El Tribunal Constitucional aborda recursos de amparo sobre la aplicación de la amnistía a líderes del procés

El Tribunal Constitucional español ha iniciado este miércoles el debate sobre los recursos de amparo presentados por dirigentes relacionados con el procés independentista catalán, incluyendo a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Estos recursos buscan revertir la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la Ley de Amnistía, especialmente en lo relativo al delito de malversación de fondos públicos. La resolución del caso de Jordi Turull, exconseller de Presidència, es clave, ya que su outcome se perfila como un precedente para el resto de las impugnaciones.

Análisis de la Aplicación de la Ley de Amnistía

Más de dos años después de la publicación de la Ley de Amnistía, cuya aprobación facilitó la investidura del actual gobierno en 2023, el Tribunal Constitucional (TC) aborda los recursos contra la interpretación del Tribunal Supremo (TS). Esta interpretación había impedido inicialmente la aplicación de la norma a varios líderes del independentismo, particularmente en relación con el delito de malversación.

La fase de implementación de la amnistía se desarrolla en una confluencia de ámbitos político y judicial. El Pleno del Tribunal Constitucional inició este miércoles el examen de la petición de amparo de Jordi Turull, secretario general de Junts y exconseller de Presidència. Se anticipa que la decisión en este caso sentará un precedente para otras solicitudes presentadas por exmiembros del Govern.

Este es el primer recurso específico contra la negativa del Supremo de amnistiar a los líderes del procés que llega al TC, después de que el tribunal de garantías haya respaldado la constitucionalidad general de la ley en 22 sentencias previas. La deliberación de estos recursos se produce tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en gran medida, avaló la ley de amnistía, contrariamente a las expectativas de algunos juzgados españoles que habían manifestado reservas sobre su aplicación.

No se espera una resolución del Tribunal Constitucional este mismo miércoles. El magistrado José María Macías, integrante del grupo conservador del tribunal y ponente del recurso de Turull, ha propuesto avalar la postura del Supremo de rechazar la amnistía. En 2024, Macías, mientras ejercía como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), había expresado críticas a la Ley en una entrevista publicada en OKDiario.

Se anticipa que la mayoría progresista del Constitucional rechace la ponencia de Macías y designe a un nuevo magistrado para elaborar una propuesta que respalde la aplicación de la ley de amnistía a los implicados en casos de malversación, al considerar que la interpretación del Tribunal Supremo no se ajusta a derecho. Una posible fecha para la aprobación de esta ponencia alternativa es el pleno del 6 de octubre. Esta fecha es de relevancia para el independentismo, ya que la determinación sobre el recurso de Turull señalará el curso para las demás impugnaciones. La expectativa es que la mayoría progresista del Constitucional estime las peticiones de los exconsellers, y que los magistrados conservadores formulen votos particulares.

Implicaciones Judiciales y Políticas

Las consecuencias de la decisión del Tribunal Constitucional son significativas. Un pronunciamiento que avale la amnistiabilidad del delito de malversación por el cual fueron procesados los líderes del procés abriría la vía para el retorno a España de Carles Puigdemont, quien reside en Bélgica desde 2017. También permitiría a Oriol Junqueras optar nuevamente a candidaturas en futuras elecciones catalanas, previstas para 2028.

Puigdemont y Junqueras son los únicos líderes independentistas de 2017 que mantienen la dirección de sus respectivas formaciones políticas. El posible regreso de Puigdemont es particularmente relevante para Junts, que lo considera un factor para incidir en las tendencias de voto que, según encuestas, se orientan hacia Aliança Catalana.

Aunque durante meses se había especulado sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo buscara vías alternativas para no aplicar la amnistía a pesar de una eventual decisión del Constitucional, indicadores recientes del Alto Tribunal sugieren una postura más ajustada a los procedimientos. Fuentes próximas a los magistrados del Supremo informaron a la prensa en la apertura del año judicial que el juez Pablo Llarena no aguardaría la resolución del recurso de amparo de Puigdemont, sino que actuaría tras la sentencia del Constitucional en el caso Turull, desbloqueando así la aplicación de la amnistía a los dirigentes independentistas que han recurrido.

Esto implicaría que, si el tribunal de garantías estima el recurso de Turull, el juez Llarena procedería de igual forma con el expresident, y la Sala de lo Penal con el resto de los exconsellers, sin necesidad de esperar sentencias individuales por cada caso. La semana pasada, el juez Llarena rechazó la petición de Puigdemont para aplicar la amnistía al delito de malversación, a la espera del pronunciamiento del Constitucional.

Esta variación en el enfoque del juez Llarena difiere de declaraciones previas. El año pasado, en una intervención pública en Granada, Llarena afirmó que los recursos de amparo de los líderes del procés ante el Constitucional presentaban “ningún recorrido”. El magistrado defendió que la interpretación específica del Supremo sobre la malversación, que por primera vez en el caso procés había generado división en el tribunal, se ajustaba “perfectamente al contenido semántico” de la Ley de Amnistía. Por consiguiente, añadió, no se daban las condiciones de seguridad jurídica ni previsibilidad para que el Constitucional corrigiera la decisión del Alto Tribunal, tal como solicitaban las defensas de los líderes del procés.

La Deliberación sobre el Delito de Malversación

El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre una de las argumentaciones más debatidas del Tribunal Supremo en los últimos tiempos. Aunque la sentencia de 2019 descartó que los dirigentes hubieran desviado fondos para beneficio personal directo, los jueces del Supremo rechazaron aplicar la amnistía al considerar que el delito de malversación cometido en el procés incluyó un “beneficio personal de carácter patrimonial” para Puigdemont y los exconsellers, derivado del ahorro de fondos públicos al financiar el referéndum con recursos estatales en lugar de propios.

Esta interpretación del Supremo sobre la malversación en el procés, considerada como un acto de enriquecimiento personal para obstaculizar la amnistía, presentó divergencias con su propia sentencia. En ella, el tribunal había constatado que los dirigentes “no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente”.

La argumentación del Supremo generó un debate significativo, provocando por primera vez una división en el seno del tribunal en el caso procés. La magistrada Ana Ferrer, quien firmó la sentencia que condenó a los exconsellers por sedición, malversación y desobediencia, expresó por escrito que “la única interpretación razonable” de la ley de amnistía era perdonar la malversación, no la “deducción artificiosa” de sus colegas. Además, otros jueces catalanes no siguieron la interpretación del Supremo y aplicaron la amnistía al delito de malversación.

Tras casi diez años de causa especial en el Tribunal Supremo y dos años de dificultades para la aplicación completa de la Ley por parte del Constitucional, las formaciones Junts y ERC han manifestado que solo asumirán la materialización de la amnistía una vez que las sentencias sean firmes.

“Queremos ver las sentencias”

Josep Rius, portavoz de Junts

Se anticipa que este otoño sea un periodo decisivo para la conclusión de la judicialización del procés.