Informe sobre la Situación Política y la Participación Juvenil en Bolivia

Bolivia ha experimentado una intensificación de su situación política, lo que ha generado un amplio debate en diversos sectores, incluidas las instituciones universitarias. La dinámica actual del país se enmarca en un contexto de discusiones sobre la despolitización, el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento y la configuración de la participación juvenil en el ámbito social y político.

Contexto de la Tensión Política en Bolivia

La nación boliviana ha atravesado un período de tensión política que ha afectado al gobierno del presidente Rodrigo Paz, con un reporte de más de 50 días de movilizaciones sociales que involucraron a segmentos obreros, campesinos y populares. Los eventos, que iniciaron en mayo y registraron un antecedente en enero, se originaron como respuesta a políticas económicas y a propuestas de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este proceso escaló, derivando en un movimiento que manifestó un cuestionamiento al modelo de ajuste económico y a las políticas de privatización.

En las semanas recientes, la situación se modificó cuando el presidente Paz decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional. Este decreto fue implementado en un contexto donde el gobierno no había logrado contener las movilizaciones mediante llamados al diálogo. La Central Obrera Boliviana (COB) estuvo involucrada en discusiones con el gobierno. La coyuntura actual se describe como un período de relativa pausa en las movilizaciones, aunque persisten los factores que dieron origen a la situación. Se observa una distancia entre el gobierno y una parte de su base social inicial, lo que señala un desafío en la representación.

Analistas señalan una posible influencia de actores externos en el escenario político boliviano. Se ha observado el respaldo de figuras políticas internacionales al gobierno de Paz. La designación de ministros como Ernesto Justiniano en Defensa, quien ha sido vinculado a la Dirección Nacional de Drogas de Estados Unidos (DEA) y fue exfuncionario durante la administración de Sánchez de Lozada, ha sido destacada. Estas conexiones han sido interpretadas por algunos como un indicativo de que Bolivia se integra en estrategias geopolíticas regionales. La comunicación oficial gubernamental ha utilizado términos como “narcoterroristas” para referirse a campesinos y trabajadores que participaban en bloqueos de rutas. Algunos observadores sugieren que este lenguaje se ha empleado en otros contextos continentales. Se ha planteado que el objetivo sería la explotación de recursos naturales, como el litio, y la implementación de un programa de ajuste económico bajo la dirección de entidades financieras internacionales.

Las movilizaciones populares incluyeron un período de paralización del país, con más de 90 puntos de bloqueo constantes, alcanzando picos de hasta 150 puntos en un mes. La resistencia se ha manifestado a través de acciones de autoorganización, como las llevadas a cabo por pobladores del Distrito 8 de El Alto (Senkata), quienes implementaron ollas comunes y asambleas. Otros grupos participantes fueron los campesinos de la federación Túpac Katari y comunidades de Pucarani y San Julián, así como mineros y trabajadores de diversas regiones. Se ha destacado la participación de mujeres de pollera en las barricadas, quienes han declarado su postura frente a la represión y han advertido sobre posibles acciones si se utilizan militares para contener las protestas. Incidentes en San Julián y Vinto reportaron la persistencia de la resistencia popular ante las fuerzas policiales y grupos organizados.

La respuesta estatal a las movilizaciones ha incluido acciones de control y seguridad. Se han reportado denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de una delegación que viajó a Bolivia para observar la situación y fue posteriormente deportada. El estado de excepción permite el despliegue de fuerzas armadas y busca regular las asambleas populares. Se han registrado personas heridas y detenidas, incluyendo a Violeta Tamayo, periodista, quien resultó herida en un brazo mientras cubría movilizaciones en La Paz el 10 de junio. Adicionalmente, se ha reportado el uso de grupos organizados como la Unión Juvenil Cruceñista, que algunos describen como elementos de apoyo al gobierno.

La dirección de la Central Obrera Boliviana (COB), representada por Mario Argollo, fue objeto de controversia por sus decisiones durante el conflicto. Mientras sectores movilizados demandaban una huelga general indefinida, la dirigencia de la COB fue señalada por su gestión del movimiento. La decisión de no convocar a una huelga minera fue interpretada por algunos como una acción que afectó la contundencia de las medidas de protesta. Aunque mineros, maestros urbanos y rurales y otros trabajadores participaron en bloqueos y movilizaciones, la no efectivización de una huelga general impidió la paralización de sectores clave de la economía. Después de varias semanas sin detener la producción minera, la dirigencia de la COB firmó un acuerdo de “pacificación” el viernes 19 de junio. Esta acción fue criticada por los sectores movilizados, quienes señalaron que permitió al gobierno decretar el estado de excepción y militarizar las carreteras, impactando a los grupos campesinos más activos. Sin embargo, hubo reportes de rechazo en cabildos, donde dirigentes que defendían el diálogo fueron desautorizados por sus bases, quienes mantuvieron la demanda de la renuncia del presidente Paz.

La situación en Bolivia se presenta como un reflejo de dinámicas regionales más amplias en América Latina, caracterizadas por el avance de corrientes políticas conservadoras y autoritarias. Las movilizaciones en Bolivia han sido interpretadas por algunos como una forma de confrontar estas tendencias mediante la acción directa y la autoorganización. La actual pausa en el conflicto, tras el acuerdo con la COB, podría ser utilizada por el gobierno para avanzar en sus planes. A pesar de la tregua, se considera que las causas subyacentes del conflicto persisten. El gobierno del presidente Paz es percibido como debilitado, y se señala la presencia de un espíritu de movilización en los comités de bloqueo, con referencias a eventos históricos de 1952 y 1971.

Participación Juvenil y Estudiantil en el Conflicto

Desde la organización "Armas de la Crítica", se realizaron entrevistas con Daniela y Amaru, miembros de la agrupación juvenil Combate Rojo (parte de la Liga Obrera Revolucionaria - Cuarta Internacional), para conocer su perspectiva sobre la implicación de los jóvenes y el movimiento estudiantil en los eventos en Bolivia.

Sobre la forma de participación juvenil en el país, manifestaron lo siguiente:

“Un fenómeno importante en Bolivia es que la juventud no interviene como tal en las diferentes peleas, sino que interviene más desde sus comunidades, desde sus juntas vecinales, desde sus organizaciones territoriales o campesinas. No se agrupa como un sujeto juvenil autónomo como en otros países, sino que su intervención está mediada por la comunidad campesina o por la organización barrial. Son pocos los espacios donde se movilizan como juventudes. Uno de esos serían las juventudes del trópico de Cochabamba, que son parte de las 6 federaciones del trópico. Por eso también los procesos son distintos: incluso dentro de la universidad hay dinámicas muy diferentes según el territorio del que provienen los estudiantes y sus formas de organización previa.”

Se resalta que desde 2019, el rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha manifestado una posición política específica, incluyendo apoyo a eventos políticos anteriores.

En relación con la intervención del movimiento estudiantil en las distintas fases del conflicto, señalaron:

“Hubo una participación importantísima de la juventud en la lucha por la abrogación de la Ley 1720 (abril-mayo 2026), que busca la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad y facilita la apropiación por parte de grandes sectores agroindustriales y bancarios. Esa ley además rompe lazos comunitarios, porque permite que la tierra, en lugar de volver a la comunidad en ciertos casos, pueda ser embargada por el banco.”

En este marco, la universidad se convirtió en un espacio de articulación. Añadieron:

“Desde Combate Rojo, junto a compañeras estudiantes de base, logramos juntar 600 firmas para una carta que exigía la apertura de la universidad para la marcha que venía desde los pueblos indígenas de tierras bajas. Dado que la universidad no daba respuesta y la marcha estaba próxima de llegar, los estudiantes nos movilizamos para conseguir su apertura. Durante varios días se garantizó alojamiento, espacios de organización y hasta alimentación mediante ollas comunes de distintas carreras, particularmente desde la Facultad de Ciencias Sociales. Fue un momento de fuerte articulación entre estudiantes y el movimiento indígena-campesino.”

Esta colaboración entre la comunidad universitaria y los movimientos campesinos frente a las políticas gubernamentales fue un componente significativo de las acciones impulsadas.

Con la escalada del conflicto, se observó un cambio en las demandas, pasando de la Ley 1720 a la solicitud de renuncia del gobierno. En este contexto, Combate Rojo, en colaboración con la Sociedad Científica de Investigadores en Sociología, organizó una asamblea estudiantil. Ante esto, se reportó una política de intimidación y seguimiento hacia los estudiantes por parte de grupos organizados, identificados como “resistencias juveniles”, tales como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), vinculada al Comité Cívico pro Santa Cruz, y la Resistencia Juvenil Kochala (RJK). A pesar de ello, los estudiantes llevaron a cabo una movilización que fue objeto de seguimiento por estos grupos, que habrían utilizado elementos para la contención. Posteriormente, se documentó acoso en redes sociales contra los participantes de las movilizaciones, con el fin de desincentivar la organización estudiantil. En ambientes universitarios, se habrían promovido discursos desfavorables hacia los sectores obreros y campesinos para limitar la adhesión estudiantil.

Los entrevistados comentaron sobre esta evolución:

“Después se produce un cambio importante en el conflicto: se pasa de una demanda como la Ley 1720 a una demanda mucho más amplia, que es la renuncia del gobierno. Ahí cambia también el sujeto del conflicto: ya no son principalmente los pueblos indígenas de tierras bajas, sino que entran con mucha fuerza sectores obreros, la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y también campesinos de tierras altas. Ese cambio genera una reconfiguración de la lucha, tanto en las formas como en la percepción de muchos estudiantes. Los métodos cambian también: de vigilias y ocupaciones en la universidad se pasa a bloqueos prolongados en las rutas, lo cual impacta en la clase media y genera reacciones distintas dentro del estudiantado. Eso contribuye en parte al retroceso.”

La polarización política que afecta a la juventud se manifestó en acciones de control y seguimiento:

“Se empieza a desarrollar una fuerte política de amedrentamiento. Desde redes sociales y grupos que se autodenominan resistencias comienzan a circular amenazas, se sacan imágenes de los estudiantes, se difunden rostros, direcciones, teléfonos y datos personales para generar persecución política. Incluso después de las movilizaciones, se sigue con esa lógica de hostigamiento, con el objetivo de frenar la organización estudiantil. A esto se suma que en algunos casos hubo enfrentamientos directos en movilizaciones, donde grupos organizados con palos y otros elementos atacaron las marchas. Todo esto configura un clima de fuerte presión y persecución.”

Estos fenómenos observados en la juventud están relacionados con la influencia de las dirigencias políticas estudiantiles universitarias. El régimen universitario fue caracterizado por acciones de control, incluyendo el uso de la policía boliviana para restringir el acceso al campus y limitar la realización de asambleas.

Daniela y Amaru analizaron esta situación:

“La intervención de las burocracias estudiantiles fue, en muchos casos, reaccionaria. Intentaron hacer procesos universitarios desde arriba, sacar pronunciamientos contra los estudiantes movilizados y desmarcarse completamente de cualquier tipo de organización. También apelaron al corporativismo estudiantil tratando de deslegitimar las movilizaciones, al plantear que no todas las organizaciones movilizadas eran exclusivamente universitarias, que los estudiantes no podían moverse como estudiantes sin la venia de las carreras, cuestionando a la sociedad científica de sociología por convocar a movilizarse por algo no estrictamente académico. También dijeron que las convocatorias no eran legítimas porque no provenían de dirigencias formales, y usaron ese argumento para justificar el amedrentamiento contra los estudiantes. En los hechos, no habilitaron ningún espacio de discusión ni de decisión colectiva, sino que bloquearon cualquier posibilidad de movilización desde las bases.

El balance del proceso es que lo importante es seguir fortaleciendo la movilización desde las bases. Si las bases estudiantiles no son quienes se movilizan, evidentemente las burocracias no se van a movilizar. Por eso es clave sostener esta dinámica asamblearia, donde las discusiones se den colectivamente y las decisiones no queden en manos de estructuras burocráticas o dirigencias que tienden a cerrar los espacios de participación. En este contexto, la experiencia muestra que el conflicto se vuelve mucho más arduo, no solo por el avance del ajuste sino también por el clima de derechización y el amedrentamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, hay una predisposición a sostener la lucha y a seguir avanzando en la organización estudiantil desde abajo.”

Se ha señalado que la burocracia universitaria y las autoridades han influido en la dinámica del movimiento estudiantil. En la situación boliviana, este fenómeno también se manifestó, según los entrevistados:

“Ya posteriormente, en cuanto comienzan los otros conflictos, en cuanto se llama al mitin, también se llaman a clases virtuales. Y no solamente cierran la universidad, sino que se llena la universidad de policías: iban a ser parte de los que ejercían violencia y a jugar un rol de represión dentro de los predios universitarios. Esto es parte de las cosas que la propia universidad va haciendo para garantizar que los estudiantes no se movilicen. Sin embargo, se realizaron posteriores asambleas, con un grupo menor al que inicialmente habíamos comenzado. Pero desde este grupo fuimos a algunas de las movilizaciones y también participamos del cabildo que se realizó en El Alto, del ampliado de la COB como estudiantes de base.”

Desafíos y Perspectivas de la Organización Estudiantil

Finalmente, se preguntó a los miembros de Combate Rojo sobre las reflexiones y desafíos futuros para su agrupación:

“Nos planteamos la necesidad de construir una universidad al servicio del pueblo, que no esté aislada de los conflictos sociales sino que se posicione claramente frente al ajuste y frente a las políticas del gobierno. Eso implica también disputar el sentido mismo de la universidad, que hoy está atravesada por una lógica de despolitización y de separación entre lo académico y lo político. Una tarea central hacia adelante es consolidar una organización estudiantil que pueda sostener esas banderas en el tiempo, no solo en momentos de estallido o de conflicto puntual, sino de manera permanente. En ese sentido, la experiencia reciente muestra tanto los límites como las posibilidades de la intervención estudiantil: por un lado, el peso de la represión, la burocratización y la derechización; pero por otro, la existencia de núcleos que logran sostener la organización incluso en condiciones adversas.”

Añadieron lo siguiente:

“También se vuelve fundamental enfrentar el rol de las burocracias estudiantiles, que han tendido a cerrar cualquier posibilidad de movilización, apelando al corporativismo o directamente alineándose con medidas represivas. Frente a eso, la construcción desde las bases aparece como la única forma efectiva de sostener una dinámica democrática dentro del movimiento estudiantil. En ese sentido, Combate Rojo aparece como una de las pocas organizaciones estudiantiles que ha logrado mantener una intervención sostenida, articulando posiciones políticas claras contra el ajuste, ahora contra el estado de excepción y defendiendo la necesidad de la movilización. El desafío hacia adelante es profundizar esa construcción, ampliarla y consolidarla como referencia dentro del movimiento estudiantil.”

La juventud boliviana presenta una diversidad de orientaciones políticas, reflejando las complejidades de la situación nacional. En este contexto, las universidades públicas emergen como escenarios donde estas tensiones se manifiestan. Se observa una tendencia hacia la despolitización en algunos segmentos estudiantiles, influenciada por factores como la precariedad económica y la promoción de discursos conservadores, junto con la actuación de las estructuras universitarias. Paralelamente, surge un sector juvenil que busca una participación activa en los conflictos sociales y propone una visión política desde una perspectiva de izquierda.

Este patrón de polarización juvenil no es exclusivo de Bolivia, sino que se alinea con dinámicas observadas internacionalmente. Las condiciones de precariedad laboral, la incertidumbre económica, los desafíos en la educación pública y la crisis de representación política posicionan a la generación más joven como un grupo particularmente receptivo a las preocupaciones sociales contemporáneas. La insatisfacción con las instituciones tradicionales y con iniciativas que no han logrado mejorar las condiciones materiales, crea un espacio de divergencia política: mientras una parte de la juventud se inclina hacia expresiones de nuevas corrientes políticas, otra se orienta hacia la acción colectiva y la movilización para abordar las políticas gubernamentales y los ajustes.

En el caso boliviano, un segmento de la juventud ha mostrado una postura conservadora o menos activa. En este marco, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) ha desarrollado acciones con una orientación política de derecha. Esto subraya la relevancia de impulsar la construcción de una juventud con principios antirracistas, vinculada a los movimientos obreros y campesinos, con el fin de confrontar a estos grupos.

Además, la participación de otra parte de la juventud no se estructura principalmente en torno a una identidad generacional, sino que se articula a través de estructuras territoriales, comunidades indígenas y campesinas, juntas vecinales y, en menor grado, espacios universitarios. Sin embargo, la experiencia indica que la universidad mantiene su relevancia como espacio de discusión política. La implicación estudiantil en la oposición a la Ley 1720 y, posteriormente, en el apoyo a movilizaciones y bloqueos, demuestra que, a pesar de la intimidación, la estigmatización de la protesta y el crecimiento de corrientes conservadoras, persisten grupos juveniles dispuestos a la participación política y a la creación de organizaciones de base.

Las reflexiones de los miembros de Combate Rojo resuenan con problemáticas observadas en universidades de otras naciones, como Argentina, aunque en Bolivia las tensiones sociales pueden acentuar estas contradicciones. Las distintas estructuras y autoridades universitarias buscan promover ambientes de despolitización y una mayor integración al sistema, limitando la conexión entre la academia y las luchas sociales. La experiencia compartida subraya la importancia de desarrollar organizaciones estudiantiles que rompan esta dinámica, conectando la universidad con la realidad social y desafiando la desconexión que se pretende establecer para mantener la estabilidad del sistema.

El movimiento estudiantil y las instituciones universitarias gozan de una significativa consideración social como centros de producción de conocimiento e ideología. En un contexto de crisis regionales en América Latina, el movimiento estudiantil ha mostrado capacidad de respuesta. Se han registrado eventos como la ocupación de facultades en Perú; la ocupación del rectorado de la USP en Brasil con asambleas y movilizaciones masivas, la movilización en Argentina en defensa de la universidad pública, y las manifestaciones estudiantiles en Chile contra políticas específicas. En Bolivia, aunque los campesinos han liderado la vanguardia, el movimiento estudiantil comienza a activar su potencial. El desafío consiste en potenciar estas posibilidades, integrando las experiencias de lucha estudiantil con las de trabajadores, campesinos y clases medias, para confrontar las políticas gubernamentales y la influencia externa. Se anticipa que este no será el último desafío para la población boliviana en su lucha, y se plantea la necesidad de una preparación consolidada que sirva de referente para la unidad en el movimiento estudiantil.

Mientras que actores dominantes, incluyendo gobiernos de diversas orientaciones políticas, han ofrecido apoyo al gobierno de Paz en Bolivia (mediante financiamiento, equipamiento o declaraciones), desde otra perspectiva, se propone la construcción de una juventud internacionalista que se solidarice con los pueblos oprimidos y colabore con la clase trabajadora frente a las influencias externas y sus aliados.