Análisis de las Condiciones Laborales y Operativas de los Bomberos Forestales en España

El sector de bomberos forestales en España enfrenta un conjunto de desafíos laborales y operativos, que incluyen la presencia de contratos temporales, salarios diferenciados entre regiones y plantillas con dotaciones inferiores. Esta situación se observa en un contexto de incendios forestales de gran magnitud registrados en 2026, con afectaciones en varias comunidades autónomas como Madrid, Ávila, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Andalucía. Los sindicatos vinculan estas condiciones al cumplimiento de la ley estatal del sector aprobada en noviembre de 2024.

Las advertencias sobre las condiciones operativas se emitieron ya el 23 de junio, previo a la declaración de algunos de los incendios de mayor extensión en el país. Representantes del sector señalaron la preparación insuficiente en ciertas comunidades para afrontar la temporada de fuegos, a pesar de que las condiciones meteorológicas propicias para la propagación de incendios persisten. Esta problemática, caracterizada por la disparidad entre las autonomías en la configuración de sus cuerpos de bomberos forestales, ha sido una constante en los últimos años, con los trabajadores reportando limitaciones en recursos, plantillas y la prioridad asignada a las tareas de prevención.

Tras el verano de 2025, un periodo caracterizado por incendios extensos y de rápida propagación, se esperaba una mayor inversión en preparación durante el invierno. Sin embargo, según declaraciones de CCOO, esta preparación no se materializó. Carlos Martín, bombero forestal de una unidad BRIF dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que opera en los incendios de Madrid y Ávila, subrayó la importancia de la anticipación y la previsión para una gestión eficaz de las emergencias. A diferencia de las unidades BRIF, que son permanentes, gran parte del personal de las comunidades autónomas posee contratos de duración limitada.

Rubén Pinel, de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, explicó que en octubre muchos bomberos concluyen sus contratos, a pesar de la necesidad de mantener personal permanente para labores de mantenimiento, quemas controladas y gestión forestal durante todo el año. El sindicato CSIF ha cuantificado que más de 4.000 bomberos fueron desvinculados en octubre, lo que implica una reducción en la capacidad operativa. El salario medio de estos trabajadores se sitúa, según CSIF, en aproximadamente 1.400 euros mensuales netos.

Esta dinámica genera que los dispositivos de lucha contra el fuego a menudo enfrenten los incendios sin el personal necesario o sin el número previsto de contrataciones, y con una implementación limitada de tareas de formación o sensibilización para la población. CCOO ha indicado que, a finales de junio, el operativo de Castilla y León, la comunidad con la mayor superficie forestal de España, no había alcanzado su plena capacidad de preparación. El sindicato ha destacado las condiciones laborales de carácter temporal y la falta de estabilidad en las contrataciones, las cuales, en parte, continúan siendo gestionadas por empresas privadas, a pesar de una promesa de la Junta de incorporar a todo el personal al sector público.

Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical de CSIF, informó que una de las acciones implementadas tras los incendios del año anterior fue la conversión de una parte del personal público a contratos fijos anuales, mientras que los trabajadores de empresas privadas continúan con contratos de cuatro meses y salarios de 1.200 euros. En la Comunidad de Madrid, los bomberos han manifestado su insatisfacción con las condiciones laborales. La región, que ha experimentado un incendio de grandes dimensiones en su historia reciente, opera con un dispositivo reorganizado que ha resultado en una reducción de personal. Julio Chana, bombero forestal de CGT, reportó que se ha pasado de siete efectivos a cinco en cada dotación.

En abril, los trabajadores ya habían advertido sobre la falta de prevención en los bosques madrileños, lo cual es relevante dada la presencia de urbanizaciones y núcleos de población adyacentes a masas forestales. Esta interfaz urbano-forestal, sin la adecuada planificación y discontinuidades, facilita que un incendio alcance las viviendas rápidamente. Como resultado, 50.000 personas en Madrid han sido objeto de evacuación o confinamiento durante los incendios recientes.

Condiciones Laborales y Desafíos en la Gestión de Personal

En Castilla-La Mancha, los bomberos forestales de la empresa pública Geacam han denunciado la escasez de personal y el incumplimiento de un convenio colectivo cuya vigencia expiró en diciembre de 2024. Manuel Amores, delegado sindical de CCOO, señaló que las bolsas de trabajo en las cinco provincias están agotadas, impidiendo la cobertura de bajas. El dispositivo completo solo se mantiene activo 95 días, a pesar de la demanda de extender la campaña hasta el 30 de septiembre. Amores destacó que los compañeros vigilantes se desactivan el 8 de septiembre y los retenes el 18 de septiembre, en lo que considera una época de alta incidencia de incendios.

Estamos agotados. A trabajar 12 horas por 1.300 euros y estar disponibles los 30 días del mes lo llamaríamos esclavitud. Es nuestro trabajo, nuestra prioridad es apagar los incendios, no es cuestión de hacer movilizaciones ahora, pero tendremos tiempo de reunirnos en octubre, que es cuando baja el tema de los incendios.

Las prolongadas jornadas de trabajo constituyen otra preocupación común. Según CCOO, es habitual que se realicen jornadas superiores a las 14 horas, pudiendo extenderse hasta las 22 horas de forma ininterrumpida. El sindicato ha indicado que el Ministerio de Trabajo no ha aprobado el reglamento necesario, previsto en el estatuto del bombero, para regular las jornadas en condiciones extremas y reconocer las enfermedades profesionales, instando al Ministerio a cumplir con sus obligaciones.

En la Comunitat Valenciana, la aprobación del tercer turno el año pasado fue una medida recibida positivamente, buscando reforzar los operativos y reducir la carga de trabajo en emergencias prolongadas. No obstante, se ha reportado que la estructura de la empresa pública SGISE está retrasando la incorporación de nuevos efectivos y mantiene decenas de puestos de mando vacantes. El comité de empresa ha informado de un déficit de personal que alcanzó el 40% durante el invierno y se sitúa en un 15% en verano, lo que ha requerido el apoyo de bomberos voluntarios fuera de turno para incendios como el de la Vall d'Uixó de Castellón.

A la escasez de efectivos se suma, según Miquel Férriz, jefe de unidad en Castellón y delegado de la CGT, una flota de vehículos con antigüedad operativa y una escasez de medios materiales. Férriz señaló que algunos camiones presentan fallos durante las operaciones y que ciertos helicópteros operan con dos bomberos en lugar de los seis que considera necesarios. Aunque algunas comunidades han incrementado sus presupuestos para prevención y extinción de incendios, en la Comunitat Valenciana se ha observado una reducción del 10% en el presupuesto, implementada por el gobierno de PP y Vox, en plena temporada de incendios.

Desafíos en la Coordinación y Variaciones Regionales

Las demandas laborales también se replican en Andalucía. El incendio que causó la pérdida de 14 vidas en Almería a principios de julio se produjo mientras la Junta operaba con retenes de bomberos con dotaciones incompletas, según denuncias. En contraste, Cataluña ha experimentado un incremento en el número de efectivos del cuerpo de bomberos, con presupuestos, plantillas y medios de extinción en aumento anual. Los efectivos catalanes perciben uno de los salarios más altos del sector en España, alcanzando los 40.000 euros anuales. A pesar de ello, persisten señalamientos sobre materiales de protección con características de diseño previas y la dependencia de horas extraordinarias para la operatividad del sistema.

Nosotros somos tres y cuando nos llaman aparecemos en el fuego y hacemos lo que nos parece adecuado según las circunstancias, si la cosa se complica y el número de hectáreas aumenta, ya aparecen los ingenieros, los políticos, los periodistas y bomberos de otras brigadas sin que esté claro quién coordina ni cuál es la estrategia.

En Galicia, aunque la situación es diferente en el tono, los equipos operan bajo alta presión y persisten las críticas a la política forestal, así como señalamientos sobre la falta de previsión por parte de la Xunta. En esta comunidad, la descoordinación ha sido identificada por los trabajadores como un aspecto de dificultad principal. Esta problemática se agudiza por la diversidad de cuerpos que intervienen en las emergencias: personal dependiente de la Xunta (funcionarios y fijos-discontinuos con contratos de ocho meses este año), brigadas municipales (cuya formación y capacitación profesional han sido objeto de análisis) y personal de las BRIF (dependientes del Estado). En algunos incendios recientes, como los de Madrid y Ávila, con mando centralizado por el Gobierno, ha participado también la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El bombero Manuel Fernández, del Consorcio de Ourense, describió la situación en su comunidad, enfatizando la falta de claridad en la coordinación y la estrategia operativa cuando los incendios adquieren mayores dimensiones.