Desarrollos Recientes en la Investigación Judicial contra Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés

El caso judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y al empresario Juan Carlos Barrabés, ha registrado desarrollos recientes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado. La situación procesal de la Sra. Gómez se mantiene a la espera de una resolución sobre la posible apertura de juicio oral y la imposición de medidas cautelares, mientras el magistrado ha abierto una nueva investigación dirigida al Sr. Barrabés por un contrato público.

Contexto y Decisiones Judiciales Actuales

La investigación contra Begoña Gómez ha procedido durante más de dos años, y actualmente se encuentra pendiente de una decisión crucial del magistrado: si se abre un juicio oral contra ella y si se le imponen medidas cautelares. Grupos que ejercen la acusación popular han solicitado que se retire el pasaporte a la Sra. Gómez o que se le imponga la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Mientras tanto, el magistrado ha iniciado una nueva investigación contra el empresario Juan Carlos Barrabés, después de un período de diligencias acotadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

El juez Peinado convocó a la esposa del presidente del Gobierno el pasado 15 de junio para una comparecencia previa al envío de su caso a un tribunal del jurado, un trámite que se ha visto en la necesidad de repetir. La Audiencia Provincial de Madrid, en febrero, señaló al magistrado por haber remitido previamente a Begoña Gómez a juicio sin elaborar una lista de los indicios que sustentaban esa decisión. Este es el segundo intento del magistrado por delegar el caso a un tribunal compuesto por ciudadanos, a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes.

La Sra. Gómez acudió a una comparecencia a la que los investigados no suelen estar obligados a asistir, pero lo hizo bajo la advertencia de Peinado de que podría ser detenida en caso de incomparecencia. En esta diligencia, su abogado, Antonio Camacho, afirmó que:

Este proceso es un "procedimiento fantasma" diseñado para "erosionar" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las acusaciones populares, incluyendo el grupo HazteOir, realizaron la petición al magistrado, aún sin respuesta, de retirar el pasaporte a la Sra. Gómez, limitando su movilidad internacional, y de obligarla a presentarse cada quince días en los juzgados.

El magistrado ha mantenido sin definir la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez, a pesar de haber rechazado solicitudes similares en el pasado y de que la investigada ha asistido a todas las citaciones judiciales. Simultáneamente, el magistrado ha anunciado la apertura de una nueva pieza separada del caso, centrada en un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que incluía una compañía de Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados en el proceso. Una segunda providencia emitida por el juez aclaró que esta nueva fase del proceso, originada a partir de la Fiscalía Europea, se dirige únicamente contra el Sr. Barrabés, y no contra Begoña Gómez, quien, según la documentación, no tuvo participación en el proceso.

El futuro judicial de Begoña Gómez, junto con el de Cristina Álvarez, su asistente en Moncloa, y el empresario Carlos Barrabés, será determinado por la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Este tribunal está encargado de revisar los recursos presentados contra las decisiones de instrucción del juez Peinado.

La Intervención de la Audiencia Provincial

A lo largo de los casi dos años y medio de investigación, la Audiencia Provincial ha respaldado algunas de las pesquisas realizadas por el juez, pero también ha rectificado ciertas actuaciones. Ejemplos de estas correcciones incluyen la orden de cerrar varias líneas de investigación, el levantamiento de la imputación de tres personas investigadas y la anulación de un registro ordenado en el domicilio y las empresas del Sr. Barrabés, realizado mientras este se encontraba hospitalizado debido a una enfermedad. Al respecto, los magistrados de la Audiencia Provincial indicaron previamente que:

No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad.

Entre la docena de recursos pendientes de resolución por parte de estos magistrados se encuentran aquellos que cuestionan la decisión del juez de derivar el procedimiento hacia un tribunal del jurado. Las diligencias iniciales del caso se originaron a partir de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez, fundamentada en informaciones de prensa y un presunto rumor.

Inicialmente, la investigación llegó a considerar múltiples aspectos de la vida profesional de la Sra. Gómez, incluyendo sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense (UCM) –con la que colaboraba desde seis años antes de que su marido fuera alto cargo del PSOE–, su posición en el Africa Center del IE, su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, y su presunta relación con el rescate de Air Europa a través de Javier Hidalgo y Globalia.

Líneas de Investigación y Cierre de Ramificaciones

Muchas de estas ramificaciones de la investigación fueron cerradas mediante resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, el tribunal requirió múltiples resoluciones para que el juez Peinado cesara la solicitud de informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la posible influencia de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea. Asimismo, se forzó el cierre de la parte de la investigación relacionada con el trabajo de Begoña Gómez para el IE. En este contexto, la Audiencia Provincial determinó que la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro, había sido objeto de una interpretación específica por parte de Peinado en la búsqueda de ilegalidades en la contratación de Gómez. La Audiencia Provincial señaló que:

Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez.

También fue archivada la parte de la causa abierta contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien había sido investigado en relación con los dos másteres y la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en dicha universidad. Los jueces indicaron que:

La imputación carece de fundamento por la ausencia de datos objetivos incriminatorios contra él.

Las imputaciones recurrentes de testigos, basados en sus declaraciones bajo juramento, también fueron objeto de cuestionamiento por parte del tribunal supervisor. El proceso ha avanzado hacia la fase de tribunal del jurado —pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial—, manteniendo tres líneas de investigación activas.

Una de estas líneas se concentra en el empresario Juan Carlos Barrabés y las "cartas de apoyo" de Begoña Gómez. Estas misivas fueron presentadas por Manos Limpias en su denuncia inicial como un elemento de presión ejercida por la esposa del presidente del Gobierno para la obtención de contratos públicos. Sin embargo, se constató que eran idénticas a las firmadas por otras 32 personas, incluida la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

El juez Peinado considera que Begoña Gómez utilizó su empadronamiento en La Moncloa para potenciar su actividad profesional. Como ejemplo, se cita su labor en la Universidad Complutense, iniciada en 2012, por la que percibió 40.000 euros a lo largo de una década, a razón de 4.000 euros anuales. Adicionalmente, el magistrado entiende que la Sra. Gómez, como parte de este planteamiento, empleó a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para asuntos de carácter privado, como las gestiones relacionadas con su trabajo en la UCM. A modo de referencia, la prensa identificó en una ocasión a Jaime de los Santos, actual alto cargo del PP, como "chico para todo" de Elvira Rodríguez, esposa de Mariano Rajoy, por tareas similares de apoyo personal.

Paralelamente, el juez Peinado también imputa a Begoña Gómez la apropiación, presuntamente ilegal, de un software desarrollado por diversas empresas para su cátedra extraordinaria.