civil. Mollinedo contextualizó la situación:

“Es perfectamente entendible que sean contrataciones verbales porque Rodríguez Zapatero no tiene una consultora abierta para personas extrañas que vienen a pedirle cosas, sino que hay una relación de confianza donde ninguna de las partes se ata con un contrato escrito, pero las cosas se han hablado: qué importe se va a cobrar por los servicios y el trabajo que quiere que se haga.”

Añadió que un juez podría requerir una transcripción de los términos de un contrato verbal para verificar la autenticidad de las facturas.

Alcance de la Consultoría y Discrepancias Documentales

Durante el interrogatorio, el juez Calama resumió la información recabada: la ausencia de un contrato escrito para las actividades de consultoría de Zapatero con Análisis Relevante, la naturaleza verbal de los encargos de Julio Martínez, el hecho de que el expresidente y sus hijas recibían la mayor parte de los cobros, y la percepción de que Zapatero era el consultor principal de la empresa. Adicionalmente, se señaló que los informes elaborados eran de carácter "genérico" y buscaban "promocionar" la marca Análisis Relevante entre diversos interlocutores, incluyendo filósofos y representantes de delegaciones extranjeras en España.

En este contexto, el juez manifestó la hipótesis de que la empresa Análisis Relevante podría haber sido establecida con el propósito de que el expresidente ejerciera como consultor. Zapatero rechazó esta idea, afirmando que su amigo es "empresario" y fue quien le propuso la colaboración. Aunque reconoció haber sido "el principal" consultor, indicó que la compañía contaba con otras personas en tareas similares. No obstante, el magistrado reiteró su tesis de que Análisis Relevante "se utilizó para canalizar comisiones por tráfico de influencias en los que él pudo haber intervenido".

“El dinero que entra en Análisis Relevante va a usted y a sus hijas, ¿lo ha visto?”

En otro momento, el juez sugirió que sin la contribución del expresidente, la compañía podría haber enfrentado dificultades financieras. Zapatero negó reiteradamente cualquier irregularidad.

“No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.”

Explicó que la cantidad cercana a medio millón de euros recibida de la consultora en cuatro años correspondía al "trabajo intenso desarrollado" y que tenía "derecho a percibir" esos honorarios. Ante la insistencia del juez en la necesidad de una "huella documental", el expresidente manifestó cierta exasperación.

“Ya le he explicado que la relación era de quedar para reuniones, tengo la huella de las reuniones, puedo aproximar el contenido de las mismas, tengo los viajes, las fechas, lo que es una actividad de consultoría.”

El juez respondió que el recuento de su agenda no constituía la evidencia documental solicitada:

“Por hacer flashback no tenemos ni contratos escritos, ni hojas de encargo escritas, ni trasiego de correos electrónicos.”

Zapatero comentó que había realizado consultorías que implicaban "un almuerzo al mes", una práctica que, según él, es conocida en el sector entre "exmandatarios, expresidentes, diplomáticos y exgenerales".

Implicación de la Empresa Familiar y Vínculos Financieros Adicionales

Otro punto de divergencia en el interrogatorio fue el papel de Whathefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según la interpretación judicial, esta empresa habría servido como otra vía para la canalización de fondos hacia el círculo del expresidente. La UDEF, por su parte, considera que la empresa carecía de actividad real de valor.

Zapatero afirmó haber propuesto a Julio Martínez que la empresa de sus hijas brindara una "colaboración formal con Análisis Relevante" para tareas de marketing, comunicación digital y apoyo. Destacó que, a pesar de ser sus hijas, "nunca contrataron con la Administración Pública". Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes para el juez Calama, quien un día después decidió que las hijas debían ser investigadas en la causa, al considerar que existían "indicios racionales" de que Whathefav era una sociedad que se presumía instrumental, utilizada para "la canalización, ocultación o facilitación" de operaciones relevantes para los hechos bajo investigación. El juez había ordenado el registro de sus oficinas en mayo.

Según la investigación, la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa recibió 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante les abonó 239.755 euros, e Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón de euros. Ambas sociedades fueron calificadas por la Oficina Antifraude como fallidas o sin actividad sustancial. El juez y la Fiscalía Anticorrupción expresaron la sospecha de que, al no tener actividad, no requerían subcontratación.

En relación con Inteligencia Prospectiva, el juez se interesó por los flujos de dinero de esta compañía de los hermanos Amaro Chacón hacia el entorno del expresidente. Calama consideró inusual que esta sociedad no tuviera sede y cuestionó el tipo de informes que Zapatero podría haber realizado para ella. Zapatero explicó que, dado que la familia venezolana poseía un importante grupo empresarial, Inteligencia Prospectiva funcionaba como un "apoyo" a sus intereses. Afirmó haber llevado a cabo "una intensa tarea de consultoría" para orientarlos en aspectos políticos y económicos. El expresidente indicó:

“Obviamente, el conocimiento que les aportaba podía servir.”

El juez, no obstante, mantuvo sus interrogantes.

“Pero es una sociedad rara, ¿no?, ha desaparecido.”

Finalmente, Calama regresó a la tesis de los investigadores, citando los pagos de Inteligencia Prospectiva a Whathefav. Zapatero desmintió cualquier implicación en esos movimientos, alegando que sus hijas conocían a los Amaro Chacón por ser de su edad y que "ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav". El expresidente sí explicó que los hermanos Amaro Chacón eran conscientes de su participación en Análisis Relevante, lo que posiblemente influyó en su decisión de contratar a esa consultora. No obstante, se desvinculó de cualquier negocio petrolero en el que pudieran estar implicadas esa familia y una empresa china.